CGPJ

El creciente desgaste del ministro Campo

En su tiempo se comentó que el motivo que llevó a Pedro Sánchez a decantarse por Juan Carlos Campo como sustituto de Dolores Delgado para la cartera de Justicia era su buena relación con la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pues bien, ha bastado un año desde su nombramiento para que aquel presunto lazo que unía a Campo con los magistrados haya saltado por los aires. Cuentan que el modo en que el ministro de Justicia negocia la reforma del CGPJ es precisamente lo que ha terminado por romper las relaciones y ha generado además un importante desgaste en la imagen que la opinión pública tiene del propio Campo. Tanto es así que según el último CIS, es uno de los ministros peor valorados, junto con la titular de Igualdad, Irene Montero, y el de Universidades, Manuel Castells, ambos de Podemos. En Moncloa cuentan que el hecho de que sea el ministro socialista con menor respaldo popular le coloca entre los candidatos a salir del Ejecutivo. "Está en todas las quinielas", reconocen fuentes del PSOE.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "está hecho" y solo falta que los responsables del Partido Popular (PP) se avengan a hacerlo público. "Cada día espero que suene el teléfono", dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

Las asociaciones de jueces se reunirán mañana viernes, con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para cerrar la ronda que iniciaron la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) con los principales grupos parlamentarios para trasladarles su Manifiesto por la Independencia Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por amplia mayoría, incluidos vocales propuestos por el PSOE, un texto en el que pide al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y la de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la reforma legislativa, impulsada por PSOE y Podemos, que pretende prohibir los nombramientos cuando esté en funciones, como es el caso actual.

El Derecho de la Unión no se opone a disposiciones constitucionales nacionales que permiten que el poder ejecutivo o uno de sus miembros, como el Primer Ministro, asume funciones en el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, según las conclusiones del Abogado General (una especie de juez de instrucción) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha nombrado hoy con amplias mayorías a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Burgos), de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.

El Tribunal Supremo ha estrenado este martes, a las 18:00 horas, una iluminación externa LED de bajo consumo que además de mejorar la eficiencia energética del edificio realzará el patrimonio histórico-artístico del Palacio de las Salesas, sede del alto tribunal desde 1875. El sistema ha sido instalado por Iberdrola, que ha realizado proyectos similares en el Congreso de los Diputados, el Puente Romano de Alcántara (Cáceres), la catedral de Ávila o el interior de la Catedral Nueva de Salamanca.

Es junto a Pablo Casado la cara y la voz del PP, el hombre de perfil duro, y ácida crítica cuyas declaraciones casi siempre levantan ampollas. Pasó en un pispás de ser un ingeniero de Telecomunicaciones -doctor por la Politécnica de Cartagena- a concejal, diputado y número dos de su partido, un hombre del aparato con mucho poder que se mueve en la sede de Génova y en la carrera de San Jerónimo como pez en el agua. Teodoro García Egea (Cieza, 1985), secretario general de los populares, ha sido el artífice de la adaptación del partido a la nueva situación de pandemia: ha establecido seminarios online, reforzado la comunicación interna y manejado todo el dispositivo necesario para que, con el teletrabajo, lejos de diminuir la actividad se haya elevado. Aunque su familia se ha trasladado a Madrid, sigue muy vinculado a Murcia, donde ha vivido siempre, y circunscripción por la que es diputado: "Me gusta estar cerca de los ciudadanos y conocer sus problemas para buscar soluciones reales que el Gobierno de Sánchez no les da", señala. Dice que Pedro Sánchez no habla con Casado porque prefiere hacerlo con ERC y Bildu. Califica los Presupuestos como los más caros de la historia de España y advierte que el Gobierno está endeudando a las generaciones futuras para pagar su peaje a los independentistas. Califica a Vox como el gran socio en la sombra del Ejecutivo y señala que "Pablo Iglesias maniobra y Pedro Sánchez ratifica".

