Madrid
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya intentó en los albores de la pandemia del coronavirus emular al dictador venezolano Nicolás Maduro. En un tuit y desde su asiento en el Consejo de ministros invocó el cumplimiento del artículo 128 de la Constitución, que señala que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" para intentar controlar empresas estratégicas.
Ahora es su heredera, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien quiere llevarla a cabo. Ha pedido a Pedro Sánchez el Ministerio de Industria, con la SEPI incluida, con la intención de engordar el emporio público como quería su mentor.
Díaz tendría así en sus manos, no sólo sociedades como Redeia ó Enagás ó RTVE, además podría hacerse con el control de Telefónica, en la que la SEPI tiene intención de hacerse con el 5%. "Industria es posible, pero la SEPI no. Esto lo ha pedido en varias ocasiones y nunca se le concedió", señala una fuente próxima al Gobierno.
El de Yolanda no es el primero ni será el último movimiento intervencionista de la coalición de Gobierno. Junts puso sobre la mesa durante la negociación de investidura una modificación del artículo 9.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2010. Según el texto al que tuvo acceso elEconomista, "el domicilio de las sociedades de capital deberá establecerse en la comunidad autónoma donde se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en el que radique su principal establecimiento de explotación."
Asimismo, propuso una disposición adicional al texto refundido de la Ley para que las sociedades "que se quedaron en Cataluña ó deseen volver se beneficien de incentivos fiscales". La osadía es tal que añadían que "los Presupuestos Generales del Estado recogerán medidas concretas en beneficio de éstas sociedades".
Por último, amenazan a las que se nieguen a volver con "la apertura de un expediente por parte del órgano de control ó regulador (CNMC ó Banco de España), que puede comportar una sanción de las tipificadas como más graves en la correspondiente normativa reguladora".
A buen entendedor, pocas palabras. El principal objetivo de esta normativa, que afortunadamente se quedó en el tintero, es la Fundación La Caixa, que agrupa al mayor hólding industrial y financiero, al que pertenecen CaixaBank y Naturgy.
Pero ésto no es lo peor, porque otra iniciativa más grave apuntaba a una modificación de la Ley de Fundaciones de las Cajas de Ahorro para que la tutela de la Fundación presidida por Isidro Fainé pasara del Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, al Gobierno de la Generalitat al igual que ocurre con las cajas vascas. Hasta ahora se había mantenido en Madrid porque el ámbito territorial de CaixaBank es toda España a diferencia de Kutxabank
Este movimiento daría a los independentistas el poder de supervisión del patronato de la Fundación y con el paso del tiempo la oportunidad de colocar a sus hombres afines para regir sus destinos. Afortunadamente, por el momento, todo queda en un mal trago, que no se llevará a cabo, aunque el futuro no está escrito y siempre es incierto.
Después de conocer estas dos maniobras fallidas y los acuerdos firmados por Sánchez con Díaz, Aragonés y Puigdemont comprenderán que el sentimiento que predomina en el mundo empresarial es de miedo e incertidumbre a las actuaciones del Gobierno.
Las grandes patronales españolas, desde la CEOE al Instituto de la Empresa Familiar ó el Círculo de Empresarios emitieron esta semana duros comunicados de rechazo a las medidas económicas y políticas anunciadas.
La CEOE abrió el baile el lunes con un texto en el que, sin mencionarlo, reprocha el plan para castigar fiscalmente a las empresas que se nieguen a volver a Cataluña. Garamendi defiende "el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad" y, en todo caso, insiste en que "la mejor forma de atraer inversión y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad y seguridad jurídica".
Asimismo, advierte que "se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo".
Pese a la contundencia de la patronal, el enfado es tal, que la gran mayoría de los empresarios reunidos este jueves en defensa del Corredor Mediterráneo reclamaba "una condena aún más severa por parte de la CEOE, dada la extrema gravedad de las circunstancias" y sospechaba de la existencia de presión por parte de grandes empresas, pertenecientes a sectores regulados, que habría pedido moderación a Garamendi.
Le reprochan, sobre todo, que se quedara corto en rechazar la jornada de 37,5 horas semanales saltándose la negociación colectiva y que no se mencionara la palabra amnistía. En este caso, apuntan a los empresarios catalanes, ya que el Circle de Economía presidido por Jaime Guardiola se pronunció a favor de éste sin ni siquiera consultar a sus miembros.
Garamendi y su entorno se defienden. Aseguran que el comunicado aprobado por el comité ejecutivo fue el mismo que había redactado el presidente de su puño y letra con anterioridad y, por tanto, niegan presiones externas. Alegan que la necesidad de compendio en un texto corto impidió extenderse en asuntos como la jornada laboral. "Hubiéramos necesitado 60 folios para expresar todo lo que pensamos".
Sánchez Llibre pidió a Garamendi no mencionar la amnistía y separar política y economía
El presidente de Foment del Treball, Sánchez-Llibre, telefoneó a Garamendi antes del comité extraordinario para manifestarle su opinión, de que había que separar la política de la economía y que sería mejor no mencionar la palabra amnistía y centrarse en el grave perjuicio para los empresarios.
Foment se encuentra en una encrucijada por las diferentes circunstancias y la necesaria cautela de sus asociados, las grandes empresas catalanas con intereses en toda España, como el holding de La Caixa, por lo que ha optado por la prudencia y por no pronunciarse oficialmente en asuntos políticos.
Garamendi, que ahora mantiene una excelente relación con Sánchez-Llibre tras las tensiones por su reelección, probablemente buscó una fórmula de consenso. Pero alega: "Nadie podrá dudar de que estoy contra la amnistía, aunque no se cite expresamente, hay suficientes referencias contra ésta situación".
El comunicado denuncia el "grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica" y destaca que los acuerdos "afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, que es piedra angular de nuestra Constitución desde 1978".
Junts propuso un cambio legal para penalizar a las empresas que no vuelvan a Cataluña
El asunto es que todo el mundo está muy preocupado por la persecución a los empresarios y por la crispación política, que divide a la sociedad y ahuyenta las inversiones. El Gobierno y Junts están haciendo llegar a las grandes empresas el mensaje de que no tomarán medidas adicionales a las ya anunciadas en materias de impuestos y laborales. Eso está conteniendo al Ibex, que no se ha atrevido a amenazar con la deslocalización de sedes empresariales, como hicieron en su día Botín ó Sánchez Galán. Pero la desconfianza es grande.
Se teme un frenazo a las inversiones tanto internas como externas por la falta de seguridad jurídica como señaló el presidente de Mercadona, Juan Roig y antes el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
La inversión extranjera se ha desplomado en el último semestre mientras que la de bienes de equipo, cae el 2%.
La economía se sustenta en la vitalidad del turismo y del consumo público, que avanza a tasas del 12 por ciento. La gran patronal concluye su comunicado advirtiendo que "se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE y que no admite demora si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado".
Para colmo de males, pese a la inconstitucionalidad de la amnistía, las posibilidades de que sea paralizada por un juzgado español es ínfima. Una vez más, nos encomendamos a la Justicia europea, donde el Gobierno de Sánchez se mueve como pez en el agua, y además es muy lenta. La incertidumbre es la peor receta para la economía.
