El Gobierno decidirá dónde serán enterrados definitivamente los restos de Francisco Franco una vez que sean exhumados del Valle de los Caídos, en el caso de que la familia no se ponga de acuerdo sobre el lugar de enterrramiento o no diga en un plazo de 15 días dónde prefiere que sean trasladados.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado este viernes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros los pasos que se seguirán ahora tras el acuerdo aprobado hoy por el Ejecutivo para culminar la exhumación de los restos del dictador que se estableció en agosto pasado, en lo que ha calificado de una decisión "de Estado".
El acuerdo prevé, ha remarcado, todos los escenarios posibles a partir del plazo de 15 días concedido a la familia para que se pronuncie sobre un lugar para el enterramiento definitivo, que, en ningún caso, podrá ser la cripta de la Catedral de la Almudena.
No obstante, el Gobierno ha sido capaz de garantizar que efectivamente podrá sacar los restos de Franco de su actual emplazamiento y reinhumarlos en una ubicación distinta a la de La Almudena. El proceso iniciado en agosto no habrá terminado si la familia, como parece, se niega a elegir una sepultura distinta a la que posee a perpetuidad en la catedral madrileña.
"No se hará con nocturnidad y alevosía"
Sólo si los nietos de Franco accedieran a enterrar los restos de su abuelo en un lugar distinto a La Almudena el procedimiento administrativo se podría dar por culminado. Pero esta hipótesis se muestra lejana a juzgar por las declaraciones de la familia y su entorno, que se niegan a aceptar la prohibición de que Franco repose en la céntrica cripta de la catedral.
Pasado el plazo de 15 días que se da a la familia, si los nietos guardan silencio o no llegan a un acuerdo sobre una ubicación alternativa, será necesario que el Consejo de Ministros se reúna de nuevo para decidir una sepultura digna para los restos del dictador en un lugar que no presente riesgos de seguridad ni de orden público. Esta decisión definitiva podrá ser recurrida por la familia y otras partes interesadas, que con toda seguridad solicitarán al tribunal medidas cautelares para paralizar el proceso, como así han adelantado.
Aunque las decisiones del Consejo de Ministros son de ejecución inmediata, fuentes del Gobierno reconocen a Europa Press que no existe ninguna intención en el Ejecutivo de proceder a la exhumación de Franco "con nocturnidad y alevosía". El Gobierno, añaden estas fuentes, no tiene por qué esperar a que la familia recurra ante el Supremo para proceder a la exhumación. Otra cosa es que así lo decida por razones de prudencia.
En cualquier caso, en el momento en que se tome la decisión de iniciar los trabajos de exhumación en la Basílica, se informará a la familia por una cuestión de decoro, por lo que los nietos siempre podrían pedir en ese momento al Supremo la adopción de medidas cautelares.
Más recursos que dilatarían el trámite
Los posibles recursos que puedan presentarse a la orden de exhumación -además de la familia Franco están personadas la Fundación Nacional Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden de exhumación.
Además, el Supremo advirtió en diciembre pasado al Gobierno de que el acuerdo con la orden de exhumación "no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto", lo que complica que la exhumación efectiva del dictador pueda tener lugar antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril.
Con respecto a las dudas sobre si los servicios del Estado pueden iniciar los trabajos de exhumación y acceder a la basílica a pesar de la eventual oposición del prior benedictino que custodia el lugar, Delgado ha aclarado que el acuerdo establece que en los lugares de culto no está excluida la autoridad civil, de manera que "el Gobierno puede tomar aquellas decisiones para entrar legalmente en un lugar de culto".
