Madrid
Tras el terremoto del viernes por la tarde, con la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Quim Torra y suspender la inmunidad de Oriol Junqueras, Pedro Sánchez ha aprovechado su discurso de investidura para hacer una defensa encendida de la negociación con la Generalitat para "dejar atrás la judicialización del conflicto", que ha defendido como político. Además, ha indicado que la reforma fiscal pactada con Unidas Podemos servirá para reducir la desigualdad y ha puesto veto a futuras privatizaciones del sector público.
La cita ha sido aprovechada por el candidato socialista para refrendar su acuerdo con ERC y anunciar a los grupos de propia voz una "mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña" para abordar la crisis de la región, "todo dentro de la Constitución". Antes ha preparado el terreno para un auditorio, en la bancada de la derecha, hostil a esta propuesta. "Los españoles y las españolas han decidido repartir con equilibrio su voto. Quieren acuerdos amplios. Quieren que superemos tensiones territoriales y el conflicto político que enturbia la relación de Cataluña con España".
En este sentido, ha indicado que buscará una "solución política para un conflicto de naturaleza política. Esta crisis es heredada y asumimos con toda lealtad constitucional para devolver a la política un conflicto político, dejando atrás una deriva judicial que tanto dolor ha provocado en Cataluña y España. Necesitamos recomenzar el diálogo, retomar la senda de la política y dejar atrás la judicialización del conflicto", ha asegurado, consciente de que la Ejecutiva Nacional de ERC que se ha reunido este sábado, reafirmando su abstención en la investidura, estaría atenta a sus palabras. "No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo a la mayoría progresista elegida democráticamente", ha afirmado.
Servicios públicos
Por otro lado, en un discurso en el que el candidato socialista ha pasado de puntillas por las perspectivas económicas de España - solo ha indicado que "necesitamos consolidar el crecimiento económico, la competitividad, la productividad y la cohesión"- en plena desaceleración y con pronósticos a la baja, y ha defendido la reforma fiscal que ha pactado el PSOE con Unidas Podemos, su socio en un futuro gobierno de coalición. "La desigualdad extrema es corrosiva", y contra ella ha defendido la "redistribución de los ingresos más bajos" y la "justicia fiscal". En este sentido, ha mandado un aviso a navegantes: futuras privatizaciones parecen descartadas. Ha apostado por la universalidad de los "servicios públicos" en sanidad y educación, cuya financiación y prestaciones promete mejorar. "Lo público nos vincula y nos representa como sociedad. "No creemos en una sociedad de mercado, porque no se puede entregar al mercado bienes como la salud, como la educación, como la seguridad, como el porvenir, y la vida de las personas.
"España es la educación es la educación pública, es la pensión publica, es la atención sanitaria pública, la seguridad pública de nuestras calles, los impuestos que pagamos solidariamente", ha reiterado Sánchez, quien, con un ojo echado a la política fiscal de Madrid, región de signo 'popular', ha opinado: "El dinero no siempre está mejor en el bolsillo de quien gestiona una fortuna, está mejor en las escuelas, en los hospitales, en las pensiones, en los servicios que amparan nuestros derechos y libertades. Eso es patriotismo y es el patriotismo social que defiende la coalición progresista.
Reforma laboral
Ha desgranado su programa, destacando, entre otras cuestiones, la derogación completa de la reforma laboral del PP, el alza de las pensiones y de los salarios públicos y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% del sueldo medio español. Además, ha abundado que habrá más medidas contra el fraude fiscal, que se revisará el régimen fiscal de las cooperativas y que las subidas fiscales evitarán las rentas medias.
Por ejemplo, el IRPF se subirá solo en rentas superiores a 130.000 euros. "Modernizaremos el sistema fiscal para mejorar la eficiencia de los ingresos. Pero también hay que ser más eficientes en el gasto público".
Defensa del modelo autonómico
El presidente en funciones ha hecho una cerrada defensa del modelo autonómico. "El autogobierno ha mejorado la gestión de recursos. El nuestro es un modelo complejo, pero esto no puede convertirse en un pretexto para no avanzar. Hay que compartir el poder, no limitar el poder, no asumirlo solo una institución. Por ello se va a avanzar en "los mecanismos de colaboración institucional. Esta será la legislatura del diálogo territorial y de la financiación autonómica, que se mejorará.
Además, el candidato ha defendido medidas para mejorar la transparencia de los lobbis, para combatir los cárteles empresariales y para "facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados de la Iglesia".
