Tantas veces avisando que viene el lobo, que viene el lobo, que el rebaño se había confiado. Y el lobo ya está aquí. El Gobierno está dispuesto a meter las cuentas públicas en vereda, pero no lo hará con un ajuste del gasto como sería los esperado, sino mediante un aumento de ingresos fiscales, a costa de las grandes empresas y de los ricos. Este es el mensaje que se trasluce del programa de PSOE y Podemos para la legislatura, presentado esta semana al alimón por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con la complicidad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asentía de forma complaciente desde la primera fila.
Los españoles tenemos la memoria corta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) emitió en abril un informe no solicitado según su mandato, en el que advertía que en ausencia de un plan de ajuste, la inercia de las cuentas públicas y el gasto en materia de pensiones, sanidad o dependencia provocaría que el déficit no bajara del 3% de aquí a 2070, es decir, en cinco décadas. La AIReF recomendaba un ajuste de 0,43 puntos del PIB (unos 6.000 millones anuales) para conseguir que la deuda baje del cien por cien del PIB a finales de la próxima década.
A corto plazo, las previsiones apuntan a que el déficit público se quedaría en el 3,2% en 2025, por encima del objetivo de Bruselas, siempre y cuando se retiren las medidas extraordinarias para combatir la crisis energética, cosa que el Gobierno ya ha anunciado. Pero aún con el repliegue de estas medidas, que ahorrarán unos 5.000 millones, nuestro país necesita más ingresos para financiar el ritmo de gastos.
Montero se inventa un método de cálculo para reducir la tributación de las grandes empresas
El déficit debería reducirse en nueve décimas (del 3,9 al 3%) en 2024, más de diez mil millones, en un contexto económico complicado, con un crecimiento a la baja. Eso contando con que se cumplamos el objetivo fijado para este año, en que la caída del IVA está provocando una desviación de los ingresos, pese que a los impuestos extraordinarios a energéticas y bancos recaudarán 3.000 millones, según anunció la ministra de Hacienda. Comprenderán que por mucho que se rasguen las vestiduras (y con razón) las vestiduras los empresarios ó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, es imposible que Montero retroceda.
El Banco de España es aún más negativo. En su última actualización de previsiones apunta a que el déficit público será del 4,1% este año y de 3,7% el que viene, dos y siete décimas más respectivamente de lo previsto por el Ejecutivo.
Por último, el panel de Funcas, que recoge el consenso de analistas, se mueve en unas estimaciones similares. Prevé un déficit del 4,2% para este año y del 3,7% para el que viene.
Además, el programa de Sánchez y Díaz recoge una extensión del gasto social con la gratuidad de las guarderías de cero a tres años ó la ampliación de las bajas por maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, junto a las cosas que se les ocurra por el camino. Así y aunque el texto no lo menciona, la reforma de la financiación autonómica para satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes se perfila como otra vía de gasto imprevisto.
Ningún organismo internacional o nacional confía en que las previsiones de déficit para 2024
Unas horas después de Sánchez y Díaz, la OCDE presentó en Madrid su informe sobre España, que es una enmienda a la totalidad de estas políticas impositivas discriminatorias. El organismo internacional con sede en París avisa de que "los tipos marginales del IRPF suben rápidamente incluso desde niveles modestos de ingresos, desincentivando la oferta de mano de obra".
Sus previsiones son inquietantes, ya que sitúa el déficit público en el 3,5% en 2024, mientras que la deuda retomará la carrera alcista a partir del próximo año. Asimismo, critica la reforma de pensiones del ministro Escrivá porque "incrementará de forma relevante los desequilibrios de la Seguridad Social hasta 2040".
Los expertos de la OCDE recomiendan una fórmula alternativa consistente en incrementar el IVA y los impuestos verdes ó al tabaco y al alcohol, que siguen por debajo de la media europea. El objetivo sería el mismo que el del Gobierno, lograr 11.000 millones adicionales en ingresos fiscales, pero "reduciendo el largo inventario de bienes y servicios que tributan a tipos reducidos y superreducidos de IVA" (unos 5.000 millones al año) ó situar los gravámenes al alcohol o al tabaco al mismo nivel que Europa (unos 1.300 millones anuales).
