La obra vinculada a una supuesta mordida a Santos Cerdán se adjudicó pese a la negativa de gran parte de la mesa de contratación. De acuerdo con las actas del contrato a las que ha tenido acceso este periódico, el vocal secretario, Lorenzo Serena Puig, junto con el vocal interventor, Jesús Muñoz Apesteguía, y otros miembros de la mesa, alertaron de algunas irregularidades que se estaban produciendo para adjudicar la obra a la UTE formada por Acciona, Excavaciones Fermin Osés y Servinabar.
En sus respectivos votos particulares, donde se oponían a la decisión de adjudicar la obra de la construcción del túnel de Belate para el que se dotó de una cuantía económica de 76 millones de euros, tanto el secretario de la mesa como el vocal interventor alegaban que el informe que valoraba las distintas ofertas presentadas no exponía "las razones que justifican las puntuaciones".
Alegaron asimismo que la votación tampoco "expresaba las ventajas de unas ofertas frente a otras, sino que, por el contrario, se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que dichas ofertas no sean comparadas de forma homogénea".
En este punto, según se desprende del documento, los vocales afirmaron que "las puntuaciones de las ofertas técnicas pueden entenderse arbitrarias", que "no encontramos justificación a las puntuaciones otorgadas" y que, por tanto, se elude la legislación en materia de contratación pública. De hecho, explican que es necesario justificar los motivos de las puntuaciones y más "cuando se trata de una obra con la trascendencia social y económica de la presente".
Según explican en sus votos particulares, estos vocales insistieron a la mesa en que explicaran el -"porqué de las puntuaciones", pues a su juicio y según recoge el artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos, es una exigencia para que "cualquiera pueda conocer las razones por las que resulta mejor valorada una concreta oferta frente al resto y, llegado el caso, poder defender sus intereses".
Los vocales impugnan no obstante la ampliación del periodo a cinco años que acordó el resto de la mesa, asegurando, en primer lugar, que "es innecesaria" y, en segundo lugar, que de haber sido así "debería figurar incorporada al condicionado desde el principio, con la debida publicidad y seguridad jurídica, y no a posteriori, si se permite la expresión, introducida por la puerta de atrás", exponen.
"Las posturas son claras y no va a cambiar nada"
Los vocales exponen además que, "a diferencia de trámites anteriores", el procedimiento de adjudicación se llevó a cabo a través de un intercambio de correos electrónicos: "El presidente no ha considerado oportuno convocar ninguna reunión presencial, lo que ha forzado a un intercambio de correos electrónicos que no ha facilitado en modo alguno el encuentro de pareceres, incluso conocer con un mínimo de claridad algunas de las opiniones expuestas", asegura el secretario de la mesa. Sobre esto, el vocal interventor manifestó también la conveniencia de una reunión presencial de la Mesa. El presidente, sin embargo, consideró que no era "necesaria una reunión presencial, ya que las posturas son claras y no va a cambiar nada", recoge la documentación.
En cualquier caso, la obra que fue considerada por el Ejecutivo navarro como uno de los proyectos más importantes de los últimos años, fue adjudicada pese a la negativa de estos vocales. El contrato salió a concurso el 8 de febrero de 2023 y la UTE -formada por Acciona, Excavaciones Fermin Osés y Servinabar- recibió la mejor puntuación entre otros seis aspirantes. Puntuación que, según el argumento de estos miembros de la mesa, no cumplía con los requisitos que impone la ley.
