Los pactos que permiten a Sánchez seguir en la Moncloa, convirtiéndolo en el primer presidente del Gobierno de la democracia que resulta investido perdiendo las elecciones, han derivado en la aprobación de la llamada ley de amnistía y en un conjunto de acuerdos entre los que se encuentra la redacción de un régimen fiscal especial para Cataluña, envuelto en la necesidad de reformar el modelo de financiación de las CCAA de régimen común.
Las consecuencias que se derivan de la amnistía recogida en la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, son desde cualquier punto de vista detestables y resulta difícil discernir si es peor que haya sido redactada de acuerdo con algunos de los que se van a beneficiar de ella, que unos políticos legislen para favorecer a otros políticos, que cuestione y anule al poder judicial, que violente la separación de poderes del Estado o que termine con la igualdad de los españoles ante la ley.
Pero la ley de amnistía y sus inaceptables consecuencias sólo son una parte del precio que los españoles pagamos por la investidura de Sánchez, porque sus pactos también implican la quiebra del principio de solidaridad interterritorial consagrado en el artículo 2 de la Constitución: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Efectivamente, uno de los aspectos que han puesto de manifiesto quienes han apoyado la continuidad de Sánchez en la Moncloa ha sido reformar el sistema de financiación autonómica. Sánchez se refirió en su discurso de investidura a los principios que deben inspirarlo, ninguno distinto de los tantas veces mencionados, pero interpretando la corresponsabilidad fiscal en términos de confrontación con las CCAA gobernadas por el PP. La advertencia fue clara cuando señaló que no será admisible bajar impuestos y, al mismo tiempo, reclamar más dinero al Estado central para financiar servicios públicos. Pero lejos de la confrontación que guió todo su discurso y del que esta referencia sólo es una prueba, lo más destacable es, como señalaba más arriba, la ruptura de la solidaridad que implica la investidura de Sánchez o, si se quiere ver de otra forma, la insolidaridad que se deriva de sus pactos, cimentada, al menos, sobre tres pilares.
Con el primero, el gobierno de Sánchez garantiza a la Generalitat de Catalunya una participación en la inversión pública estatal igual a su peso en el PIB del Estado, lo que evidentemente condicionará la inversión en otras CCAA con un menor PIB e imposibilitará la convergencia en términos de renta entre españoles.
Con el segundo, se condona el 20% de la deuda acumulada por los distintos gobiernos catalanes en el Fondo de Liquidez Autonómica. Esto supone un coste de 15.000 millones de euros que si, como se ha señalado desde el Gobierno, se extiende al resto de las CCAA, sería mucho más. Fedea, en el artículo 21/2023 de Apuntes noviembre 2023 del profesor Ángel de La Fuente sobre El contenido económico de los pactos de investidura, eleva esa cuantía a 88.000 millones de euros, calculando una cantidad igual por habitante de cada una de las Comunidades Autónomas ajustada al coste de los servicios. Pero, aunque la Administración Central se hiciera cargo de ese coste, no se habría resuelto cuánto se entrega a aquellas CCAA que no se han endeudado y, como es evidente, se estarían enviando incentivos negativos a los gobiernos regionales respecto al control de sus cuentas públicas, porque parece indicarse que el despilfarro no penaliza. Finalmente, no puede olvidarse que, en realidad, con la mutualización de las deudas no se perdona nada, porque todos los contribuyentes tendrán que hacer frente a las mismas. En este caso, correspondería a todos los españoles que pagan impuestos asumir el despilfarro de algunos gobiernos autonómicos como consecuencia de los acuerdos de investidura de Sánchez.
El tercer pilar es configurar un modelo de financiación acordado con la Generalitat al margen de las CCAA de régimen común y al modo del concierto vasco o del convenio navarro, por el que recaudan todos los impuestos y luego pagan un cupo o aportación al Estado. De hecho, este sistema implicaría extraer su aportación del fondo más importante del sistema de financiación autonómica de las Comunidades Autónomas de régimen común que nutre la prestación de los servicios públicos fundamentales, entre ellos, educación y sanidad, porque la aportación a la solidaridad sería determinada por la propia Generalitat.
Por todo ello, conviene no olvidar que, si con la amnistía se rompe el principio de igualdad de los españoles ante la ley, sobre estos tres pilares construye Sánchez otro muro, en este caso contra la solidaridad que debe guiar a las nacionalidades y regiones que integran nuestra nación como señala la Constitución.