PSOE y Podemos avivaron la polémica sobre la reforma pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la semana pasada. La propuesta de ambos partidos de limitar las competencias de esta institución cuando sus miembros están en funciones (como ahora ocurre), hasta el punto de que no puedan hacer ningún nombramiento, sentó muy mal en el ámbito jurídico español, e incluso en instancias europeas. Comentan fuentes comunitarias que, “por segunda vez desde el final del verano”, Bruselas planea reclamar información al equipo del ministro Juan Carlos Campo sobre los cambios que se preparan para el CGPJ. Los expertos consultados explican que ahora no se pueden esperar amonestaciones, o imposición de directrices, ya que la UE no se pronuncia sobre reformas que no están todavía aprobadas. Con todo, “resulta significativo el interés por seguir tan de cerca el proceso que muestran las autoridades comunitarias”, comentan esas mismas fuentes. Añaden que “es obvio que en Bruselas preocupa el hecho de que no está habiendo ningún tipo de mano tendida a la oposición en un tema tan delicado y quieren hacer notar que no se olvidan de este asunto al Ministerio y al Gobierno”. En 2021, cuando previsiblemente la reforma esté activada, “nos arriesgamos a recibir advertencias mucho más serias si el proceso sigue así”, apuntan desde las instituciones europeas.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado este viernes que la toma en consideración de la reforma para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado, que registraron esta semana, se debatirá en el Pleno del Congreso del día 15 de diciembre, y saldrá adelante por "mayoría absoluta" para poder ser tramitada.

Pese al aumento de casi cinco puntos en la resolución de asuntos en juzgados y tribunales, la bolsa de asuntos pendientes (3,2 millones) se ha incrementado en este trimestre un 13,4% con respecto al mismo periodo de 2019, lo que ha situado la pendencia en un nivel superior al de finales de 2011. Este incremento de la pendencia es consecuencia de la paralización de la actividad judicial en el segundo trimestre del año tras la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Así, se refleja en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales correspondiente al tercer trimestre de 2020, dado a conocer hoy por el Consejo General del Poder Judicial.

El número total de lanzamientos, comúnmente desahucios, sumó en los nueve primeros meses del año 18.138, un 55% menos que los 40.394 que se contabilizaron entre enero y septiembre de 2019, según las cifras que ha publicado este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La mayoría de las asociaciones judiciales y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han lamentado la proposición de ley presentada este miércoles en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos para impedir que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos, subrayando que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.

PSOE y Unidas Podemos han registrado hoy una proposición de Ley conjunta en el Congreso de los Diputados que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre en la actualidad.

Todos nos encontramos inmersos y somos protagonistas de la llamada transformación digital que está afectando a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Una transformación que ha recibido un empujón importante a raíz de una pandemia que nos ha obligado a acelerar la realización de actividades a distancia como el teletrabajo, la educación a distancia, el ecommerce y un largo etcétera que incluye actividades de la vida diaria que no pensábamos hace tan solo unos meses que se pudieran digitalizar.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió este lunes el actual modelo de nombramiento de fiscal general por el Gobierno, si bien reconoció que es preciso mejorar la percepción de la independencia de esta institución en la reforma de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que atribuye la instrucción penal a los fiscales, y que ha comenzado su tramitación parlamentaria.

El Gobierno aprobó este martes, en el Consejo de Ministros, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que dará la instrucción de los asuntos a los fiscales. La normativa supone la transformación integral del proceso penal y obligará a cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal y a crear la figura de un juez de garantías que vigile el proceso.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha fallado los IX Premios a la Calidad de la Justicia. En su modalidad de Justicia más eficaz han recaído en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Alicante, en los Juzgados de lo Social 3, 7 y 10 de Las Palmas y en la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia.

En el Partido Popular hay evidencias de que el Gobierno de Pedro Sánchez no está por la labor de acordar con los populares la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en principio, y a priori, porque la Proposición de Ley que presentaron en el Congreso de los Diputados, de la mano de Unidas Podemos, aún sigue vigente y no se ha retirado, a pesar de que dicen que está "congelada".

El PSOE llevará a debate el próximo 15 de diciembre la reforma planteada junto a Unidas Podemos para rebajar la mayoría necesaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial si no hay acuerdo con el PP, que en cambio pide la retirada de esta iniciativa.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial no expresará por el momento su postura oficial sobre la reforma dirigida a rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano en espera de la "evolución de los acontecimientos", si bien muestra su preocupación porque ésta sea "exquisitamente conforme con la Constitución y con el derecho de la UE".

