Este viernes, según la agenda de Moncloa, el presidente del Gobierno volvía al Palacio donde tiene su residencia oficial, para empezar el nuevo curso político, que en el caso del Ejecutivo arrancará el martes con un Consejo de Ministros.
Después de casi tres semanas de vacaciones, primero en La Mareta, y luego en Las Marismillas, el jefe de Gobierno regresa en un momento muy complicado sanitaria y económicamente hablando. Con rebrotes que ya no se distinguen de una segunda oleada. Con el turismo en uno de sus peores escenarios, y con recomendaciones extranjeras de no visitar nuestro país. Vuelve Sánchez a Madrid con Ertes cuyas ayudas no acaban por llegar, como la renta mínima -cuya tramitación revela un fracaso administrativo-. Y vuelve, también con un dato demoledor, una caída del PIB en el mes de julio de 18,5 puntos, casi como en la Guerra Civil.
Un imputado en el Gobierno
Si es dura esta pesadilla, no lo es menos la migraña que se le viene encima al presidente en un otoño prometedoramente oscuro, y que de momento, le ha sentado a un imputado dentro de su Gobierno. Se trata del asesor de Pablo Iglesias, Juan Manuel del Olmo, director de Estrategia y Comunicación de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Como socio de Ejecutivo que es, Sánchez compartirá mesa en el Consejo de Ministros de este martes, con el presidente de una formación imputada por blanqueo de dinero y financiación ilegal. Además, sobre Iglesias pesa la sospecha de la apropiación de una tarjeta de móvil, cuyo contenido se borró una vez que se la devolvió a su propietaria, exasesora, y parece que todavía amiga, Dina Bousselham, todo ello envuelto de un ala de misterio escatológico por supuesta concurrencia -según Iglesias- de las cloacas del Estado.
A Sánchez no le quedará más remedio que lidiar con la última apreciación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas
En este refinado ambiente, a Sánchez no le quedará más remedio que lidiar con la última apreciación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que en un informe dado a conocer este viernes, advierte de indicios de dos delitos por parte de Podemos de fraude electoral y falsedad en documento mercantil. Para más inri, el tesorero de la formación y la gerente del partido que dirige el actual vicepresidente del Gobierno del Reino de España también están imputados.
En el suma y sigue de las causas judiciales de Podemos, el próximo 15 de septiembre irán a declarar ante el juez Manuel García Castellón, Gloria Elizo, la que fuera responsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, la otra letrada que, junto a José Manuel Calvente, decidieron denunciar las irregularidades dentro del partido 'morado'.
La reacción del presidente
Tal como hace tres años, y ante la comparencia de Mariano Rajoy en el Congreso para dar cuenta de la 'Caja B' del Partido Popular, Pedro Sánchez, entonces sin escaño, pero siendo ya secretario general de los socialistas, concluyó que el presidente popular no tenía respuestas, luego estaba encubriendo la corrupción, por lo que tenía que dimitir.
Habrá que ver si ese mismo baremo será el que le aplique a su socio de Gobierno en esta ocasión, siendo la lucha contra la corrupción la bandera con la que despojó a Rajoy de Moncloa, merced a una moción de censura que apoyó toda la izquierda y el nacionalismo y separatismo del país.
La animosidad o empatía entre los miembros del Consejo de Ministros, si cabe se ha enrarecido aun más este verano. Las injerencias de Iglesias a la Justicia, su posición contra el Rey Juan Carlos, y la interpretación personal que tiene sobre la separación de poderes, no es la que comparten algunos de los ministros que cohabitan con el vicepresidente segundo del Gobierno en la bancada azul.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha declarado recientemente que le preocupa las imputaciones a Podemos, "pero hay que dejar actuar a la Justicia y ver cómo avanza la investigación". Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, además de reprobar a Iglesias por su manera de tratar a la Justicia, este viernes ha sido clara al rechazar esos escraches a los que Podemos llaman "jarabe democrático", menos cuando les afectan a ellos mismos.
La otra senda
En este clima de unidad irrumpe el Gobierno en el curso político con dos asignaturas económicas de extraordinaria relevancia. Una detrás de otra. Primero, la aprobación de la senda fiscal -aun sin definir, sin socios claros para apoyarla y con Europa mirándonos-, y en segundo lugar, la elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Por ahora, con los de Cristóbal Montero de 2018, el PP no se muestra muy partidario de dar luz verde a unas Cuentas Públicas que no conocen. Establecen de partida que no haya subidas fiscales, que haya control el gasto público y, que Podemos esté cuanto más lejos mejor.
Con una parte de España parada, en plena recesión, la apertura de los colegios en vilo, la amenaza de una nueva oleada de coronavirus, la moción de desgaste de Vox, las vacilantes fechas de elecciones en Cataluña, o el horizonte judicial de Iglesias -cada vez más enrevesado-, la legislatura de Sánchez se antoja algo más que un acto de fe.
