La Ley de la Vivienda aprobada por el Gobierno se ha presentado de forma triunfalista como el antídoto que acabará con todas las burbujas inmobiliarias del futuro. Hubiera tenido el mismo impacto, y un contenido efectivo similar, la presentación de una Ley de la Eterna Juventud o una Ley de la Felicidad Suprema. En definitiva, todos esos anuncios hubieran perseguido algo parecido, impactar en los votantes desinformados con una ley de improbable aplicación.
La aprobación de esta ley supone, en mi opinión, un desprecio a la experta opinión legal de nada menos que el CGPJ. Animo a los lectores a leer el dictamen de dicho organismo porque constituye una demoledora opinión experta y fundamentada sobre su inconstitucionalidad por no menos de tres motivos y que atenta ni más ni menos contra el derecho a la propiedad y a la libertad de empresa. No son los únicos puntos que destaca dicho dictamen, sino que añade calificaciones sobre la calidad de su redacción y de sus pretensiones que sonrojarían incluso a un estudiante que quisiera presentar así su tesis doctoral, aunque la hubiera hecho él mismo.
Pretende asegurar un futuro sin subidas importantes de los alquileres de vivienda y, en base a experiencias similares, provocará justo lo contrario
Esta Ley pretende asegurar un futuro sin subidas importantes de los alquileres de vivienda y, en base a experiencias similares aplicadas en el municipio de Barcelona, provocará justo lo contrario, la reducción drástica de la oferta y la subida del alquiler, así como un atasco monumental en los tribunales para defenderse de una norma expropiatoria, indefinida e inconstitucional. En un país donde aún debatimos el concepto de "metro cuadrado" en términos de vivienda, pretender establecer criterios objetivos de aplicación automática de restricciones, no es sólo una utopía, será una locura legal.
El Gobierno sabe que es imprescindible favorecer la inversión y el desarrollo de una mayor oferta de viviendas de calidad
El Gobierno sabe perfectamente que es imprescindible favorecer la inversión y el desarrollo de una mayor oferta de viviendas de calidad, en decenas de miles de unidades al año, para satisfacer la demanda cuasi infinita de nuestro mercado y descongestionar así las tensiones que se puedan provocar en el mercado. Pero ha optado, frente a la necesidad de los españoles, por sus propios objetivos y prioridades, conseguir votos de un porcentaje de la población que no entiende el funcionamiento de este mercado y prefiere confiar en medidas populistas, aunque sea a costa del futuro de las próximas generaciones.
Al final de la Primera Guerra Mundial se anunció el fin de todas las guerras, como hace un año se anunció varias veces en España el fin de la pandemia. Me temo que la burbuja populista acertará en la eliminación de las crisis inmobiliarias tanto como esos vaticinios, aunque confío que el TC tumbará este disparate.
Por lo demás, bien.
