El encarecimiento del precio de los pisos y el impacto económico y social de la pandemia ha empeorado el acceso a la vivienda. Esta situación está retrasando, aún más, la emancipación de los jóvenes y aumentando las desigualdades para comprar o alquilar una casa. A ello hay que sumarle que las necesidades residenciales aumentarán previsiblemente debido a los efectos de la crisis, según recoge la Memoria sobe la situación socioeconómica y laboral España 2020 del Consejo Económico y Social (CES).
El texto explica que las Administraciones públicas desarrollaron a lo largo de 2020 políticas de vivienda de "emergencia" dirigidas a los hogares especialmente vulnerables. Sin embargo, dichas políticas son insuficientes para atender tanto las necesidades de vivienda existentes antes de la pandemia, como las surgidas a raíz de la misma.
Si nos fijamos solo en el parque de vivienda social, alcanzaba las 290.000 unidades en 2019, lo que supone un 1,6% de los 18,6 millones de hogares españoles, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una oferta que el CES considera escasa para la demanda excluida del mercado y que está formada, principalmente, por los más jóvenes, familias monoparentales y hogares vulnerables.
Precisamente, el aumento de la demanda de vivienda frente a la insuficiente oferta de vivienda social está favoreciendo el mercado de alquiler privado como instrumento alternativo a una oferta adecuada de vivienda social. Eso sí, según el CES, la oferta privada "a menudo es de baja calidad y está en localizaciones alejadas del centro", dice.
En este escenario de escasez, el Gobierno se ha marcado como objetivo desarrollar 100.000 viviendas públicas de alquiler social. La mitad procederán del parque público y la otra mitad de acuerdos con la Sareb -que cederá 15.000 viviendas-, fondos de inversión y bancos. El Estado ya está negociando con los fondos para que cedan cerca de 30.000 viviendas, que se alquilarán a "precio social y asequible", según anunciaba recientemente David Lucas, secretario de Estado de Vivienda.
Un informe de Atlas RE Analytics y Gesvalt estima que España necesita más de un millón de viviendas para satisfacer la demanda de la población con dificultades para acceder a un hogar. Las consultoras han calcula la cifra en base al número de unidades familiares que destinan más de un 40% de sus ingresos al pago de un alquiler.
País de propietarios
España sigue siendo uno de los países europeos con mayor número de propietarios y también de los que cuentan con más viviendas por unidad familiar, por la importancia de la segunda residencia. El 76,9% de la población vivía en propiedad en 2020 frente al 17,3% de los hogares que ocupaban viviendas de alquiler, según el INE.
El régimen de tenencia de las viviendas varía según la nacionalidad. El 56,0% de los hogares con algún miembro extranjero vivían en régimen de alquiler, frente al 11,7% de los hogares con todos sus miembros de nacionalidad española. La opción del alquiler a precio de mercado está directamente relacionada con la disponibilidad de recursos económicos y sociales. Es por ello que lo jóvenes, los hogares encabezados por personas extranjeras y las familias monoparentales son los que recurren más a esta forma de tenencia.
Precisamente, el texto del CES explica que en los últimos años se ha ido produciendo una transformación del modelo residencial, protagonizada por un incremento del alquiler a precio de mercado sobre todo entre los hogares de jóvenes. Además, esta evolución del modelo español está siendo más rápida que en otros países del sur de Europa con similares sistemas residenciales.
