Las imágenes difundidas por todos los informativos de las televisiones en vísperas del incendio del edificio Windsor, en las que se relacionaba al expresidente de BBVA, Francisco González, con este suceso es demoledora para la reputación de la entidad. Un daño colateral añadido por el empeño de su presidente, Carlos Torres, de mantenerlo contra viento y marea.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene abiertas dos piezas por separado sobre el expresidente de BBVA por las escuchas ilegales y los contratos con el excomisario Villarejo. Esta semana solicitó a la entidad una copia de estos contratos, así como todo lo relacionado con el incendio del Windsor.
Villarejo, que menciona el infortunio en sus trabajos para el banco, tenía el encargo de eliminar las pruebas comprometedoras sobre la sociedad de valores que FG vendió a Merrill Lynch. Deloitte custodiaba la única copia de los documentos en sus oficinas, situadas en la última planta del edificio. Sorprende el mutismo que guarda la entidad ante la concatenación de sucesos relacionados con su expresidente. Ni siquiera amagó con querellarse contra el portal Moncloa.com, que la relacionaba con el incendio del Windsor.
El juez tiene vía libre para acometer una investigación a fondo sobre los hechos
Esta semana, el llamado grupo hostil (integrado por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr; Vicente Benedito, antiguo directivo del banco y José Domingo de Ampuero, actual presidente de Viscofan) presentó una denuncia contra Villarejo y FG que marcará un antes y un después en el procedimiento judicial. El magistrado logra así vía libre para acometer una investigación a fondo sobre los hechos denunciados, entre los que están la violación de la intimidad por las presuntas escuchas ilegales.
La denuncia echa por tierra el pacto de silencio mantenido hasta ahora por los implicados, ante el temor a que salgan a relucir todos sus trapos sucios. Villarejo amenazó a Luis del Rivero con publicar documentos sobre las presuntas irregularidades y los conflictos en la adquisición de fincas de naranjos, hasta convertirse en el primer productor de cítricos del país, según presume el excomisario en el informe final elaborado para FG, al que tuvo acceso elEconomista.
El exministro Miguel Sebastián no está entre los personados en la querella
Peores aún son los vídeos y pruebas gráficas de la relación del exministro de Industria, Miguel Sebastián, con un directivo socialista, en la actualidad presidente de una empresa del Ibex. El exinspector atribuye al exministro la decisión final de paralizar toda la operación de toma de control de BBVA por temor a que se difundieran esas imágenes. Por eso, quizá Sebastián no está entre los personados en la querella.
El BBVA prometió apoyar a su expresidente hasta que sea imputado o aparezcan pruebas definitivas contra él, ambos posibilidades son a partir de ahora casi seguras, por lo que no tiene sentido mantenerlo más en su puesto.
Sobre todo, después de que tanto el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, como el máximo responsable de la CNMV, Sebastián Albella, solicitaran públicamente a la entidad que actúe con rapidez para evitar un mayor deterioro de su reputación social.
La desproporcionada subida de impuestos de los Presupuestos de Sánchez no puede aprobarla alguien con mínimos conocimientos de economía
Por lo demás, Pedro Sánchez anunció este viernes el adelanto de las elecciones para aprovechar la imagen de unidad que ofreció la derecha en la manifestación del pasado domingo y colocarse así como el partido del centro. Un bonito propósito, si no fuera porque con la desproporcionada subida de impuestos de todo tipo, que contienen sus Presupuestos, es muy difícil que lo vote alguien con mínimos conocimientos de economía.
El mundo económico acogió con regocijo el adelanto electoral, porque puede servir para sortear la desaceleración, que empezaba a ser notoria. Sánchez guardaba, además, en el cajón una contrarreforma laboral, que hubiera acabado con los convenios de empresa e impuesto el control horario en las jornadas laborales, según los sindicatos.
Asimismo, tenía pactado con UGT y CCOO acabar con el factor de sostenibilidad de las pensiones y consagrar su revalorización con el IPC a espaldas de la patronal, desorientada bajo el bisoño patronazgo de Antonio Garamendi.
Las elecciones del próximo 28-A supondrán, no obstante, un freno a la actividad y más aún si sale un Gobierno tripartito, que tardará varios meses en conformarse, como ocurrió en Andalucía. Con todo, es la mejor opción porque un Ejecutivo maniatado por los independentistas catalanes como el de Sánchez no hubiera servido más que para prorrogar la incertidumbre.
El presidente y su superasesor, Iván Redondo, muy criticados por el tema del relator, temen un varapalo a sus gobernantes autonómicos y municipales en mayo, lo que dejaría al Ejecutivo en una posición de aún mayor debilidad, en caso de que los comicios se celebraran en otoño. Ahora Sánchez confía en una última baza, que la sentencia del procès se produzca antes de los comicios, para quitarse el sambenito de favorecer a los independentistas. Nadie augura un buen resultado.
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