Los desmanes de Pablo Iglesias y de sus ministros (Unidas Podemos) están siendo los protagonistas del arranque de una legislatura marcada también por la subida impositiva y por la mesa de diálogo con los independentistas catalanes.
La metedura de pata de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encabezando el protocolo que las empresas debían adoptar con el coronavirus –en lugar de Sanidad–, y la bisoña Ley de Libertad Sexual de Irene Montero han colocado el listón muy alto en el rosario de desconciertos de un Ejecutivo en el que Podemos ha hecho saltar por los aires los principios de lealtad, consenso, discreción negociadora o respeto al resto de ministerios.
La primera consecuencia de la confrontación entre el ala socialista y el ala podemita del Ejecutivo de coalición, a dos meses apenas de constituirse el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, ha sido la convocatoria urgente, este jueves por la noche, de la mesa de coordinación entre el Grupo Socialista y la formación morada.
La urgencia de la cita se precipitó de tal modo, que lo que estaba previsto para el jueves de la próxima semana se acabó celebrando en la tarde de este viernes. El motivo de la diligencia está bien fundamentado. Hay que situarse en la bronca monumental a cuenta de la Ley de Libertad Sexual, norma por la que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha puesto todo su empeño en presentar antes de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Justicia filtró que la Ley de Libertad Sexual era un compendio de faltas de ortografía, pobreza gramatical y nula retórica
En los antecedentes, y después de algún resquemor hacia el texto, la ley llegó a Moncloa a modo de borrador, con dudoso formato para calificarlo como anteproyecto, y con más peros que aprobaciones por parte del equipo de Sánchez. En esta ocasión, el Ministerio de Justicia no tuvo reparos en filtrar que la legislación de marras era un compendio de faltas de ortografía, pobreza gramatical, nula retórica, adornada de inadecuada técnica jurídica, amén de 25 artículos duplicados en otras leyes vigentes y, por lo que se ha conocido después, con rebajas de penas a las violaciones graves.
El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, se limitó a indicar que, "a veces los políticos hablamos demasiado", y también que "las leyes tienen que ser lo más perfectas posibles". Una opinión, al menos esta última, compartida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ambos jueces y con suficientes conocimientos como para sentirse abochornados por la bisoñez del texto.
Reconocidos los errores, fuentes gubernamentales afirman que Sánchez, pese a todo, respaldó a la pareja del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien, ipso facto salió a la palestra para sentenciar que "hay mucho machista frustrado". El objeto de sus críticas era el ministro Campo. Pero tampoco han faltado críticas para Carmen Calvo, en contienda en los últimos días por ver quién se significa más feminista: Montero o Calvo.
Estos roces ha provocado que las mujeres socialistas y podemitas no quieran ir juntas en la manifestación por la mujer
Desde Moncloa hay quien recuerda que la número dos del Gobierno –partidaria de introducir unos artículos en el nuevo Código Penal, antes que la redacción de una ley propia– ya no tiene competencias en esa materia, al menos no las mismas que tenía hasta ahora. Eso y otros roces es lo que ha provocado que las mujeres socialistas y podemitas del Ejecutivo anuncien que no irán juntas en la manifestación por la mujer, que tendrá lugar este domingo.
Nueva epidemia
Pero el virus que inocula la relación de insomnio –como meses atrás la hubiera calificado Pedro Sánchez–, que alimenta una parte del aprendiz de equipo de Gobierno no viene solo de la mano de las tensiones con Justicia, donde Iglesias ha querido marcar de nuevo el terreno, como ya hizo con el Ministerio de Trabajo, al anticiparse a los demás y vender las bondades de la última subida del SMI, lo que tiene tan enfadado al mundo de la empresa y sobre todo al agrícola.
La epidemia del coronavirus ha dado pie a otra colisión de altura, donde el monclovismo que rodea a Sánchez ha tomado partido, desautorizando públicamente a la ministra podemita de Trabajo.