El Gobierno mira para otro lado ante las recetas de la OCDE porque el ajuste del IVA afectaría a todos los segmentos de la población, especialmente a las clases modestas, mientras que su interés es sacudir a los ricos y las grandes empresas, pese a que son los que crean empleo y riqueza.
Para ello, se dispone a retorcer la legislación, menoscabando y recentralizando las competencias fiscales de las autonomías, como ha hecho con las grandes fortunas; perpetuará los impuestos extraordinarios a bancos y energéticas e incrementará hasta el 30% el tipo medio de Sociedades para las 5.000 mayores empresas, las que tiran de la actividad económica.
Para justificar el golpe fiscal a las grandes empresas, la ministra de Hacienda se sacó de la manga una nuevo método de cálculo. Casualmente, la Agencia Tributaria publicó las Cuentas Consolidadas del Impuesto de Sociedades al día siguiente de la presentación del programa legislativo y en plena campaña de los resultados bancarios, que recogen importantes subidas de beneficio por los tipos de interés. El informe reduce a sólo el 2,3% la tributación de los bancos al calcularlo sobre el resultado contable, en lugar de sobre la base imponible, como debe hacerse, lo que elevaría ese porcentaje hasta el 18%.
En los grupos consolidados no financieros, el tipo efectivo sobre el resultado contable se reduciría al 6% frente al 19% obtenido con la base imponible. La diferencia se produce porque la fórmula de Hacienda elimina la doble tributación por dividendo de las filiales en el extranjero, así como las deducciones por las pérdidas patrimoniales de ejercicios anteriores, que en el caso del sector bancario son muy abultados a causa de la absorción de las extinguidas cajas de ahorro. Una medida inconstitucional que frenaría la inversión en el exterior de las multinacionales españolas y representa un atraco fiscal en toda regla.
Pero aquí no terminan los despropósitos, porque Díaz impuso una reducción de la jornada de media hora diaria durante en los dos próximos años, hasta las 37,5 horas semanales, que junto al aumento de las cotizaciones sociales encarecerían alrededor del 9% los costes laborales. Un incremento inasumible, que se suma a la inflación salarial soportada por las empresas. "Crear empleo o ampliar los negocios, se va a convertir en una tarea imposible en este país", claman los empresarios.
La patronal CEOE denuncia, además, que la medida no tuvo en cuenta los convenios firmados en cada sector y se salta la negociación colectiva, algo a los que ya nos tiene acostumbrados la vicepresidenta segunda.
El recorte de la jornada laboral propiciaría un tajo mortal a la productividad, que lleva más de dos décadas estancada con tendencia a la baja y que es el factor esencial para medir el progreso de una economía.
Escrivá se llena la boca con los números récord de la población activa, pero lo cierto es que la mayoría de los nuevos empleos son precarios y ocupados por inmigrantes. España se situaría a lo cola de Europa en productividad, por detrás de Grecia, lo que repercutirá en el empleo, donde ya estamos en el furgón de cola de los países desarrollados miembros de la OCDE. Es a lo que nos condenan las reformas.
La coalición de Sánchez y Díaz ya se distinguió por sus ataques a los empresarios, sobre todo a los más destacados, como Amancio Ortega (Inditex) ó Juan Roig (Mercadona). Como el botín obtenido con el impuesto a las grandes fortunas es insuficiente, ahora se dispone a ampliar el cerco a las grandes empresas, sin reparar en que las debilita para competir en un entorno internacional cada vez más exigente.
La familia Del Pino debe de sentirse aliviada con su decisión de trasladar la sede de Ferrovial a Holanda, Imaz amaga con trasladar sus inversiones fuera de España, pese a ser la empresa que más impuestos paga en nuestro país, al igual que hizo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la pasada legislatura. Los banqueros Héctor Grisi, de Santander, y Gonzalo Gortázar, de Caixabank, también alertaron de los efectos negativos. España puede convertirse en infierno para sus empresarios.
