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Qué es la amnistía: tipos, claves y antecedentes en España

Amnistía en España. / Foto: iStock

Uno de los términos que más está dando de qué hablar en el ámbito de la actualidad política es el de amnistía, una herramienta política que se ha constituido como una de las exigencias por parte de los grupos independentistas catalanes para otorgar su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura.

Concretamente, los grupos parlamentarios ERC y Junts han pedido la amnistía política para los implicados en el juicio del procés, un requisito que el PSOE ha aceptado y, por tanto, está prevista la redacción de una ley de amnistía. Pero, ¿qué supone realmente la aplicación de esta herramienta?

¿Qué es una amnistía política?

La amnistía es una herramienta que se aprueba mediante una ley orgánica y gracias a la cual se otorga un derecho de gracia que exime la pena a los implicados en procesos judiciales. Concretamente, esta figura del Derecho Constitucional se puede aplicar a personas que hayan cometido cierto tipo de delito, de tal modo que una autoridad, normalmente el Gobierno, perdona la pena, haya o no sentencia o condena y, además, sin dejar rastro de antecedentes penales.

Es en eso en lo que se diferencia del indulto, otra herramienta que se aplica para perdonar penas a personas que hayan cometido delitos, pero, en este caso, solo se puede aplicar a personas que hayan sido condenadas de forma firme.

¿Dónde se regula la amnistía?

La amnistía es una figura que causa mucha polémica, ya que no está regulada en la Constitución ni en ninguna otra normativa, por lo que es complejo redactar una ley orgánica que la apruebe, sobre todo, porque no se ha aplicado una amnistía política desde el inicio de la época democrática.

La última amnistía (no fiscal) que se aplicó en España fue en el año 1977, por la que quedaron en el olvido gran cantidad de delitos que se dieron durante el franquismo. Así, la Constitución de 1978 dejó fuera esta figura, quedando un vacío legal.

De hecho, de aprobarse la nueva ley que regule una nueva amnistía en España, habría que tener en cuenta muchos factores, de tal modo que no vaya en contra de ninguno de los principios constitucionales, como es el caso del principio de igualdad o el de separación de poderes, entre otros puntos.

Últimas amnistías en España

Las últimas amnistías que se dieron en España no fueron políticas, sino fiscales. La más reciente fue en el año 2012, mediante el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, durante el gobierno de Mariano Rajoy. Igualmente, se llevó a cabo otra amnistía fiscal en el año 1984 y 1991, durante el gobierno de Felipe González.

En este caso, la amnistía fiscal funciona como una forma de aumentar la recaudación de dinero negro de la economía sumergida, de tal forma que salga a la luz el dinero no declarado a Hacienda por los contribuyentes que tenían obligación de hacerlo y no lo hicieron.

De esta forma, las amnistías fiscales permiten regularizar la situación de los patrimonios de los contribuyentes no declarados, a través de condiciones más ventajosas de las que hubieran tenido en caso de haber tributado de manera regular y, sobre todo, sin tener que enfrentarse a ningún tipo de pena o sanción como infractores.

Con la mencionada normativa, en la disposición adicional primera, se aprueba una declaración tributaria especial, es decir, una amnistía fiscal que recoge: "Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria".

De este modo, esta ley permitía "presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos el porcentaje del 10%". El cumplimiento de esta norma, "determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos", concluye esta disposición de la mencionada ley.

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