Lograr el apoyo del independentismo catalán a la investidura ya supuso realizar importantes cesiones con un alto coste económico, como la condonación de parte de la deuda catalana con el FLA o la transferencia de Rodalies. Pero también desde un punto de vista político y judicial, como es el caso de la ley de amnistía, que atenta contra el Estado de derecho. Pero todas estas cesiones del Gobierno no aseguraban contar con el apoyo de Junts y ERC durante la legislatura. Algo que quedó meridianamente claro durante la votación del decreto ómnibus y el de las medidas anticrisis, que el Ejecutivo logró sacar adelante gracias a la abstención a última hora de Junts. Para ello, el Gobierno tuvo que plegarse de nuevo a las exigencias de los de Puigdemont asumiendo la totalidad de las bonificaciones del transporte público y transfiriendo a Cataluña las competencias en inmigración.
Además, se compromete a un cambio en la legislación para facilitar el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron tras el 1-O, uno de los grandes objetivos de Junts. Un viaje de vuelta que se pretende conseguir dando incentivos para que las compañías tributen donde tienen más actividad. Por si fuera poco, Hacienda también cumplirá con Junts y publicará las balanzas fiscales suspendidas desde 2014, lo que abre la puerta a una nueva financiación autonómica que, obviamente, beneficiará a Cataluña. Queda así patente que sacar adelante cualquier ley en el Congreso será un suplicio para el Gobierno que tendrá que seguir dando cada vez más a formaciones como Junts o ERC a las que les importa muy poco la seguridad jurídica y el futuro del país. Una legislatura con un goteo continuo de cesiones que tendrá un alto coste y que supone una inadmisible venta troceada de España a Cataluña.