El rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al cierre de Madrid y otros nueve municipios al que obligó el Ministerio de Sanidad la semana pasada es el último contratiempo de la cartera que dirige Salvador Illa. Pocos minutos después de conocerse el auto, el ministro ha convocado esta tarde al 'grupo covid' para acordar con la Comunidad de Madrid los siguientes pasos.
"El plan a, el plan b y el plan c es proteger la salud pública basándonos siempre en recomendaciones de los expertos", ha indicado el ministro durante la Comisión de Sanidad en el Congreso en valoración de la noticia. Según ha dicho, ese es el criterio que siempre han seguido en las reuniones mantenidas con la Comunidad de Madrid, que comenzaron a petición de la propia región.
El TSJM no avala las medidas, de aplicación nacional, al entender que la ley en la que se basa Sanidad para limitar el movimiento de las ciudades que superen los umbrales de casos establecidos -Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud- no habilita medidas limitativas de derechos fundamentales.
"Quisiera ser claro, nos importa muy poco, es decir, nada, otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos"
En este sentido, Illa ha recordado que la orden se dio tras obtener "el respaldo a una acción de salud pública a nivel nacional a través de un acuerdo aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE)" el pasado jueves.
"Pensemos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios. A partir de aquí, guiados por lo que los expertos nos aconsejan, adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", ha señalado para asegurado que la Comunidad de Madrid compartirá sus planteamientos.
Así, Illa ha emplazado a tratar el asunto en el 'grupo covid' al que ha llamado a una reunión, que será finalmente este viernes, y al que acude con una advertencia: "Quisiera ser claro, nos importa muy poco, es decir, nada, otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos. Esa es la política del Gobierno que está alineada con la ciencia y con los técnicos".
En el turno de respuestas a las preguntas de los diputados en la Comisión, Illa ha recordado que "no es la primera vez" que la Justicia "no ratifica medidas de limitación de derechos" y ha recalcado, además del respeto al fallo, que "buscarán la forma de responder".
La resolución publicada en el BOE fue recurrida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a mediodía del viernes, a pocas horas de que entraran en vigor las nuevas restricciones. Ayuso presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contencioso-administrativo en el que pedía cautelares por "el perjuicio que se deriva de la invasión de competencias que ha supuesto la orden mediante una utilización torticera del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Sin embargo, en una declaración institucional, la presidenta regional ha anunciado que ha retirado la petición de medidas cautelares para evitar la incertidumbre mientras se diera a conocer ese falle (que podría ser contrario al criterio del TSJM).
Hasta la orden de Sanidad, el Gobierno regional había aplicado medidas restrictivas con limitación de movilidad en 45 zonas básicas de salud (ZBS) por la incidencia acumulada de contagios presentaban. Fue precisamente la última actualización de las limitaciones, con solo ocho zonas más afectadas, la que hizo saltar el entendimiento por los aires y propició la orden que ahora rechaza la justicia.
Ahora, según fuentes del Ejecutivo madrileño recogidas por Efe, la Abogacía de la Comunidad de Madrid está estudiando en qué situación queda la región y qué medidas puede adoptar para combatir la pandemia.
