Madrid
El acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) marca un antes y un después en la legislatura. Por primera vez en cinco años, socialistas y populares se ponen de acuerdo en algo. ¿Se imaginan que lo hicieran para promover la industria o la vivienda, dos de los sectores que amenazan con cortocircuitar el crecimiento económico? Sería maravilloso.
La cuestión es ¿por qué han cedido ahora los socialistas? El compromiso del órgano de gobierno de los jueces abre la puerta a una renovación del CGPJ por parte de los propios jueces, siguiendo las pautas europeas y, además, elimina las puertas giratorias, al impedir que los políticos de todo signo y procedencia pueden acceder a un alto cargo de la carrera judicial o de la Fiscalía hasta cinco años después del fin de su mandato.
El motivo principal es el informe europeo sobre el estado Derecho en nuestro país, que contenía importantes críticas al órgano de gobierno de los jueces, a lo que se suma la politización de la Fiscalía General del Estado, que dirige García Ortiz. Por eso es difícil pensar que el entendimiento entre los dos grandes partidos vaya a tener continuidad.
Sánchez estará tentado a adelantar las generales si Cataluña tiene que repetir los comicios
Sánchez tiene muchos frentes abiertos, en los que tendrá que sudar tinta en los próximos meses y el PP no está dispuesto a colaborar con él para sacar las castañas del fuego. El más complejo es Cataluña. Hoy en día, nadie da un euro por un Gobierno de Salvador Illa. Ni el propio líder del PSC. El guerracivilismo dentro de ERC entre Oriol Junqueras y Marta Rovira hace muy difícil que le den su apoyo sin agrandar la herida abierta en el partido. El reloj electoral se puso ya en marcha en Cataluña y si no hay pacto antes del próximo 26 de agosto habrá que repetir las elecciones en octubre.
La financiación singular, que prepara María Jesús Montero por orden de Sánchez para lograr el apoyo de ERC, tropieza con la Constitución. Aunque se cree una Agencia Tributaria catalana consorciada con la estatal para recaudar todos los impuestos, no podrá tener ni Cupo ni Concierto. Es decir, que está obligada a compartirlos con la Hacienda estatal, en lugar de establecer un cupo, que en el caso catalán equivaldría al 20% de la recaudación estatal y le otorgaría una financiación muy superior a la actual.
El Cupo y el Concierto son dos instrumentos recogidos en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 en reconocimiento histórico de los fueros vasco y navarro desde las guerras carlistas. Su implantación en Cataluña requeriría modificar la Carta Magna. Esta circunstancia, aumenta el pesimismo entre los socialistas sobre un acuerdo con ERC.
El Gobierno tiene, sin embargo, la sartén por el mango porque la nueva financiación se podría aprobar sin el visto bueno del resto de autonomías, debido a que el Ministerio de Hacienda tiene el 50% de los votos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera encargado de su aprobación. ¿Va a abrir Sánchez ese melón para echarse encima al resto de autonomías? Es complicado, pese a las promesas de Montero.
El segundo escollo es el Presupuesto, que Montero ya comenzó a cocinar con esmero. Puigdemont quiere ser presidente y condiciona su apoyo en Madrid a que él reciba el de los socialistas en Cataluña. Sin la abstención para investir a Puigdemont no habrá Presupuestos Generales del Estado por segundo año consecutivo.
Un escenario de una repetición electoral en Cataluña perjudica a priori a Illa, porque el electorado lo castigaría por su incapacidad para ser investido presidente.
Sánchez está tentado, según algunas fuentes, a adelantar las elecciones generales en torno a esa misma fecha, 13 de octubre, para favorecer a su candidato y evitar una nueva prórroga presupuestaria.
Las elecciones europeas muestran que el PSOE podría acercarse a los escaños del PP si el resultado se traslada a unas elecciones generales, en las que el voto de la derecha se dividiría por tres, tras la aparición del partido de las ardillas, de Luis Alvise. Un adelanto electoral remataría, además, a su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ya está en la cuerda floja por la convulsión con Sumar y su enfrentamiento con Podemos.
