La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sorprendió esta semana al señalar a la subida de los precios del aceite de oliva como "la principal preocupación de las familias" en estos momentos. Las declaraciones no sentaron bien en el sector olivarero, que sufre las consecuencias de un tsunami causado por el descenso de la cosecha alrededor del cincuenta por ciento en la pasada campaña y en la actual.
"Ahora va a resultar que el problema de los precios lo tenemos nosotros", señala con sorna el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien se lamenta de la grave situación del sector tanto por la caída de las exportaciones en más de un tercio como de la demanda interna, en cerca al 50 por ciento.
Calviño llamó a "arrimar el hombro" tanto a productores como a intermediarios después de un incremento de los precios superior al 40 por ciento en tasa interanual. Barato lo ve difícil porque, aunque se prevé una leve recaída de aquí a final de año coincidiendo con la campaña de recogida de la aceituna, "los precios se mantendrán en los niveles actuales a medio" porque los costes de producción. "Los combustibles y los fertilizantes se mantienen ó incluso manifiestan una tendencia al alza, así es imposible reducir los precios", manifiesta.
Las declaraciones de Calviño, aunque exageradas e injustas con los productores de aceituna, manifestaban la preocupación de la vicepresidenta por un factor clave, los precios al consumo, que en España crecen menos que en el resto de Europa desde finales del año pasado, pero en los últimos meses han reemprendido la senda alcista.
Un repunte que confirma el Banco de España en el informe de coyuntura trimestral presentado esta semana, aunque para sorpresa de la vicepresidenta, no responsabiliza de ello a los alimentos, sino a la energía.
"En un contexto en el que la inflación de los alimentos y de los bienes industriales no energéticos han continuado su desaceleración, el aumento general de la inflación en los meses de julio y agosto en comparación con la primavera, refleja principalmente el aumento de los precios de combustibles y carburantes", señala con contundencia la institución, sin hacer mención ni al aceite ni a los alimentos.
El Banco de España vaticina que las alzas de los precios proseguirán hasta mediados de 2024 debido a los carburantes, como ya se dijo, y a "la expiración de las medidas públicas desplegadas para mitigar las consecuencias de la crisis energética". Es decir, que uno de los responsables de este repunte es la propia Calviño. Un clavo siempre saca otro clavo.
El Gobierno hace bien en suprimir estos incentivos, que rebajaban el IVA de la luz y del gas, en cumplimiento de las recomendaciones de una gran mayoría de las instituciones, desde la Autoridad de Responsabilidad Civil (AIReF) hasta el BCE ó la Comisión.
Los ciudadanos y las empresas vamos a notarlo en nuestros bolsillos, ya que su retirada se produce en el peor momento, cuando los precios de los carburantes vuelven a estar muy por encima del comienzo de la guerra de Ucrania y este invierno pueden acercarse a los picos que vivimos el año pasado.
Unos de los mas afectados serán los transportistas, que aún conservaban una parte del descuento de los 20 céntimos aplicado durante la pandemia.
Son los productos energéticos (luz, gas y petróleo) los nos darán el susto este invierno y no los alimentos. En este sentido, la institución que preside Pablo Hernández de Cos vaticina que la inflación aumentará ocho décimas el año que viene, hasta el 4,3 por ciento, y no se situará por debajo del 2 por ciento hasta 2025. Conclusión: seguiremos otro año con inflaciones elevadas.
En nuestro país, hay un elemento de resistencia adicional. La tasa subyacente, que mide la evolución de los precios sin energía y alimentos frescos, se mantiene en el 6 por ciento, por encima de la media europea.
El motivo es que el coste de los servicios, como el de hoteles y restaurantes, en un país tan turístico como el nuestro está disparado. El sector turístico está, además, entre los que los salarios han mejorado más porque parten de una base muy baja.
