El pasado 12 de agosto, la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, órgano competente para la interpretación de las normas tributarias, publicó la contestación a la Consulta Vinculante V2265-21, cuyo contenido ha generado múltiples reacciones en el sector de las energías renovables.
Este mes la Comisión Europea ha presentado "Fit for 55", posiblemente el paquete reformista más ambicioso de la legislatura que, mediante la revisión o aprobación de hasta 13 Reglamentos y Directivas, supone una actualización integral de la legislación de la Unión Europea (UE) para alinearla con sus ambiciosos objetivos en política climática. Sin duda, estas reformas afectarán a la práctica totalidad de los sectores económicos, obligando a las empresas a realizar cambios significativos en sus operaciones y a impulsar planes de transformación sostenible.
Nos encontramos en un momento crítico para la configuración del sistema de imposición medioambiental en España. El Gobierno ha manifestado su intención de incrementar el gasto social y sabe que en el diferencial de presión fiscal en materia ambiental que tenemos con la media de la UE podría recaudar más de 7.000 millones. Además, concibe estas políticas como un instrumento principal para fomentar la descarbonización, bajo el paraguas comunitario del denominado EU Green Deal.