La vivienda se ha convertido en uno de los ejes principales del Gobierno de Pedro Sánchez. Con Isabel Rodríguez al mando de esta cartera, el Ejecutivo está acelerando en el último mes la presentación de una batería de medidas para impulsar la construcción de vivienda.
Estos últimos anuncios, que ponen el foco en el suelo- la materia prima de este negocio- las licencias y la financiación, han contentado al sector, que lleva años demandando una mayor agilidad urbanística que les permita construir alrededor de 150.000 viviendas anuales. Es decir, casi el doble que la producción actual.
"Hemos tenido la oportunidad de trasladar al gobierno los principales cuellos de botella para desarrollar el mercado de la vivienda en España, y principalmente el de la vivienda asequible, planteando diversas medidas, como la puesta al día de la normativa ECO que permita a las entidades bancarias financiar un sistema de licencias más moderno, eficaz y digitalizado", explica el presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez – Pintado.
El directivo considera que se trata de una "medida que agilizará las concesiones de licencia de la edificación sin precedentes". Sin embargo, desde la patronal de los promotores consideran que para dinamizar el sector y que se ajusten los precios a la baja, se debería "aplicar el IVA reducido a la vivienda asequible, tanto en compra como en alquiler".
Por otro lado, Gómez-Pintado trasladó en la reunión con el presidente del Gobierno, la ministra de Vivienda y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la necesidad de "modernizar la regulación para permitir a las entidades bancarias financiar los procesos de industrialización, a través de un sistema de blockchain que garantice la trazabilidad del producto, ya que con la actual normativa esto es imposible".
Asimismo, creen esencial "facilitar una formación profesional adaptada al mundo empresarial para posibilitar la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector". Pese a que todavía queda un largo camino por recorrer, el sector también está satisfecho con el reciente impulso que el Gobierno ha hecho para modificar la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana.
La intención es dar seguridad jurídica al sector de la promoción y construcción y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Esta modificación normativa da respuesta a una petición que llevan años realizando desde el sector inmobiliario para poder agilizar grandes desarrollos.
Aumentar la oferta es, según los promotores, la clave para frenar la escalada de los precios en un contexto en el que la demanda es muy superior al stock de vivienda disponible. De hecho, el inmobiliario fue muy crítico con una de las medidas estrella y más polémicas de Sánchez, la ley de vivienda, al considerar que la intervención del precio del alquiler solo va a lograr el efecto contrario:la retirada de pisos del mercado.
Por eso, pese a estar contentos con las nuevas medidas anunciadas siguen recalcando la necesidad de proteger a los propietarios y darles seguridad jurídica e incentivos para que se sientan protegidos de cara a poner sus viviendas vacías en el mercado del alquiler. En este sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apuntó en una rueda de prensa posterior al encuentro con el sector, que el Gobierno "va a trabajar en aportar certeza, seguridad jurídica y garantías para que los particulares puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible".
Así, hizo un llamamiento a los propietarios de viviendas vacías. "Les necesitamos", dijo claramente Rodríguez, ya que "hoy el 95% de las pisos en alquiler son de propietarios particulares". Por parte del sector financiero, que también estuvo presente en el encuentro con Sánchez, consideran que el de la vivienda "es un problema de país" y ven una iniciativa "muy positiva" reunión a todos los actores implicados para buscar soluciones efectivas.