Pero aquí no acaban las malas noticias para el segundo semestre. Todos los organismos internacionales coinciden en un deterioro paulatino de la economía, que comenzó a manifestarse ya en el segundo trimestre, antes del verano, con excepción de tres grandes economías, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido.
La debilidad, según constata el Banco de España, se centra en Europa continental con crecimientos raquíticos próximos a cero y en China, que puede darnos un susto cualquier día. La economía europeo podría haber crecido el 0 por ciento en el tercer trimestre y en el año se espera sólo el 0,7%.
En España, por el menor impacto de la actividad manufacturera frente al turismo o el sector servicios en general, la actividad se resentirá menos, el PIB se desacelerará sólo en medio punto hasta el 1,8% previsto para el próximo año.
Es precisamente la resistencia a la baja de esta tasa subyacente lo que ha provocado diez subidas consecutivas de los tipos de interés en Europa, hasta el 4,5 por ciento. Christine Lagarde dio a entender el pasado 14 de septiembre que ya habían tocado techo, pero su efecto se sentirá durante los próximos doce meses. Por eso, muchos economistas auguran un empeoramiento de la economía por lo menos hasta el verano que viene, cuando los tipos de interés deberían a comenzar a descender de nuevo.
Los que anuncian una apocalipsis deberán esperar, como le gusta señalar a Sánchez. Lo que sí viene es un tsunami impositivo. No sólo por la supresión de las rebajas del IVA al gas ó a la luz. El Gobierno negocia en Bruselas las condiciones para recibir préstamos por 84.000 millones en la adenda al Plan de Recuperación. Entre estos requisitos para enderezar las finanzas públicas se encontraría la subida de la carga impositiva al diesel, la introducción de tributos verdes ó la supresión de la tributación conjunta en el IRPF.
El anuncio electoral de Sánchez de no aplicar peajes a las autopistas, como estaba planeado no nos saldrá gratis. El Ministerio de Transporte dedica al año en mantenimiento de carreteras 1.300 millones, que saldrán del Presupuesto, al que contribuimos todos.
Como señalan tanto la AIReF como el Banco de España, el problema más grave está en el incremento desmesurado del gasto público en parte por las pensiones y también por las autonomías. Europa debate la fecha para volver a poner objetivos de déficit y un techo a la deuda. La supresión de las medidas anticrisis no son suficientes para reducir el déficit al 3 por ciento en 2024. Descartados los recortes, la única vía es aumentar los ingresos fiscales. En resumen, no sólo seguirá subiendo el coste de la vida, además tendremos que pagar muchos más impuestos.
PD.-En medios empresariales sorprendió la rotundidad con la que Garamendi manifestó tras entrevistarse con Feijóo que la gran patronal de los empresarios españoles se opone a la amnistía que negocia Sánchez. Quizá lo hizo para dejar clara su posición después de la confusión que generaron sus declaraciones anteriores sobre los indultos. Probablemente intentó desmarcarse de Sánchez, después de que acudiera a la sede de la CEOE para celebrar uno de los actos de presidencia europea acompañado de cinco ministros y ni siquiera dedicara unas palabras a repasar la economía.
Las palabras del presidente de la patronal son un reflejó de la honda preocupación y el rechazo tajante existente entre los empresarios a la amnistía de los procesados por el 1-0, encabezados por Puigdemont. Pero sobre todo a que éste acto sea el precedente de otro referéndum ilegal para cambiar la estructura territorial de España y abra la puerta a la negociación de un régimen específico para Cataluña al estilo del País Vasco, que sangre las arcas públicas.
La petición de Puigdemont de 450.000 millones para saldar los déficit fiscales con los catalanes es inaceptable, al igual que la condonación de los más de 70.000 millones de su deuda pública, que pagamos todos los españoles desde hace años.
Las concesiones de Sánchez para conseguir cuatro diputados pueden traer graves consecuencias económicas y políticas. Desde luego, mucho peores que las ocasionadas por la inflación o por la subida de los tipos de interés.
