Desde hace semanas en elEconomista venimos anunciando, a través de consultas con magistrados y catedráticos en Derecho Constitucional, que el Gobierno se está saltando el Estado de Derecho. Que está anulando leyes y leyes orgánicas con Reales Decreto-Ley y con simples órdenes ministeriales. Objetivo a estas alturas de muchos de los numerosos recursos civiles y contencioso-administrativos que se están preparando por plataformas civiles y despachos de abogados.
Artículos como los publicados el 8 de abril - Los juristas abogan por un mayor control parlamentario de las medidas contra el Covid-19 del Gobierno y La legislación española impide que el Gobierno pueda confinar a las personas asintomáticas contra su voluntad en centros especiales- denunciaban ya los dislates regulatorios del Gobierno y las aviesas intenciones de una parte del Ejecutivo, encabezada por su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de invadir derechos fundamentales recogidos en la Constitución, imposible de adoptar bajo un simple régimen de alarma y con un Parlamento desaparecido durante semanas y más preocupado por dar una buena imagen de preocupación por los miles de fallecidos que por cumplir con su labor de control legislativo.
Incluso, el Tribunal Constitucional, garante de estos derechos, se esfumó durante semanas haciendo una bochornosa dejación de sus funciones de control.
Múltiples preocupaciones
Así, el elEconomista se hacía eco el 8 de abril de la preocupación de reconocidos juristas de que el Gobierno restrinja derechos al acabar la alarma y siga legislando normas que se mantengan en vigor una vez concluido el estado de alarma.
Los dislates regulatorios han pasado por que el 11 de abril, el Gobierno traspasase a las empresas la responsabilidad de los elementos de seguridad para los trabajadores, aunque los tribunales la han rechazado reiteradamente, porque no se puede obligar a algo que es imposible de cumplir, principalmente para el propio Gobierno, incapaz de lograr elementos de protección para quienes luchan a pecho descubierto por el coronavirus. Lo asombroso, es que esta obligación se integraba en una Guía de Buenas Práctica.
Por aquí vendrán miles de reclamaciones de las que el Poder Judicial ha augurado para cuando acabe este periodo excepcional. Una auténtica quinta fase de la desescalada programada por el Gobierno.
Líos con Iglesias
Y el 13 de abril los juristas salían en elEconomista a advertir del desastre de las propuestas de Iglesias contra la libertad de empresa, cuando proponía nacionalizaciones empresariales a través de una interpretación torticera de la mitad del artículo 128 de la Constitución. Jueces y catedráticos acusaban a Pablo Iglesias de bolivarizar la economía. Y además, explicaban que el plan de incautaciones de Iglesias arruinaría al país en indemnizaciones.
Y el colmo fue, la orden de ayudas al alquiler, que introdujo la posibilidad de incautar viviendas privadas con una simple orden, que costó a Transportes desmentirse a sí mismo.