Pero todo va a depender del resultado de los sondeos y de las circunstancias políticas en otoño. Aún es muy pronto para predicciones. "Tomará la decisión que más le interese a él y punto", aseguran. La imputación de su esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias le obliga a ser muy precavido, porque necesita seguir en el Gobierno para estar aforado, ante una eventual investigación judicial.
El pacto con Feijóo ha agitado las aguas internas dentro del PP y permite a Sánchez ofrecer una imagen de centralidad. La economía no va "como un cohete", como asegura Montero, pero sí es cierto que atraviesa un momento dulce, con un crecimiento por encima del 2% del PIB y el mantenimiento de la creación de empleo, aunque su precariedad se disfrace con el trampantojo de los fijos discontinuos.
El Gobierno insiste en que la legislatura arranca ahora y se dispone a poner en marcha más de cuarenta proyectos legislativos, que guarda en el armario desde hace meses, ante la ausencia de mayoría parlamentaria . Pero con este panorama electoral, incluso si Illa es investido, nada garantiza que vaya a poder sacarlos adelante. Sólo Sumar y Bildu han apoyado el pacto del CGPJ.
El acuerdo con el PP debería ayudar a desbloquear algunos asuntos urgentes, como la Ley del Suelo o la Ley de Industria, que está en ciernes. Las discrepancias electorales tumbaron una normativa sobre el suelo que paraliza cientos de planeamientos inmobiliarios, necesarios para abaratar la vivienda e impulsar la actividad económica. Actuaciones como la limitación a los pisos turísticos también debería obtener el consenso de ambos partidos. Pero tanto Bolaños como Feijoo han mostrado reticencias en las últimas horas para prorrogar los pactos a otros ámbitos alejados del CGPJ.
PP y PSOE no están dispuesto a ir más allá del CGPJ en sus pactos. Quizás el Banco de España
El acuerdo abre la puerta a la renovación del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE). Los contactos han comenzado, pero no se sabe a qué instituciones afectará, según medios cercanos.
El nuevo gobernador debería ser designado pronto para que España recupere su silla en el consejo del BCE. La secretaria del Tesoro, Paula Conthe, emerge con fuerza en la lista enviada por el ministro de Economía a Sánchez para el cargo, aunque hay otros que van desde Fernando Restoy y José Manuel Campa al ministro de ´Transformación Digital, José Luis Escrivá. Todos son candidatos de prestigio y con conocimientos acreditados.
"Sobre todo se trata de elegir a un perfil con un pensamiento cercano, que influya en la orientación de los numerosos informes que produce la institución monetaria y que tienen mucha repercusión en los medios de comunicación y en la sociedad española", señala un antiguo consejero. Como subgobernador por parte del PP se comenta la posibilidad de designar a Ramón Quintana, director general de Mecanismo Único de Supervisión del BCE.
Más sorprendente es la CNMV, donde Carlos Cuerpo se había negado hasta ahora a romper el tándem formado por el presidente, Rodrigo, Rodrigo Buenaventura, y su vicepresidenta, Montse Martínez Parera, cuyo puesto estaría sobre la mesa de negociación. En la institución se recuerda que quebrar la armonía actual podría revivir los enfrentamiento de tiempos pasados entre Pilar Valiente y Luis Ramallo ó Manuel Conthe y Carlos Arenillas.
Tampoco habría problemas para repartirse los cinco consejeros con mandato vencidos o a punto de vencer en la CNMC. Más controvertida es la futura CNE, que contaría con siete vocales. Sobre todo, si la actual vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, permanece en su puesto, dada su tendencia a acaparar el poder.
La economía exige pactos al estilo del CGPJ en aspectos esenciales como la financiación autonómica, las pensiones, la mejora de la productividad que son imposibles en la circunstancias actuales. La legislatura está abocada a agonizar entre citas electorales y periodos de incertidumbre hasta que Sánchez encuentre el momento oportuno de ir a las urnas. Hasta entonces, la ingobernabilidad irá en aumento.