Prometía enfáticamente la propaganda del Gobierno que los fondos europeos serían el motor decisivo y necesario para la trasformación de la economía y del país. Sin embargo, la realidad de lo datos de ejecución y concesiones muestran que estos fondos no se están utilizando en su mayor parte para reactivar al sector privado, especialmente a las pymes, y para relanzar la economía productiva española. Al contrario, como resalta el último informe de la Intervención General del Estado correspondientes a la ejecución presupuestaria de los fondos de la UE en 2023, una parte importante de las ayudas del denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se está empleando para subvencionar organismos públicos que nada tienen que ver con el cambio de modelo de crecimiento ni con la modernización de la estructura económica y social.
De hecho, el citado informe expone que el Ejecutivo tiene previsto cerrar este año con un gasto de más de 3.300 millones de euros en transferencias y libramientos de los fondos en un conjunto de organismos públicos entre los que destacan la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el Instituto para la Juventud o de la Mujer, Patrimonio Nacional, el Consejo Superior de Deportes y el Servicio Público de Empleo (SEPE).
Dineros que en el caso del Consejo Superior de Deportes, que recibe 185 millones de euros se destinan a "gastos de funcionamiento", mientras que las partidas destinadas a Patrimonio Nacional por el Ministerio de Industria se dirigen a mantenimiento de inmuebles y la transición energética de sus edificios, y los 22 millones del CSIC son para asesoramiento sobre la diversidad marina y los servicios climáticos.
Mención especial merecen los casi 1.000 millones de euros que percibe el SEPE de los fondos del Ministerio de Trabajo, de los que se desconoce su destino, aunque es evidente que, como resaltaban recientemente algunos medios de comunicación, "no se emplean para abonar prestaciones, ni para digitalizar los procesos ni para incrementar las políticas activas de empleo".
Pero no es solo la Intervención General del Estado quien denuncia la mala gestión y la opacidad con los fondos europeos. Lo hicieron el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ahora se suma el Tribunal de Cuentas, quien exige más transparencia y denuncia importantes fallos de eficacia y de gestión.
En su Informe de Fiscalización de las medidas de la Administración sobre la implantación del Plan de Recuperación y Resiliencia, enviado a las Cortes la última semana y reproducido en varios medios de comunicación, el Tribunal que preside Enriqueta Chicano, afirma textualmente que "no hay datos publicados que permitan tener un conocimiento de los fondos que llegan a los destinatarios finales".
Tampoco se encuentra información sobre los fondos transferidos por el Estado a las comunidades autónomas ni sobre el destino que estas hacen del dinero. Al tiempo que denuncia carencias de coordinación, control de riesgos o suficiencia de personal, porque Hacienda sólo autoriza la mitad de los funcionarios solicitados, lo que se traduce en una falta de control provocando que, como reflejan las autoevaluaciones de los ministerios, hay beneficiarios que han conseguido dos o más veces fondos europeos.
Y para colofón un dato, Nadia Calviño sólo ha asignado el 7% de los 6.195 millones de fondos europeos de su ministerio. Como decíamos ayer, ¡que Dios coja confesado al BEI!
PD. Y, a vuelapluma, tres notas sobre el sustituto de la ya exministra al frente de la Economía, Carlos Cuerpo. Es un técnico con buen currículum y experiencia en la Administración y no es político, lo que explica que no herede el rango de vicepresidente y el ascenso de María Jesús Montero. Garantiza una política continuista puesto que era el segundo de Calviño. Y, para finalizar decir que era sólo la tercera opción de Sánchez para el cargo que habrían rechazado Manuel de la Rocha y David Vegara.