
La Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña cumple este jueves un año desde que fue aprobada de forma definitiva por el Congreso de los Diputados.
Desde entonces, un total de 328 personas se han visto beneficiadas por la norma, de las que 173 son manifestantes y activistas; 26 son políticos, cargos públicos o empresarios; y 129 son policías, según los datos recopilador por el colectivo de abogados de la izquierda independentista Alerta Solidària.
Asimismo, aún hay 634 casos abiertos en los tribunales de personas pendientes de acogerse a este norma, que perdona los delitos ligados al proceso independentista catalán vivido en 2017 y que derivó en el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
La norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Tribunal Supremo, el PP y más de una quincena de gobiernos autonómicos y asambleas regionales.
La Corte de Garantías prevé llevar al Pleno el debate sobre el primero de los recursos, el del PP, en el mes de junio y se espera que la primera sentencia que marcará el camino del resto de recursos se falle a finales de dicho mes.
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