Madrid
La Constitución Española cumple este 6 de diciembre 45 años en pleno desafío por la garantía de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que promulga. El Congreso de los Diputados aprobó este martes, y en el marco del acuerdo de investidura del PSOE con Junts, dos comisiones de investigación para revisar los atentados yihadistas de Barcelona de agosto de 2017 y la denominada Operación Cataluña, una presunta maniobra liderada por el Ministerio de Interior bajo el Gobierno de Rajoy para frenar el independentismo. La decisión ha supuesto la rápida reacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestando su rotundo rechazo a la revisión de las decisiones judiciales, especialmente después de que el pacto de investidura de ambos partidos apuntaba a determinar "responsabilidades" si se advertían casos de lawfare o guerra judicial. Es decir, la instrumentalización de la justicia con fines políticos. El CGPJ advirtió que vigilará el desarrollo de estas comisiones parlamentarias en defensa de la independencia judicial.
El cumpleaños de la Carta Magna llega envuelto de preocupación por la garantía de la independencia judicial. Ignacio de la Riva, socio en el despacho de la Riva y Pastor y especialista en Derecho Público y Procesal, señala que hay que asegurarse de que se cumple la separación de poderes y que no se producen injerencias desde el poder legislativo frente al poder judicial, "que es lo que estamos viendo con más frecuencia en los últimos días". A su juicio, también habrá que estar muy pendiente en los próximos meses y años a si realmente el Tribunal Constitucional va a ser capaz de garantizar la supervivencia de la Constitución o va a realizar interpretaciones de la misma que puedan poner en riesgo su vigencia. "Hay una preocupación de lo lamentablemente llamado los dos bloques, progresistas y conservadores, que lo único que hace es ahondar en la división de los españoles y la división de cómo debe implantarse la norma", apunta De la Riva.
Los desafíos que afronta la Constitución en la actualidad son varios a nivel social, pero según los expertos consultados pocos a nivel real más allá de que se garantice su cumplimiento.
Paloma Biglino, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, lamenta que el día en el que hay que celebrar la Constitución y sus ventajas solo se habla de su reforma. "La mayoría del pueblo español está conforme en que la Constitución necesita una reforma, pero nos encontramos con el problema de siempre, no hay consenso. Quiénes son partidarios de reformarla, lo quieren hacer en sentido contrario: para centralizar el Estado o para descentralizarlo más. Entre esos dos extremos la única solución posible es que siga siendo el texto del 1978", señala al respecto. A su juicio, cuando se habla de reforma se crean falsas expectativas porque lo único que se hace es poner en relevancia aspectos más débiles del texto, pero sin dar una posibilidad real de cambio ante la falta de disposición de acuerdos de las distintas fuerzas políticas.
Tanto Biglino como De la Riva coinciden en que en la actualidad en la Constitución solo hay un tema en el que sí cabría una posible modificación y es el que da preferencia al varón frente a la mujer en la línea de sucesión a la Corona. "Desde el punto de vista práctico plantea pocos problemas, desde el punto de vista de la igualdad de hombres y mujeres pone en entredicho algo que ya está reconocido en otros preceptos de la Constitución", apunta la Catedrática en Derecho Constitucional.
Asimismo, añade que otros desafíos que afronta la Carta Marga son el de la globalización, que con la entrada de España en la UE ya supuso una limitación de la soberanía nacional, y los cambios sociales y económicos que están experimentando los países con el desarrollo de la Inteligencia Artificial o el Big Data. No obstante, matiza que para adaptarse a estas transformaciones no es necesario modificar el texto, sino hacer leyes bajo la interpretación constitucional.
Límites al poder político
La experta recuerda, a pesar de las polémicas actuales, que la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico ha traído muchas ventajas y entre ellas destaca los límites que establece al poder político para evitar abusos a través del diseño parlamentario, no solo bajo el control de las Cortes al mismo, también por su diseño ya que las dos Cámaras tienen diferentes mayorías, lo que ayuda a frenar cualquier posible efecto del Ejecutivo.
Respecto al ámbito judicial, Biglino señala que en un Estado democrático y de Derecho es posible que en algún momento los jueces se equivoquen, pero la propia Constitución y el propio ordenamiento jurídico establecen sistemas para corregir esos defectos, como son los recursos. "No solo en el ámbito nacional, tenemos unas estructuras supranacionales que pueden revisar cualquier decisión que podamos considerar contraria a los principios generales del derecho constitucional como son el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", indica al respecto. Por su parte, De la Riva concluye que en el día de la Constitución más que hablar de la reforma, hay que garantizar la continuidad de la misma.
Cambios
La Constitución solo se ha modificado en dos ocasiones. La primera el 28 de agosto de 1992 para reconocer el derecho de sufragio pasivo a los ciudadanos comunitarios en las elecciones locales (poder ser elegidos alcaldes o concejales) en el marco de la firma del Tratado de Maastricht y la segunda el 27 de septiembre de 2011, y en plena crisis económica, para garantizar el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas y la prioridad del pago de la deuda pública.
