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Estos son los tres puntos principales de la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez y Puigdemont

EP

El acuerdo cerrado por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno contempla una ley de amnistía como principal acuerdo político, la cual, según fuentes socialistas, se registrará el próximo lunes 13 de noviembre. Una negociación entre ambas agrupaciones políticas, que deja a un paso la reelección de Sánchez y que establece las "garantías" de los intereses independentistas ligados a los condenados por el referéndum ilegal del 1-O.

El acuerdo pactado entre Sánchez y Puigdemont tiene como eje principal la aplicación de una ley de amnistía "tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según explicó el Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El documento no solo otorgará impunidad a los líderes del procés y a los procesados involucrados directa o indirectamente. Concretamente, beneficiará a aquellos que, desde Junts, consideran que han sido "víctimas de una persecución judicial por el simple hecho de ser independentistas".

Claves de la ley de amnistía

Tras nueve años de la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014, el PSOE y Junts per Catalunya llegan a un acuerdo y anuncian, entre otros, la firma de un pacto para que se aplique la ley de amnistía, que entre sus características destacan:

  • Sin nombres concretos. Serán los jueces, según el PSOE, los que valoren quién puede beneficiarse.
  • Abarcará a representantes políticos y ciudadanos vinculados con decisiones y procesos judiciales en torno al procés entre 2012 y 2023.
  • Incluirá a personas implicadas en casos de 'lawfare' o judicialización de la política que, como denuncia Junts, se han visto perjudicadas por un "uso estratégico de las leyes".

El partido de Puigdemont ha presionado con el concepto 'lawfare' para incluir en la medida a personas encausadas por cuestiones ajenas al procés y que, según Junts, han sido procesadas como consecuencia del mismo.

El texto establece que se constituirán comisiones de investigación que tendrán en cuenta situaciones de lawfare susceptibles de aplicar dicha ley.

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