El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la Ley Estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, con la intención de "dar seguridad jurídica" al sector de la promoción y construcción y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables" puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Se trata de una medida que lleva años solicitándose por parte del sector promotor, ya que apuntan que esta es la forma de que se pueda agilizar la puesta en el mercado de suelo y de este modo aumentar la oferta de vivienda para aliviar la tensión de los precios.
De hecho, esta es la tercera vez que el Gobierno de Sánchez pone en marcha esta modificación, siendo el último intento en la anterior legislatura, pero quedó en vía muerta por el adelanto electoral al 23 de julio. "Con esta modificación, se da estabilidad, certeza y, sobre todo, también seguridad jurídica", ha recalcado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La modificación da respuesta a una solicitud "muy importante" trasladada por parte de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y también por numerosos ayuntamientos, ha apuntado. El texto aprobado este martes se enviará para su debate y tramitación al Congreso de los Diputados.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que avanzó que se realizaría una modificación de la Ley de Suelo, concretó que el texto que sale ahora del Consejo de Ministros es el que se presentó y decayó en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones generales.
"Los planes urbanísticos son una herramienta imprescindible para el desarrollo de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad, la política de vivienda, la generación de empleo y, en general, la economía nacional", destacan desde Vivienda.
Asimismo, indican que las razones que motivan la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana son esencialmente las particularidades del planeamiento de ordenación territorial y urbanística, con especial atención a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad, todos ellos aspectos de competencia exclusiva del Estado.
Oposición de Podemos
Al ser preguntada por la oposición de Podemos a esta reforma, que considera que "da vía libre a la cultura del pelotazo" y favorecer a los "fondos buitres", Alegría ha indicado que es en el Congreso de los Diputados donde los grupos parlamentarios deberán "manifestar su posición". "Ahora empieza su trámite [de la modificación de la ley] en el Congreso de los Diputados y, por tanto, le corresponde también a los grupos parlamentarios manifestar ahí su posición", ha recalcado.
No obstante, ha recordado que la ministra de Vivienda ha explicado este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, y la primera percepción que se ha percibido de la mayoría de los grupos parlamentarios es de "una vocación de poder aprobar" la ley.
Aprobación de los promotores
La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) valora positivamente que una de las principales medidas en materia de vivienda de este gobierno sea dar luz verde a la reforma de la ley de seguridad jurídica.
Para el presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez – Pintado, "si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultades de accesibilidad necesitamos desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". APCEspaña considera que esta reforma de la ley será una avance en este sentido.
Según datos que maneja APCEspaña, en la actualidad hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos. Se trata de un dato muy revelador, sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos de población, en estos municipios afectados se concentra una población de casi cuatro millones de personas.
"Desde APCEspaña consideramos que con la aprobación de esta norma se da un importante paso para garantizar la seguridad jurídica en el urbanismo", concluyen.