Madrid / Barcelona
El ámbito de la fiscalidad se ha convertido en un campo de batalla más entre el PSOE y el PP. En un nuevo capítulo de esta particular guerra, las regiones de signo popular han decidido iniciar una ofensiva basada en bajadas de impuestos, una estrategia que no es casualidad: con ella pretenden contraatacar las alzas fiscales que llegarán si finalmente Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno y los socialistas se mantienen en Moncloa.
La región que hizo el primer anuncio al respecto fue Madrid, que mantiene esta apuesta y cree que debería ser compartida por el resto del mapa autonómico. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, defendió este lunes en uno de sus primeros actos públicos desde que tomó posesión del cargo las ventajas de las rebajas fiscales que ha realizado la Comunidad en los últimos 16 años y animó al resto de los territorios a seguir sus pasos.
Menor presión
En una conferencia en Barcelona, reivindicó que una menor presión fiscal favorece el empleo y el crecimiento, y que por ello prevé seguir esta senda en Madrid, y rechazó que esta política suponga una guerra con el resto de autonomías, sino una estrategia ante la competencia global, que el resto de las regiones deberían copiar. "No competimos regionalmente en España, competimos con lugares como Irlanda, con hasta nueve puntos menos de presión fiscal", ejemplificó. "En la Comunidad de Madrid intentaremos compensar con las herramientas a nuestro alcance el aumento de presión fiscal que pueda impulsar el Gobierno central".
En esta dirección trabaja también el otro gran estandarte popular, Andalucía, que anunció que va a mantener la línea de rebajas fiscales que iniciara a principios de este año con el cambio de Gobierno en la Junta.
Sucesiones
Castilla y León también se suma a la batalla en este terreno y el pasado fin de semana confirmó que va a eliminar el Impuesto de Sucesiones en la región, condición que estaba recogida en el acuerdo de Gobierno entre PP y Ciudadanos. Además, aplicará una bonificación del 99% del tributo en caso de donaciones a familiares directos, lo cual supone descontar unos 200 millones de euros de la recaudación regional.
De esta manera, las regiones gobernadas por el PP pretenden aliviar la presión fiscal que pretende elevar el potencial Gobierno del PSOE, si hay suficientes apoyos para mantener a Sánchez en la Presidencia. En este sentido, los socialistas manejan medidas tributarias para aumentar la recaudación en unos 5.600 millones en 2020.
