Madrid
Coinciden la teoría económica y los manuales de buena gestión en que los impuestos son un pago obligatorio de los ciudadanos para financiar servicios esenciales del Estado como educación, salud, seguridad y mantenimiento de infraestructuras permitiendo que el Estado pueda ofrecer a los ciudadanos determinados bienes y servicios dirigidos a incrementar el bienestar social.
Pues bien, aquí en este país, donde el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado 94 subidas de impuestos y cotizaciones sociales en sólo siete años y donde el esfuerzo fiscal de los españoles es un 17,8% superior a la media de nuestros socios europeos y el más alto de la UE hasta el punto de que un español medio dedica hoy el 45% de sus ingresos a pagar impuestos lo que expertos fiscales califican de confiscatorio, resulta que estamos en el furgón de cola de Europa en la calidad de nuestros servicios, competitividad y asistencia social mientras lideramos el desempleo y la pobreza. Así hemos tenido que vivir un apagón tercermundista sin que todavía nadie nos haya dado una explicación convincente aunque todos, absolutamente todos, los técnicos y los expertos coinciden en señalar al "furia verde" y a la falta de inversión del gobierno en la red eléctrica como los culpables del desaguisado.
Falta de inversión en las infraestructuras que se ha confirmado también como el origen de que en España hayamos pasado de tener el mejor transporte ferroviario y de alta velocidad de Europa a que hoy se haya convertido en un servicio bananero y que coger un tren sea una odisea con final impredecible. Añadir a esto el colapso de los servicios de empleo del SEPE, las colas interminables de la Seguridad Social o de Tráfico, las listas de espera sanitarias, la baja calificación de nuestros escolares y del sistema educativo en el informe Pisa y otros rankings internacionales, la baja productividad de nuestra economía o la precariedad laboral que afecta ya al 42% de todos los puestos de trabajo habrá que convenir que con Sánchez los españoles pagamos muchos más impuestos y tenemos peores servicios, además de preguntarse ¿a dónde va el dinero de nuestros impuestos?
Pregunta que sólo con hacer un repaso a las informaciones que inundan día a día los medios de comunicación podemos empezar a responder. Resulta que vemos como el administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, abonó en total 59.516 euros por los 24 meses que Jésica Rodríguez, la "sobrina" de pago de Ábalos permaneció ligada a la compañía sin acudir un solo día a trabajar. Además, la UCO cifra en 88.000 euros los pagos de 32 mensualidades a un piso de lujo en el edificio Torre de Madrid de Plaza de España al tiempo que Jésica reclamó un total de 39.300 euros por acompañar al entonces ministro de Transportes y número tres del PSOE a un total de 33 viajes oficiales y actos de partido. Hemos conocido también que el Ministerio de Transportes pagó 500.000 euros a Ábalos en dietas exentas de tributar. Que Claudia Montes, ex Miss Asturias y también vinculada al exministro de Transportes fue contratada en la empresa pública Logirail, Que el hermano de Pedro Sánchez ha incrementado su patrimonio en 600.000 euros entre su desembarco en Badajoz en 2017 y 2024 como muestran sus declaraciones a la Diputación de Badajoz, en la que ha tenido un sueldo de entre 48.000 y 55.500 euros. Que María Cristina Álvarez, la asesora personal de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, imputada por las gestiones realizadas para la esposa del presidente en relación a la cátedra de la Universidad Complutense tiene un sueldo próximo a los 37.000 euros netos que pagamos todos.
Añadir a lo anterior el coste de las juergas y destrozos de Ábalos en los paradores o los 475 millones de euros aprobados por el Gobierno para Air Europa mediante un préstamo participativo de 240 millones y otro préstamo ordinario de 235 millones que se fraccionaron en dos para evitar la fiscalización de la UE. Y ahora nos enteramos también que Víctor de Aldama el comisionista la trama relacionada con Ábalos y Koldo aseguró sede judicial que entregó un sobre con 15.000 euros al ahora número tres del PSOE Santos Cerdán supuestamente al que la UCO implica en contratos de obras públicas en Navarra. No es magia. Son tus impuestos.
