La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha puesto seria con la gestión de las políticas activas de empleo, cuya competencia recae en las comunidades autónomas. Su objetivo es claro: reducir la tasa de paro del 11,34% de 2024 al 8,7% en 2027 —año en el que concluiría la legislatura si no se adelantan las elecciones— y al 8,5% en 2028. Para ello, busca mejorar la eficacia de las actuaciones de los servicios públicos de empleo hasta "niveles similares a los de los cinco países europeos con mejores resultados". Es decir, al nivel de Francia, Estonia, Austria, Países Bajos o Alemania.
La número tres del Ejecutivo insistía este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en que la Estrategia haría hincapié en evaluar la eficacia de las administraciones, lo que se tendría en cuenta para el reparto de fondos anuales. La fórmula pasa por una "reserva de eficacia" del 20% de la cuantía total, que se repartirá en función de los mejores resultados. Por ello, el control será mucho más activo, con la elaboración de "un cuadro de mando desglosado por comunidad autónoma".
Estas actuaciones beben de la Ley de Empleo aprobada en 2023, aunque, dos años después, el Ministerio de Trabajo sigue sin culminar uno de los aspectos clave de aquella norma: la transformación del Servicio Público de Empleo en la Agencia Española de Empleo, que impulse la coordinación y evaluación de las políticas activas. Una asignatura pendiente desde las transferencias de responsabilidades a las autonomías a principios de siglo.
El texto del real decreto que contiene la Estrategia, publicado en el Boletín Oficial del Estado, pasa de puntillas sobre la entrada en vigor de este nuevo organismo para centrarse en una serie de 'deberes' asignados a las comunidades, con el objetivo de lograr el acceso a una mejora de sus fondos.
Mejorar la intermediación
De entrada, se desglosan unos objetivos de tasa de paro por colectivo de edad de cara a los próximos años, y se fija un nivel de intermediación específico para cada uno de ellos. Así, para reducir la tasa de paro de los menores de 30 años del 20,6% al 14,8% en tres años, la intermediación de estas políticas debe subir del 28% actual al 40%.
Entre los 30 y los 45 años, la intención es reducir la tasa de paro del 9,7% al 7,6%, lo que conllevaría elevar la intermediación del 28,6% al 34,6%. Por último, para los mayores de 45 años, Trabajo se fija un descenso de la tasa de paro del 9,6% al 7,4%, y un incremento de la intermediación más modesto: del 15,4% al 21,9%. Ello, a pesar de que el 58% de los parados registrados están en esa franja de edad.
La idea es que, en 2028 —último año de la Estrategia—, el paro baje mucho más lentamente y se sitúe en el 8,5%. El de los jóvenes solo se reduciría en dos décimas, hasta el 14,6% (con una tasa de intermediación del 42%), mientras que el del resto de grupos de edad se mantendría estancado. Es decir, el grueso del esfuerzo tendrá que realizarse entre este año y los dos próximos, el último de los cuales vendría marcado por los comicios, ya que Díaz no contempla, por ahora, un adelanto electoral.
¿Pero qué entiende por tasa de intermediación? El texto de la Estrategia no se molesta en definirla, ni tampoco explica cómo se han calculado estos porcentajes. Pero sí precisa que, a la hora de analizar este factor en la evaluación de resultados del mencionado "cuadro de mando", se calculará el porcentaje de parados inscritos en los servicios públicos de empleo que encuentran trabajo y el tipo de contrato que logran.
Como los jóvenes se inscriben menos como demandantes que otros grupos de edad, su tasa es más alta en comparación con otros colectivos más numerosos en las listas del paro. Además, se incluyen medidas como bonificaciones e incentivos a la contratación, todo ello en un contexto en el que las anteriores estrategias pusieron como foco el paro juvenil.
La idea de Díaz es centrarse ahora en el paro de larga duración que, como ya contamos en elEconomista.es, es uno de los factores que más reduce la eficacia de las políticas activas. Por ello, también se estudiará la probabilidad de pasar del desempleo a la ocupación y viceversa en cada comunidad, así como a nivel nacional.
Un ranking de empleabilidad
Más explícito es el requisito de la "mejora del 10% de la empleabilidad" gracias a los servicios que las oficinas prestan a los parados. Este impacto, "se determinará mediante el análisis de datos desde seis meses antes de la actuación de los servicios de empleo y los seis meses posteriores".
Las cifras que ofrece el texto remitido al BOE proceden de la evaluación intermedia de la Estrategia anterior (2021-2024), unos datos que ya analizamos en este periódico y que revelan que la combinación de diferentes programas es clave para el éxito. Todos los parados reciben un diagnóstico de su situación, pero solo un 40% acceden a alguno del resto de servicios garantizados que les ofrecen las oficinas públicas de empleo.
Los que solo reciben un diagnóstico ven mejorada su empleabilidad en un 3,9%, pero los que reciben otros servicios adicionales lo hacen en un 9,5%. Esta referencia es la media global, si bien la variación fluctúa mucho en función de cuáles sean esos servicios adicionales. Algunos, como la combinación de tutorización y formación, llegan al 23,4%. En cambio, quienes solo reciben un itinerario ven empeorada su empleabilidad en un 6,2%.
Trabajo concluye que la sola asignación de un itinerario "puede ser un indicador de rechazo a otros servicios propuestos". En otras palabras, un efecto desánimo. La Estrategia 2024-2025 pretende evitar este problema e incentivar su combinación con otras medidas, en especial la orientación (tutorización) profesional y la formación, las más exitosas.
La idea de Díaz es que todas las comunidades superen el 10% de media de mejora de empleabilidad. Para ello, ha publicado un 'ránking' de todas ellas, en el que recoge la ganancia de empleabilidad. Pero no la media regional, sino la máxima que se alcanza, ya sea por una medida en solitario o por una combinación de varias.
Una brecha entre CCAA
Los mejores resultados surgen de la combinación entre formación y tutoría en Extremadura (26,3%), Canarias (23,4%) y Madrid (23,2%). La mayoría provienen de esta combinación, pero se aprecia una enorme discrepancia entre regiones. En el extremo opuesto se sitúan Cantabria (9,5%), Aragón (8,2%) y, especialmente, La Rioja, que se desploma al 2,6%.
Para impulsar esta eficacia, Trabajo quiere mejorar la coordinación de las "redes de orientación y prospección". Es decir, que la fase de diseño de itinerario y tutorización vayan de la mano. Así, tomará como referencia indicadores como la ratio de demandantes y parados "por personal orientador y prospector", y el porcentaje de estos que tienen profesionales con contrato indefinido. Un guiño claro a las demandas de estos 'sherpas' que acompañan a los parados en la búsqueda de empleo, pero que sufren una elevada precariedad, como ya hemos contado en elEconomista.es.
También se medirá la eficacia de la formación a desempleados, analizando tanto la cifra de personas que obtienen un empleo y lo mantienen tras estos cursos, como el grado de adecuación de la formación recibida como resultado de la participación en esas acciones y programas.
Por último, se establecerá un seguimiento presupuestario mes a mes que comparará los fondos comprometidos por los servicios públicos autonómicos para sus actuaciones sobre el total de fondos asignados para cada anualidad. En todo caso, la Estrategia se compromete a una mayor transparencia, pero está por ver que así sea. Esta no es la primera reforma de las políticas activas que plantea evaluar y penalizar a las comunidades que peor rindan a través del reparto de fondos: el PP ya lo hizo en 2012 y con una merma mayor que el 20% que se plantea ahora. No sirvió de mucho, y, además, lo primero que hicieron PSOE y Sumar al llegar al poder fue revertir aquel recorte.