Madrid
Vivimos tiempos, en este verano de 2025, de enorme complejidad en el escenario internacional, ante la incertidumbre que produce el impacto que va a tener la política arancelaria de Estados Unidos tensionando el comercio global, con dos guerras activas en Europa y Oriente Próximo, y con la inflación aún latente en muchas economías desarrolladas. En medio de todo este contexto, España se ha convertido en un ejemplo de estabilidad y liderazgo económico en el conjunto de la Unión Europea. Este éxito de país es el resultado de una política económica rigurosa, solvente y socialmente comprometida, desplegada por el gobierno de Pedro Sánchez desde 2018. Una estrategia que ha apostado por la inversión pública, la modernización productiva y la cohesión social como motores de un crecimiento inclusivo y sostenible, que está permitiendo crear más empleo que nunca y también más estable y de mayor calidad.
El crecimiento económico registrado en 2024, un 3,2%, muy por encima de la media de la Eurozona, no es un dato aislado. Las previsiones para 2025 y 2026, tanto de la Comisión Europea como del FMI y la OCDE, vuelven a situar a nuestro país a la cabeza del crecimiento. Pero más allá de los números, lo relevante es que España crece con cohesión social, modernización productiva y justicia redistributiva. Hemos superado a Japón en PIB per cápita, la deuda pública está por debajo del 102% tras haber bajado más de 18 puntos desde 2020, y el déficit se ha reducido al 2,8%, cumpliendo con los criterios del Pacto de Estabilidad europeo.
Pero hay algo aún más importante: ese crecimiento se traduce en bienestar. Hoy tenemos 22 millones de personas trabajando, la cifra más alta jamás alcanza; el paro está en mínimos históricos desde hace 18 años y nueve de cada diez contratos son indefinidos. La reforma laboral, el aumento del salario mínimo un 61% desde los 735 euros hasta los 1.184 euros, y la revalorización de las pensiones conforme al IPC han sido pilares del nuevo contrato social entre progreso económico y justicia social. La Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo corrobora: en el segundo trimestre de este 2025 se ha alcanzado la cifra de 22.270.000 afiliados a la Seguridad Social, 22.165.000 personas en términos desestacionalizados, registrando un nuevo máximo histórico.
Nunca ha habido tantas personas trabajando en España y, además, nunca el empleo creado había sido de tanta calidad. La tasa de ocupación alcanzó su máximo histórico, un 68,3% durante tres trimestres consecutivos; y la ocupación creció por encima del 0,6%, un indicador relevante del elevado dinamismo en la creación de empleo. Solo en el último año, la ocupación ha aumentado en 580.200 personas en términos desestacionalizados, un 2,69% más respecto al año anterior. Y la población activa ha aumentado hasta los 24,8 millones de personas, la cifra más alta de la serie histórica, con un incremento de 267.200 personas en el trimestre anterior. Cifras y datos históricos que avalan la política económica y de empleo del Gobierno de España y demuestran que la hoja de ruta marcada con las reformas estructurales y el despliegue de los fondos europeos están funcionando.
En este contexto, es importante destacar que la tasa de paro siguió reduciéndose hasta el 10,29%, la menor desde 2008, con una reducción de más de un punto respecto al último trimestre, y muy cerca de situarse por debajo del umbral del 10%, en ese objetivo de país que busca acabar con uno de los problemas estructurales de la economía española, reduciendo progresivamente el desempleo hasta alcanzar el 7%, la media de la Unión Europea. Las cifras también revelan cambios de tendencia en el mercado de trabajo. Así, el empleo en el sector privado ha superado por primera vez los 18,75 millones de ocupados; nueve de cada diez empleos creados en el último trimestre pertenecen a este sector. Y la tasa de paro juvenil ha continuado descendiendo, reduciéndose más de dos puntos en términos interanuales, hasta el 24,5%, su nivel más bajo desde 2008. En julio de 2025, hay 86.500 jóvenes más trabajando que hace un año, con un crecimiento del 6,7%.
También está aumentando la estabilidad en el empleo, con un crecimiento de la ocupación indefinida en el segundo trimestre de 354.600 trabajadores, hasta los 16,05 millones de personas. Y continúa también el aumento de las horas trabajadas, que de abril a junio se incrementaron el 2,42%, reduciéndose otros de los problemas estructurales del mercado laboral español como son la baja productividad, la precariedad y la temporalidad. Ese modelo de crecimiento inclusivo, que tiene en el empleo su mejor exponente, tiene una clave: el despliegue de los fondos europeos, que está impulsando una transformación sin precedentes de nuestro tejido productivo. Gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estamos acelerando la digitalización de nuestras empresas, modernizando sectores estratégicos como la automoción, la energía o la agroindustria, y desplegando infraestructuras sostenibles que preparan a nuestro país para los retos del siglo XXI, lo que permite crear empleo más estable y también en sectores de alto valor añadido. Esa es la buena política. La que demuestra que se puede crecer y redistribuir al mismo tiempo, como hace el Gobierno de España, que ha hecho que, en un mundo de incertidumbre, nuestro país avance con paso firme gracias a una estrategia clara: crecimiento con equidad, empleo con calidad, inversión con transformación y progreso con dignidad.