El Supremo facilita a Sánchez vetar el plan de Díaz para encarecer el despido sin romper el Gobierno

Las dos sentencias del Tribunal Supremo que descartan que la regulación de la indemnización por despido improcedente en España vulnere tanto el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el artículo 24 de la Carta Social Europea, con lo cual no cabe fijar cuantías adicionales a los 33 días por año trabajado en 24 mensualidades, no parece haber alterado los planes de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De hecho, Alto Tribunal confirma que la única vía ahora es una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Eso sí, la sentencia da un argumento de peso al PSOE para frenar este plan de los ceses sin romper su acuerdo de Legislatura con Sumar.

El texto suscrito por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en noviembre de 2023 recogía el compromiso de "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Es decir, nunca se habló específicamente de elevar las indemnizaciones, mucho menos de establecer cuantías variables, y todo se relacionaba con lo dispuesto por el texto europeo que, según el máximo órgano judicial, nuestro país cumple con creces.

La doble decisión del Supremo tiene un efecto jurídico importante, ya que no pocos tribunales habían fijado indemnizaciones superiores al tope legal acogiéndose a una interpretación de ambos convenios internacionales, que fijan que la cuantía debe ser reparativa y proporcional al daño causado al trabajador y disuasoria para los empleadores. Aunque muchos otros resolvieron lo contrario. La resolución de la Sala de lo Social cierra el debate dejando claro que la legislación actual cumple estos principios. Pero la vía política es otra historia, una que se remonta a la legislatura anterior.

La reforma laboral de 2021 fijó una clara línea roja: el coste del despido. Ni PSOE ni Unidas Podemos (coalición de la que entonces formaba parte Díaz como ministra de Trabajo) lo incluyeron en su acuerdo para derogar los "aspectos más lesivos" de la normativa anterior de 2012 (que recortó las cuantías de 45 días por año en un máximo de 42 mensualidades a 33 por año en un máximo de 24), ni se planteó en la negociación con patronal y sindicatos. No solo se trataba de lograr un acuerdo, sino de no contrariar un cambio del mercado de trabajo que Bruselas había valorado positivamente en su momento y que ahora podía amenazar incluso el reparto de fondos.

Un largo desvío en Estrasburgo

Precisamente, la sombra de Bruselas llevó a los sindicatos a explorar otra vía: el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Un órgano adscrito al Consejo de Europa, y, por tanto, ajeno a la Unión Europea, cuyas resoluciones tampoco tienen peso judicial, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero que ya había fallado en el mismo sentido ante denuncias de los sindicatos de Francia, Italia y Finlandia.

El plan era, claramente, conseguir que el Consejo de Europa censurara la legislación española como medida de presión para el cambio legal, pero el hecho de que ninguno de los otros tres países cambió su normativa, aduciendo argumentos similares a los que ahora esgrime el Supremo, debilitaba esta estrategia que comenzó con sendas denuncias de UGT y CCOO en 2022, apenas cerrado el acuerdo de reforma laboral con CEOE y Cepyme.

Además, la posición oficial del Gobierno español en las alegaciones a este proceso era contraria a cambiar la ley y dejaba la decisión en manos de lo que dictaran los jueces. Esto provocó un choque interno en el Ejecutivo, ya que Trabajo sí apoyaba explícitamente la denuncia de los sindicatos e incluso empezó a esbozar cómo debería ser ese nuevo modelo de despido, basado en indemnización a la carta en función de las circunstancias de las personas que perdían su empleo.

La clave no era elevar de manera general la indemnización, es decir, volver a los 45 días, sino eliminar el tope, a pesar de que muchos laboralistas advirtieron de que esto provocaría una enorme inseguridad no solo a la hora de los ceses, sino de las contrataciones, que penalizarían a los colectivos más vulnerables de desempleados, como las mujeres mayores de 50 años, aquellas cuyo despido se penalizaría más según el ejemplo esgrimido por la ministra.

El final de la legislatura y el cisma definitivo con Unidas Podemos, a partir del que Díaz creó su propia formación, Sumar, integrando a otros partidos como Izquierda Unida o Más País, no enfrió la cuestión. Todo lo contrario: Díaz lo convirtió en uno de los ejes de su campaña electoral de 2023 y lo llevó al acuerdo suscrito con Sánchez para constituir gobierno en noviembre de ese año. Eso sí, los socialistas firmaron una redacción mucho más ambigua de lo que hubiera gustado a la política gallega.

En los casi dos años transcurridos, los roces de Díaz con sus compañeros del Consejo de Ministros han sido continuos, aunque discretos, en especial con los titulares de Economía, Carlos Cuerpo (que hereda un frente abierto ya en tiempos de Nadia Calviño), y de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Con el considerado como la mano derecha de Sánchez, la polémica se produjo después de que el Ministerio de Bolaños pidiera la recusación de Carmen Salcedo, la experta española en el CEDS. Díaz le exigió no "interferir" en la decisión de este órgano.

Desde el momento en el que la sentencia del Supremo considera que las "interpretaciones" del CEDS no son vinculantes para nuestro país ni representan a la Unión Europea, la compleja estrategia de Díaz y los sindicatos para justificar una reforma del despido se encuentra en una vía muerta. La opción de seguir adelante con el cambio legal se complica aún más con el panorama político.

Una última bala

La líder de Sumar se había puesto una fecha: 2026, cuando concluya el arduo trámite parlamentario para la reducción de jornada. Pero es previsible que esta previsión no se cumpla, ante la imposibilidad de superar el veto de Junts, que ha obligado a retrasar a la vuelta del verano la votación del proyecto de ley. Los nacionalistas catalanes se aliaron con las tesis empresariales y es más que previsible que hagan lo mismo con el despido. Y esto llevará al PSOE a frenar un nuevo frente que ponga en peligro unos votos de los que depende la continuidad del Gobierno.

Pero eso no significa que la ministra de Trabajo piense dejar aparcada la cuestión hasta entonces. Los trabajos de la recién creada Comisión de Evaluación de la Reforma Laboral son el primer campo de batalla de una 'guerra' que marcará el final de la legislatura en materia laboral.

La comisión tomará como referencia los datos de la contratación temporal e indefinida de enero del año 2025 y si, según señaló Díaz, se concluye que no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, "se tomarán medidas adicionales para reforzarla". La cuestión es de qué tipo de temporalidad hablamos: si del porcentaje de contratos temporales sobre el total o de la rotación de los empleos con independencia de la modalidad de firma, lo que sí incluiría la volatilidad de los fijos discontinuos y el auge de los despidos y ceses en periodo de prueba.

No es una diferencia menor. La norma es la legislación que más ha reducido el peso de la temporalidad contractual en el mercado de trabajo. Una mejora innegable, pero relativa, porque nuestro país sigue arrastrando una enorme tasa de paro y una rotación laboral que siguen superando al resto de la UE y parecen impropias de un país que ha elevado en más de quince puntos el peso del empleo estable entre los asalariados. Claro que el punto de partida era mucho peor y en los tres últimos años los cargos de Trabajo han admitido que una reforma laboral llega hasta donde llega: no puede transformar el modelo productivo para que no siga dependiendo de las actividades eventuales y estacionales.

Las conclusiones de este órgano de evaluación pueden servir a Díaz para justificar una reforma que "establezca garantías para el despido". Eso sí, a diferencia de otros grupos de expertos creados por Trabajo, como los del SMI, en este sí participa la patronal, que no apoyará conclusiones que le pongan fáciles las cosas a la ministra de Trabajo.