La aplicación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid era inminente, y no a petición del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso sino como una imposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez al resistirse a aplicar esta las mismas restricciones que se estrenaron en Madrid hace una semana. El Consejo de Ministros extraordinario convocado este viernes finalmente Moncloa ha utilizado la herramienta -calificada de "último escenario" durante meses- para poder restringir la movilidad con garantías. En Directo | Evolución de la pandemia.
Ante crisis sanitarias como la actual, el Gobierno central tiene la capacidad imponer por decreto el estado de alarma -así lo establecen la Constitución en el artículo 116 y la ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio en su artículo 4- en todo el territorio o de manera parcial en una parte del mismo sin necesidad del aval del Congreso de los Diputados para su activación, es decir, tendrá que dar cuenta a la Cámara pero no requiere de su consentimiento hasta la primera prórroga.
Es el instrumento más potente con el que cuenta el Sánchez en la gestión de la pandemia y en las últimas horas se ha convertido prácticamente en la única baza del Ejecutivo para "doblegar la curva" en Madrid tras el varapalo judicial que supuso ayer el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la orden por la que hace una semana se cerraron Madrid capital y otros nueve municipios de la región.
La clave está en restringir la movilidad
La negativa del tribunal se basa en la forma y no en el fondo, por lo que el Gobierno ha de buscar una forma legal adecuada para poder implantar las medidas de restricción a la movilidad. La noche de jueves ya empezó a tomar forma la solución.
El Gobierno dio tres opciones al de Díaz Ayuso y en dos de ellas, la solución pasaba por el estado de alarma, o bien a petición de la comunidad o a imposición de Moncloa. Según explicó Sánchez este verano, antes de que se confirmara la segunda ola, el Gobierno descartaba un nuevo estado de alarma pero prometía su apoyo parlamentario a las CCAA que decidieran solicitarlo para combatir al virus. Es decir, si Díaz Ayuso hubiera decidido solicitar el estado de alarma para la región -sus planes nunca han salido de los confinamientos selectivos- posiblemente tendría que haber acudido al Congreso de los Diputados y recabar el apoyo.
Tampoco parecía el escenario más adecuado si se buscan soluciones inmediatas que impidan a los ciudadanos abandonar Madrid. En contrapunto, la aplicación del estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es inmediata.
La otra alternativa, la tercera, ofrecida por el Ejecutivo central es la que puede evitar el estado de alarma: "Que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dicte una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública", propuso anoche Moncloa.
Tras no convencer los planes de la Puerta del Sol -insisten en los confinamientos selectivos aunque endureciendo los criterios bajando la tasa de incidencia a 750 casos- el Gobierno, ha activado la contundente medida. Ya lo avisó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en respuesta al auto del TSJM: "Adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor se adapten a la decisión", dijo advirtiendo que no toleraría otro tira y afloja entre ambas administraciones.
