Política

El Gobierno cambió de opinión en 48 horas sobre el cierre de Madrid

  • Díaz Ayuso no esconde su sorpresa ante el cambio de criterio de Sanidad
  • El pasado martes, el ministro Illa confiaba en las medidas "por descontado"
  • Los criterios científicos vuelven a ser un arma arrojadiza en la gestión
El ministro Salvador Illa. Foto: Efe

Hace justo una semana se anunciaba a bombo y platillo y con decenas de banderas de España y de la Comunidad de Madrid de fondo una tregua entre el Gobierno central y el de la región para sentarse a coordinar medidas que hicieran remitir el rápido avance del virus. Poco duró la paz y apenas cuatro días después todo saltó por los aires tras un cambio de postura del Ejecutivo sobre unas medidas le parecían adecuadas tan solo unos días antes.

El pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la jefa del Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acordaron en Sol la creación de un 'grupo covid' para elevar recomendaciones a la autonomía de cara a reducir el número de contagios en aumento que la llevan a liderar las cifras de las capitales europeas. La foto fue celebrada por ambas partes y se hizo coincidir con el primer día de aplicación de las restricciones a las primeras 37 zonas básicas de salud que sufrieron limitaciones a la movilidad y en algunas actividades. 

Un día después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reforzó esa idea de unión avalando las medidas aprobadas por el Gobierno regional. En concreto, durante una entrevista en Cadena Ser, Illa descartó que fuera momento de que la comunidad solicitara el estado de alarma y se mostró confiado tanto en que "por descontado" funcionarían las limitaciones aplicadas como en que aún existía margen de maniobra. 

Sin embargo, la alegría duró poco. Dos días después las tensiones ya dominaban las reuniones del 'grupo covid' y el viernes reventó la concordia. El Gobierno, en una muestra de superioridad, decidió convocar una rueda de prensa por sorpresa cinco minutos antes de la prevista por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, en la que anunciaría las nuevas áreas con restricciones.

Precisamente tras el anuncio de que solo ocho nuevas zonas se unieran a las 37 con prohibiciones se escondía el sentido de la disputa. Y es que Illa recomendó antes de la comparecencia cerrar la ciudad de Madrid, aplicar restricciones como el adelanto de los bares a las 22:00 horas a toda la comunidad y bajar el máximo de incidencia acumulada de 1.000 a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Los criterios científicos... otra vez

Las razones las basa ahora el Gobierno en el criterio científico y técnico de los expertos. "Que escuche a la ciencia", ha pedido a Díaz Ayuso este fin de semana para volver a justificar que si no endurece las medidas, el Gobierno intervendrá. Cabe recordar que el Ejecutivo no contó con un comité de expertos formal durante el estado de alarma a pesar de que el mismo fue referenciado en multitud de ocasiones por el Gobierno. Sin embargo, finalmente se vio obligado a reconocer ante el Consejo de Transparencia a finales de julio.

No se ha entendido el cambio radical del Gobierno en cuanto a la hoja de ruta que está siguiendo Madrid contra la pandemia. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado su sorpresa ante el cambio de criterio de Sanidad y lo ha achacado a una estrategia política en la que también enmarcaría el guerra 'norte-sur' o 'ricos-pobres' con la que se define su sistema de contención del virus. Ahora desde Sol se solicita al ministro que aplique las mismas medidas a todas las CCAA.

El desencuentro que recuerda al vivido, pero al revés, a raíz de las críticas al Gobierno por permitir la manifestación del 8-M cuando ya había advertencias científicas sobre lo que se avecinaba.

Para evitar otras crisis en la gestión de la pandemia con la ciencia como arma arrojadiza, Zapatero ha reivindicado "criterios técnicos" y "homogéneos" en todo el país y un "seguimiento de indicadores, no solamente de uno, sino de muchos más" como la valoración de la tendencia estable o creciente de la incidencia o la contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad que ya tiene en cuenta el Gobierno regional en sus actuaciones.

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