Cuando le preguntas si ella fue una de las seis pata negra del PP que supieron con antelación cómo sería la durísima intervención de Pablo Casado en la moción de censura de Vox dice sin aclararlo que su jefe de filas tiene un gran equipo. Sin embargo, dentro del partido la sitúan como una de las personas más cercanas al presidente y no solo porque sea la nueva portavoz en el Congreso, sino porque tiene un perfil de centro moderado que te viene como anillo al dedo, para esta nueva etapa del principal partido de la oposición. Se llama Concepción Gamarra Ruiz Clavijo (Logroño, 1974), pero todos la llaman Cuca. La entrevista con la vicesecretaria de política social de los populares se realiza telefónicamente, a caballo entre la Carrera de San Jerónimo -nada más concluir el pleno de moción de censura- y su despacho en la calle Génova.

Cuando a Iván Espinosa de los Monteros (Madrid, 1970) -licenciado en Económicas y Empresariales (Icade) y con un máster en The Kellogg School of Management- le preguntas, a bocajarro, si la moción de censura contra Pedro Sánchez ha sido un error que ha fortalecido al PP y otorgado a Pablo Casado la consideración definitiva de líder de la oposición, niega la mayor y dice que el PP "ha pasado de ser la derechista cobarde a ser la derechita colaboracionista". La entrevista se realiza apenas unas horas después de que el Congreso tumbara la iniciativa de Santiago Abascal de censurar al presidente del Gobierno y, sin embargo, él no da la sensación de derrota, al contrario. Está convencido de que se han convertido en la única alternativa capaz de hacer frente "al peor Gobierno posible en el peor momento desde el 78, y califica a los socios del PSOE como "los diez malignos". Tiene un discurso de derechas en estado puro, es educado, amable y exquisito en las formas pero implacable en el fondo, cuando se trata de defender las señas de identidad de su partido. Dice que existe el riesgo de acabar en suspensión de pagos en 2021 y señala que un nuevo estado de alarma "significaría que los ciudadanos van a pagar los platos rotos del desastre de gestión del Gobierno en el Covid-19".

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, avisó este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no vale decir que para el reloj" de su reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque lo que tiene que hacer es "retirar" esa proposición de ley "que tiene como objetivo controlar el Poder Judicial".

El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, Marin Mrcêla, se ha dirigido por carta al Ministerio de Justicia para advertirle que la iniciativa legislativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros.

El Partido Socialista ha vuelto a presionar este lunes al Partido Popular -toda vez que Europa tiene la lupa puesta en España con motivo de la reforma que junto a Podemos pretende hacer en el sistema de elección del CGPJ-. Aprovechando la moción de censura que Vox presentará al Gobierno este miércoles, el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, exigió a Pablo Casado que vote 'no' a dicha moción, para después poder sentarse a negociar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez la renovación de instituciones como la del máximo órgano judicial.

El magistrado de lo Penal de la Audiencia de Madrid, Eduardo de Urbano, ha publicado el libro '101 casos resueltos por el Tribunal Supremo', un manual didáctico en el que analiza la jurisprudencia más destacada y reciente del Alto Tribunal. Incluye una selección de su 'Lupa sobre el Derecho Penal Económico', publicado en 'Iuris&Lex'.Editado por la Wolters Kluwer, el manual de Eduardo de Urbano es una joya para los estudiosos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Magistrado, doctor en Derecho y profesor universitario, excoordinador del Gabinete Técnico del TS (Sala de lo Penal), es un prolífico escritor, colaborador en Iuris&Lex, la revista jurídica de elEconomista, publicó durante años su Lupa sobre el Derecho Penal Económico, de donde este libro es una buena selección.

El líder del PP, Pablo Casado, ha presentado este lunes la propuesta de su partido para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El principal punto de la iniciativa de los 'populares' radica en que sean los propios jueces y no el legislativo quienes elijan a los 12 vocales provenientes de la carrera judicial de entre los 20 totales.

El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha convocado para el miércoles 28 de octubre un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces para examinar la polémica reforma de la institución que proponen el PSOE y Podemos.