Atendía, entre interesado y expectante, a los actos conmemorativos del 45 Aniversario de la Constitución sin poder olvidar las omisiones, ofensas y agresiones que nuestra Carta Magna sufre hoy por parte del Gobierno que debería defenderla y de sus socios enemigos de España y de las libertades. Circunstancia esta que me llevó a evocar el profético libro de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en el que bajo el título de Cómo mueren las democracias alertan sobre la debilidad de los sistemas democráticos para protegerse de la amenaza de los populismos y de esos políticos que cuando alcanzan el poder, erosionan los usos y costumbres democráticos.
Un aviso que, casi sin querer, trasladaba mi intuición y pensamientos a los más que preocupantes síntomas de envenenamiento por odio y perversión que hoy padece la democracia española encarnada y garantizada por esa Constitución y el sistema político derivado de la Transición.
Síntomas de un emponzoñamiento que se van transformando en graves manifestaciones de una enfermedad que amenaza con demoler los fundamentos de nuestro sistema de libertades, de la economía de mercado, de la libertad de información y del Estado de Derecho, a través del asalto por el Ejecutivo a las principales instituciones independientes del Estado, en un claro intento de acabar con la división de poderes, principio esencial de las democracias representativas y parlamentarias.
Una evidencia más del ramalazo dictatorial que caracteriza a Pedro Sánchez y su Gobierno socialcomunista que con el CIS y la Fiscalía General del Estado inició la nómina de instituciones ocupadas, y a las que siguieron el Congreso de los Diputados el Tribunal de Cuentas y el CNI, para ampliar el inventario con Indra, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, lo que es más grave, el Tribunal Constitucional, para dar ahora un paso más con el nombramiento de Miguel Ángel Oliver, militante del PSOE y que fuera su secretario de Estado de Comunicación, como presidente de la Agencia Efe.
Decía el diplomático y exembajador ante la ONU, Inocencio Arias, que estamos viviendo días de infamia. Días en los que, la inmensa mayoría de los españoles vivimos humillados y ofendidos por un presidente y un gobierno que se ha convertido en el felpudo de los golpistas catalanes, carente de dignidad y que nos vende, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, por el plato de lentejas de una investidura que no ganó en las urnas y que consigue no es por el bien de España, sino por su provecho personal y el de la pléyade de estómagos agradecidos que le deben hacienda y posición.
Días en los que un delincuente prófugo de la Justicia se convierte en el amo de España y el auténtico jefe de un Gobierno que se arrodilla, le concede todos sus deseos y burlando la legislación amnistía a delincuentes, golpistas y malversadores firmando un acuerdo que es un atentado contra la Constitución, contra la democracia, contra España, contra la seguridad jurídica de las empresas y contra los españoles.
En vista de todo esto, quizás deberíamos empezar todos a darnos cuenta, y especialmente los partidos democráticos y las instituciones que todavía resisten, que lo que está en juego no es sólo la credibilidad de España, que también, sino y principalmente los derechos y libertades de cada uno de los españoles y la separación de poderes como pilar básico y garante de la democracia.
Como señalan los citados Levitsky y Ziblatt en su Cómo mueren las democracias, "deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; niega la legitimidad de sus oponentes; tolera o alienta la violencia; o indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación".
Porque la democracia ya no termina con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales.
Cualquier parecido con la realidad aquí y ahora en España no es mera coincidencia.