El incendio no era para menos. Yolanda Díaz se adelantaba a cualquier actuación y motu proprio –aunque ella afirma que tuvo el visto bueno de la Secretaría de Comunicación– enviaba a los medios una guía para la actuación en el ámbito laboral para hacer frente el virus procedente del sudeste China. En el documento se indicaba que, ante el riesgo de contagio, las empresas tienen que suspender la actividad y enviar al personal a sus casas.
La patronal de empresarios CEOE y Cepyme eran las primeras en reaccionar al arrebato de Díaz. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, era el primer en señalar que el decálogo de Trabajo "pone patas arriba el sistema público español". UGT, por su parte, lamentó que esta guía no se hubiera consensuado en un marco de diálogo con los agentes sociales.
"Las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad"
Unas horas más tarde del desatino de Díaz, la desautorización oficial a la ministra de Trabajo venía rubricado por la Secretaría de Estado de Comunicación, subrayando que "las indicaciones sobre la evolución del coronavirus y las medidas a tomar en España las está ofreciendo el Ministerio de Sanidad. Los organismos internacionales ofrecen desde la aparición del Covid-19 medidas de carácter general".
En España –explicaba el comunicado– todo el Gobierno sigue las Indicaciones concretas del Ministerio de Sanidad, que se basan en un seguimiento constante de la situación, transparencia informativa, toma de decisiones de acuerdo a la evidencia científica y coordinación total entre las distintas administraciones del Estado".
El modesto 'reformador'
En defensa de sus ministros, en este caso ministras, salía esta semana el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien estudiantes del Campus de la Complutense en Somosaguas le escrachearon un acto donde le gritaron: ¡Fuera, vendeobreros! Intentando calmar a los estudiantes, Iglesias les dijo que no viene mal escuchar lo que un modesto reformador tiene que decir, apostillaba.
El escrache de la Complutense, la universidad en la que él ha encabezado escraches a políticos como Rosa Díez, era apenas la muestra del botón de la discordia que las actuaciones de su pareja, Irene Montero, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, han tenido en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez.
Victoria Rosell afirmó que en el Gobierno hay quien tiene ganas de ir en contra del feminismo
Y es que para abundar en la defensa de la ministra de Igualdad, la delegada para la Violencia de Género, la jueza canaria Victoria Rosell, señaló "a los aledaños de la administración a los que les gusta ridiculizar las críticas a la Ley de Libertad Sexual; es decir, ganas de ir en contra del feminismo, entre los cuales se encuentran fascistas y misógInos, remató la dirigente podemita.
Con un tono más moderado y sin vehemencia, el ministro comunista de Consumo, Alberto Garzón, dijo al respecto que que no cree que haya "machistas en el Gobierno" y considera que lo que se ha producido entre los integrantes del Consejo de Ministros con el proyecto de ley de libertad sexual ha sido "una discusión de carácter técnico", que ha salido "hacia fuera de manera desafortunada".
El Rey emérito
El choque de fuerzas de la semana horribilis del Gobierno de Sánchez no ha quedado zanjado ni con el desastre del borrador de la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero ni con el caos la de gestión del coronavirus por parte de Trabajo. En esta ocasión, la formación morada se salía del guión fraternal de buen entendimiento y solicitaba la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la supuesta cuenta offshore del Rey emérito Don Juan Carlos en Suiza.
Pero el PSOE ha apagado el fuego rápido. Votando en contra y bloqueando la comisión de Unidas Podemos, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, afirmó que le sorprende que haya grupos en la Cámara Baja que planteen nuevamente una comisión de investigación sobre el Rey emérito, cuando "saben que no cabe constitucionalmente". Además, entre el PSOE y Unidas Podemos se han producido discrepancias en otros temas, como las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, o el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia que obliga a indemnizar a la familia de José Couso, donde el PSOE quiere recurrir la cantidad de 180.000 euros a la familia de cámara de Telecinco.
Por estas razones, PP, Vox y Cs quieren que el Gobierno dé explicaciones la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
