Madrid
El 70% de las plantas fotovoltaicas que hay en España, que son aquellas instaladas a partir de los años 2018 y 2019, pueden dar servicio de grid forming. Detrás de este anglicismo se encuentra la capacidad de las instalaciones de generación eléctrica para funcionar como un complemento dirigido a controlar la tensión en la red de transporte eléctrica. En otras palabras, prácticamente tres de cada cuatro plantas solares que hay en España podrían haberse utilizado para evitar o reducir el impacto del apagón sufrido en todo el país el pasado 28 de abril. Pese a ello, ninguna de estas instalaciones solares actuó en aquella jornada para resolver el problema de sobretensión en la red y falta de reservas en un momento de alta penetración de renovables, que condujo al colapso del sistema. La razón de ello reside en la falta de una normativa específica que regule los servicios de grid forming. Una carencia en la que Bruselas tiene parte de responsabilidad.
No en vano, la Unión Europea lleva desde 2023 tramitando la reforma del código técnico de redes para aprobar el grid forming. Por si fuera poco, el Gobierno también puso su granito de arena para que se produjera el apagón debido al retraso acumulado en un Real Decreto que tramita desde octubre para afrontar los problemas de tensión. Sin esa lentitud legislativa de Bruselas y del Ejecutivo español se podría haber evitado la caída del sistema o, al menos, haber logrado una recuperación más rápida del mismo. Una dejadez por parte de las administraciones que es del todo inaceptable. Más aún si se tiene en cuenta que desde el año 2019 se están lanzando alertas por parte de organismos nacionales e internacionales respecto a los problemas de control de tensión en la red.
