El Gobierno saca adelante in extremis dos de los tres grandes decretos que se debatieron en el Congreso. Podemos se mantuvo fiel a lo que había adelantando en los días previos y mantuvo su voto negativo, lo que impidió la aprobación de la reforma de los subsidios por desempleo impulsada por la vicepresidenta Díaz. En cambio, el Ejecutivo sí que logró el visto bueno de la cámara en las otras dos normativas. En concreto, la ley ómnibus, que incluye cambios para la Justicia y la función pública y el decreto para la prolongación de las medidas anticrisis. En ambos casos el resultado fue 172 votos a favor y 171 en contra. Una ajustadísima victoria para el Ejecutivo en la que nadie confiaba. De hecho, solo el hecho de que Junts cambiara su voto negativo y se abstuviera en todas las votaciones permitió sacar adelante estas medidas.
Un inesperado cambio de posición que permitirá, entre otras cosas, que los pensionistas reciban el incremento del 3,8% previsto en la paga de enero, que estaba incluido en los decretos. No obstante, el volantazo de Junts tuvo un alto precio, ya que el Gobierno se vio obligado a retirar la cuestión prejudicial que podía frenar la ley de amnistía y legislará para que las empresas regresen a Cataluña, que es el otro gran objetivo de Junts. Estas cesiones y el hecho de que Podemos tumbara la reforma de los subsidios deja patente que la incertidumbre marcará la legislatura. Un mandato que estará en manos de socios del Gobierno tan poco fiables como Podemos y muy especialmente de Junts. De hecho, la votación de ayer reflejó la dependencia del Gobierno a los caprichos de esta formación, que ha demostrado que no tiene inconveniente alguno en ser los primeros en judicializar la política (lawfare) para defender sus intereses, aunque eso perjudique al resto.
