La inflación comienza a hacer estragos. El INE confirmó esta semana que el índice de precios al consumo alcanzó cerca del 10% en marzo, la tasa más alta en casi cuatro décadas. Los gastos domésticos crecen a tasas superiores al 30%, sobre todo los relacionados con el gas o la electricidad, que duplican ese porcentaje.
El euribor, el tipo de interés interbancario utilizado como referencia para los préstamos hipotecarios, se colocó en positivo por primera vez desde 2016. La consecuencia inmediata será un encarecimiento de la financiación a empresas y a particulares.
La mayor preocupación del Gobierno, al igual que del Banco de España, es evitar el llamado efecto de segunda ronda, que el alza de los precios desborde el consumo y se traslade a los salarios, provocando una espiral inflacionista. Sánchez convocó hace unas semanas a los agentes sociales (patronal y sindicatos) al Palacio de la Moncloa para conminarlos a alcanzar un pacto de rentas, que facilite subidas de sueldos moderadas, de en torno al 2%, a cambio de que los empresarios reduzcan sus márgenes.
Sin embargo, tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, insisten una y otra vez en que los pensionistas no verán reducido su poder adquisitivo, pese a la elevada inflación. ¿Por qué esta doble vara de medir?, ¿Por qué Sánchez defiende la moderación para los 20 millones de asalariados activos y no para los nueve millones de jubilados? No se me ocurre ninguna otra explicación que la carrera electoral que se abrirá a partir de junio con los comicios andaluces.
Sin duda, esta falta de coherencias fue uno de los motivos que propició el fracaso de la convocatoria de Moncloa. Esta semana Fedea, el órgano de estudios financiado y tutelado por el Banco de España, hizo público un estudio, cuya lectura recomiendo encarecidamente, para advertir del boom que experimentará el déficit de la Seguridad Social si las pensiones se actualizan con el IPC, como pretende el Ejecutivo.
En menos de una decena de páginas su autor, el profesor Miguel Ángel García, describe la artimaña que utiliza Escrivá para reducir el déficit de la Seguridad Social en los próximos años, cuando en realidad está teniendo un crecimiento explosivo. El ministro acuñó la expresión de gastos impropios, en cumplimiento del punto del Pacto de Toledo sobre la separación de las fuentes de financiación, de manera que partidas como las de orfandad, el cuidado de menores o las subvenciones al desempleo se cargan al Presupuesto en vez de a la Seguridad Social.
Fedea denuncia que no existe un criterio objetivo para determinar qué es gasto impropio o qué no lo es, de forma que éstos quedan al arbitrio del titular de turno de la cartera, en este caso el ministro José Luis Escrivá, sin atenerse a una metodología precisada. Así, la Seguridad Social cerró el año pasado con un saldo negativo del 0,93%, el menor porcentaje desde 2013 y tres décimas por debajo de lo previsto. ¡Oh, magia! ¿Y cómo es posible cuando solo el dinero destinado a financiar las pensiones contributivas se incrementó el 5,4% y el gasto total el 6,8%? Escrivá lo atribuye a dos factores: el aumento de las cotizaciones sociales hasta el 11% del PIB, un récord histórico, y a los 13.800 millones aportados por el Estado en concepto de gastos impropios. Una cuantía superior al déficit del sistema, que fue de 11.192 millones.
Pero aquí no acaban los milagros, el ministro ratificó en una entrevista concedida a La Razón el sábado pasado, que el desajuste en las cuentas de la Seguridad Social se reducirá este año a la mitad, hasta el 0,5% del PIB. De nuevo, se recurre a otro incremento de los gastos impropios aportados por el Estado de 4.500 millones, al pasar de 13.800 a 18.300 millones este ejercicio.
Fedea, sin embargo, pone en duda que se cumplan las previsiones del ministro por el impacto de la guerra de Ucrania y los efectos que aún arrastramos de la pandemia, como la ruptura de las cadenas de suministro.
El problema gordo viene en 2023, cuando se debería alcanzar el equilibrio presupuestario, según Escrivá. ¿Cómo lo conseguirá si las pensiones deberían subir este año en torno al 7,5% si nos creemos las previsiones del Banco Central Europeo (BCE)?
Aun asumiendo un incremento de la inflación del 6% y de que las cuotas de la Seguridad Social no recogerán toda la subida de los precios al consumo, como pide el Gobierno, el organismo vinculado al Banco de España dispara todas las alarmas al situar el gasto público en pensiones en 188.500 millones (14% del PIB), frente a 174.000 millones de este año, con un crecimiento del 14,5%.
El estudio concluye que el saldo negativo (diferencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social) se situaría en 15.200 millones, 3.330 más que el año pasado. Y eso sin contar los gastos impropios. Con ellos, ascendería a 33.600 millones (el 2,3% del PIB). ¿Dónde está el equilibrio presupuestario que predica Escrivá?
En ninguna parte. Según el informe Fedea, el Estado tendrá que aportar más de 15.000 millones adicionales para evitar que la Seguridad Social vuelva a arrojar números rojos el año que viene.
La única alternativa que tiene el ministro es recurrir a la parábola de los panes y los peces descrita por San Mateo, que utilizó Jesús para dar de comer a una multitud, si quiere fortalecer la fe de sus seguidores, en este caso los millones de ciudadanos españoles.
Curiosamente, la mejor manera de que Escrivá multiplique los ingreso en cotizaciones es que los salarios suban como la inflación, justo lo que se pretende evitar, porque eso hundiría la competitividad y el empleo.
El IPC español está ya dos puntos por encima de la media europea. El plan de choque aprobado hace unas semanas por el Gobierno, cuya principal medida es la subvención de 20 céntimos de los carburantes, apenas recortará unas décimas los precios, algo inapreciable. La esperanza del Ejecutivo está en una rebaja del recibo de la luz de hasta el 50%, que puede quedar en agua de borrajas.
Europa está dando largas a la propuesta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, de topar el coste del gas en el mercado mayorista para rebajar la tarifa. Actualizar las pensiones al IPC no hará más que encarecer la financiación y empobrecer la economía.
El Banco de España, mucho más pragmático, advierte al Gobierno de que el alza del 6% de las pensiones desequilibrará las cuentas públicas, dinamitará el acuerdo salarial y desatará una espiral inflacionista.
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