El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas estructurales del país para el que se siguen buscando soluciones. Jóvenes, hogares monoparentales y otros colectivos vulnerables optan por el alquiler a precio de mercado ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad o de alquiler social.
Desde el Consejo Económico y Social de España piden que se estreche la colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda y que se actúe de forma decidida. "La importancia de la vivienda como bien de primera necesidad, esencial para el desarrollo de la vida en unas condiciones dignas, así como su relevante papel para un crecimiento económico inclusivo, un funcionamiento eficiente del mercado de trabajo o la estabilidad macrofinanciera, hacen necesario afrontar desde los diversos sectores implicados, tanto públicos como privados, una actuación decidida y coordinada que, con una visión tanto a medio como largo plazo, ayude a satisfacer las importantes necesidades residenciales de la población", dice la Memoria sobe la situación socioeconómica y laboral España 2020 del CES.
El organismo presidido por Antón Costas considera que la oferta de pisos sociales en España es "insuficiente" para la actual demanda. En concreto, el parque de vivienda social -vivienda en alquiler de titularidad pública, incluyendo cesión a bajo precio y otras formas de alojamiento temporal- ascendía a 290.000 viviendas en 2019, lo que se traduce en un 1,6% de los 18,6 millones de hogares españoles, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También representa el 1,1% de los 25,8 millones de viviendas que componen el parque total. La tasa de España está por debajo de la media de la OCDE (6%) y muy alejada de Países Bajos, Austria o Dinamarca, todo ellos por encima del 20%.
En cuanto a la demanda, el informe apunta que aunque no existe un indicador para medir de forma precisa la necesidad de vivienda social, todas las aproximaciones sugieren que el parque existente "no permite una oferta adecuada de vivienda de alquiler social para, junto con los demás instrumentos de la política de vivienda, garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".
Vivienda protegida en mínimos
La memoria del CES explica que la política de vivienda en España se ha centrado históricamente en fomentar y facilitar el acceso a la propiedad a través de la vivienda protegida de promoción privada, mientras que la promoción de viviendas de titularidad pública de alquiler social destinadas a los hogares sin recursos ha sido "residual".
Sin embargo, añade el CES, el giro hacia el fomento del alquiler en los últimos planes estatales de vivienda ha tenido su reflejo en un repunte de la vivienda protegida de alquiler sin opción a compra, "pero en un contexto de mínimos históricos de producción de vivienda protegida".
La construcción de viviendas de protección oficial alcanzó su auge a mediados de los ochenta, pero ha bajado a mínimos históricos en los últimos años. No obstante, apuntan el CES, se observa un aumento de calificaciones definitivas de vivienda protegida desde 2018. Además, en el año que estalló la pandemia destaca la participación de las comunidades autónomas. En concreto, la vivienda protegida de planes autonómicos alcanzó el 94,5% total de calificaciones definitivas, mientras que el plan estatal únicamente aportó el 5,5%.
Los más jóvenes
Los problemas de acceso la vivienda -para comprar o alquilar- se ha intensificado a raíz de la crisis provocada por el coronavirus. Uno de los colectivos más afectados ha sido el de los jóvenes. "Pocos jóvenes pueden reunir las garantías de solvencia que se exigen para formalizar un préstamo hipotecario o tienen la capacidad de ahorro necesaria para hacer frente a la entrada requerida para la financiación, ni tampoco cuentan en muchas ocasiones con una regularidad suficiente en la fuente de ingresos para hacer frente a las cuotas hipotecarias", dice la memoria del CES.
En este contexto, ha aumentado la cesión gratuita de la vivienda como modalidad de tenencia entre los jóvenes. Dicho de otra manera, la solidaridad familiar está supliendo la ausencia de una política de vivienda orientada a "facilitar la emancipación de los jóvenes y la formación de hogares en los últimos años", según el CES, que señala que el papel de la intervención pública ante los problemas de accesibilidad a la vivienda ha sido uno de los aspectos más discutidos de la Ley de vivienda.
