Madrid
Tres territorios han estado marcados por la tensión política y social y por los disturbios en las últimas semanas. Se trata de Chile, Bolivia y Ecuador, un trío de países que mantiene en vilo a Latinoamérica. Análisis: la crisis política en América Latina se contagia y amenaza el crecimiento.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, enfrenta desde hace ya dos semanas una oleada de violencia y protestas masivas en el país sin precedentes. Aunque el disparador del estallido social fue el alza del precio del transporte, cualquier otra medida podría haber sido el detonante. Los bajos salarios, el aumento de la desigualdad, la privatización de servicios esenciales como la sanidad y la educación o las bajas pensiones, han elevado el descontento de los chilenos, que exigen profundas reformas al modelo neoliberal que ha resultado ser un éxito en cifras macroeconómicas pero muy alejado de las necesidades de la sociedad.
Carlos Malamud, Catedrático de Historia de América de la UNED, considera además que "el movimiento estudiantil del país es muy fuerte" y está muy organizado y hay unos grupos anarquistas "muy decididos a causar problemas" y generar desórdenes públicos. "Todo ello genera un caldo de cultivo que en algún momento tenía que estallar o por lo menos manifestarse" afirma. Tampoco ayudaron a calmar los ánimos las palabras de Piñera, quien afirmó que el país "estaba en guerra contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite". Unas palabras sin duda "desafortunadas", según destaca Malamud, y con las que incluso el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, tomó distancia al afirmar que es "un hombre feliz que no está en guerra con nadie".
Después de unos días de estado de emergencia, toque de queda y con el Ejército en las calles, el presidente decidió dar marcha atrás: canceló el alza del precio del transporte y anunció unas medidas económicas que ayudaran a calmar la violencia en las calles y el descontento social. El plan, que tendrá un coste de 1.200 millones de dólares para las arcas públicas del próximo año, contempla, entre otras medidas, el aumento del salario mínimo, un alza en las pensiones a diversos grupos socioeconómicos o la estabilización de precios en las tarifas eléctricas. Asimismo, Piñera aceptó la renuncia de ocho de sus 24 ministros. Pero aunque las medidas "van en la buena dirección", según considera Malamud, han sido insuficientes porque no han calmado las manifestaciones masivas. Piñera se ha visto obligado a cancelar la cumbre de líderes de APEC y la cumbre climática COP25.
¿Hay entonces una solución inmediata a esta crisis social? El Catedrático afirma que "va a ser muy difícil porque todo esto tiene que pasar por un gran acuerdo nacional entre los partidos y con un programa económico potente que convenza a los chilenos de que se va a actuar en la buena dirección". Se deben tomar medidas concretas que cumplan con algunas de las reivindicaciones populares. "El presidente dijo que había tomado nota del sentir popular, pero habrá que ver cómo se expresa esto" apunta Malamud, quien señala que Piñera no debería dimitir porque "sería un desastre", a pesar de que el apoyo al presidente se ha desplomado a un 14% , el menor nivel para un gobernante en Chile desde el retorno a la democracia en 1990. "Su dimisión causaría más problemas que soluciones en estos momentos" sentencia el Catedrático.
Caos en Bolivia
Bolivia lleva sumido en el caos desde las elecciones del 20 de octubre. Tras un polémico parón de 24 horas durante el conteo de votos, el actual presidente, Evo Morales, acabó logrando la victoria frente al opositor Carlos Mesa sin necesidad de una segunda vuelta. Antes de la interrupción del sistema de conteo, Morales también conseguía el triunfo, pero lo hacía por menos de diez puntos de diferencia frente a Mesa, lo que obligaba a celebrar una segunda vuelta más favorable para el candidato opositor que para el actual presidente.
Ese cambio en la tendencia de los votos ha sido esgrimido por la oposición para tachar de "fraude gigantesco" los comicios. Mesa demanda la anulación y repetición de las elecciones presidenciales, mientras que el Gobierno de Morales califica las protestas de la oposición de "golpe de estado". Ambos bandos han llamado a la movilización de sus simpatizantes, lo que ha provocado duros enfrentamientos en las calles y la quema de tribunales electorales.
Ante el aumento de la tensión en el país, Morales ha accedido a llevar a cabo una auditoría con presencia de observadores internacionales y se ha comprometido a que los resultados que se desprendan del proceso serán vinculantes. España es uno de los países que participan en la auditoría, que está siendo llevada a cabo por la Organización de Estados Americanos. El proceso, al que Mesa se niega a dar validez, incluye un nuevo cómputo de los votos, la verificación de las actas electorales y la comprobación de que la cadena de custodia de las actas fue llevada a cabo de forma correcta.
Morales sí está dispuesto a realizar una segunda vuelta de las elecciones si así lo determina la OEA en su auditoría, aunque no aceptaría volver a repetir los comicios. Desde su polémica victoria, el presidente ha hecho distintos llamamientos a sus seguidores para "defender la democracia". El colectivo indígena, uno de los principales apoyos de Morales en el país, han llevado a cabo bloqueos en las zonas rurales para dificultar el abastecimiento de las ciudades.
En las grandes urbes, donde la oposición cuenta con más apoyos, se han convocado paros indefinidos hasta que se solucione la crisis. Los opositores llevan ya casi dos semanas bloqueando calles, quemando mobiliario público y protagonizando duros enfrentamientos con la policía. Esperan que la dureza de los conflictos acabe obligando a Morales a repetir los comicios, pero el Gobierno cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, un 'as' bajo la manga que por ahora se ha resistido a usar.
El combustible, clave en Ecuador
La decisión del Gobierno de Ecuador de liberalizar el precio del combustible desencadenó una oleada de disturbios en todo el país que acabaron con el presidente, Lenín Moreno, cancelando la polémica. Las violentas protestas estuvieron encabezadas por el sector del transporte, grupos estudiantiles y movimientos indígenas. Estos últimos provocaron los principales destrozos en unos enfrentamientos que han dejado ocho muertos, 1.192 detenidos y pérdidas millonarias.
El FMI está en el centro del huracán. El Gobierno ecuatoriano pactó el pasado mes de febrero un préstamo de 4.200 millones de dólares a cambio de reformas estructurales para reducir el déficit fiscal de 3.600 millones de dólares a 1.000 millones en 2020. Entre las medidas figuraba la liberalización de los precios de los combustibles, que habría disparado su precio casi un 50%. El Gobierno calcula que, solo eliminando este subsidio, el Estado se podría haber ahorrado al año unos 1.500 millones de dólares. El conflicto ha dejado en evidencia la incapacidad de Moreno para cumplir con los compromisos adquiridos con el FMI y ha profundizado la brecha existente entre el actual mandatario y su antecesor, Rafael Correa. El que fuera el padre político de Moreno ya ha anunciado que quiere volver a la primera línea de la política, aunque las órdenes de detención que pesan sobre él en el país podrían dificultar su objetivo.
Ya hay quien especula con que Correa buscará fórmulas parecidas a la utilizada por Cristina Kirchner en Argentina para volver a la escena política, lo que podría acabar enfrentando a Ecuador con el FMI.
