El riesgo de que la economía de España sufra una espiral entre precios y salarios es hoy un poco más alto que hace unos meses. Mientras que los salarios han empezado a repuntar, los convenios con cláusulas de salvaguarda han comenzado a recuperar parte del terreno perdido en los últimos años.
Esto que a primera vista parecen buenas noticias para los trabajadores puede desembocar en una espiral entre precios y salarios que termine perjudicando a casi todos los agentes en el medio y largo plazo, pero sobre todo a las rentas más bajas, cuyo poder de negociación salarial suele ser relativamente inferior.
El Banco de España ha alertado en un análisis recién publicado de la "tendencia al alza" en el porcentaje de convenios firmados en los últimos meses con cláusulas de salvaguarda salarial "constituye un riesgo creciente" de que se produzcan "efectos de segunda vuelta en la inflación" que dañen al empleo y la actividad económica.
Los economistas del Banco de España recogen que el porcentaje de convenios firmados con cláusulas de salvaguarda salarial para 2022 "ha mostrado un aumento considerable en los dos primeros meses de este año, hasta situarse en casi el 30% de los trabajadores con convenio registrado, después de haber descendido por debajo del 20% en los últimos años".
El riesgo de caer en los errores que nos llevaron a la crisis de 2008
Estas cláusulas permiten que los salarios sean revisados al alza cada año en función de la inflación para no perder poder adquisitivo. En el pasado, ligar los salarios a la inflación, en lugar de a la productividad, demostró ser dañino en el medio y largo plazo para la economía, lastrando la competitividad, generando déficits por cuenta corriente y colocando a la economía en una situación vulnerable a casi cualquier tipo de shock.
Durante los años previos a la crisis de 2008 estos convenios fueron casi la normal el mercado laboral español. Ligar de una forma tan intensiva los salarios a la inflación provocó que los costes laborales unitarios se incrementarán a un mayor ritmo que los de los países de nuestro entorno (nuestros mayores socios comerciales), generando una pérdida de competitividad difícil de recuperar tras la entrada del euro, que impedía las devaluaciones que en el pasado ayudaron a superar estos procesos.
Las consecuencias de ligar los salarios a la inflación y mantener las salvaguardas fue un déficit por cuenta corriente histórico que tras el estallido de la crisis financiera en 2007 produjo un parón súbito de la entrada de capitales en España. Para superar esta situación, la economía tuvo que someterse a una devaluación interna (reducción de salarios y beneficios distribuidos) para recuperar los niveles de competitividad y equilibrar el saldo exterior.
"Aunque las cifras actuales se sitúan aún por debajo de la observada antes de la crisis financiera de 2008, en el entorno del 70%, y afecta a un número reducido de trabajadores, su tendencia al alza en los últimos meses constituye un riesgo creciente de que se produzcan efectos de segunda vuelta en la inflación", advierte.
Además, añade, los convenios ya acordados para 2023 presentan un aumento adicional de la incidencia de las cláusulas de garantía salarial, hasta casi el 50% de los trabajadores con convenio vigente para dicho año.
El fantasma de la espiral precios-salarios
En la medida en que este tipo de cláusulas suponen un ajuste automático de los salarios a la inflación pasada, añaden, su mayor incidencia "conlleva un aumento del riesgo de que eventualmente se materialice una espiral de incrementos de salarios-precios que podría tener efectos muy nocivos sobre la actividad y sobre el empleo en un horizonte de medio plazo".
La recuperación de estas cláusulas en convenio es una de las exigencias de los sindicatos en la negociación con la patronal, que se opone a extender estos mecanismos, para tratar de cerrar un nuevo acuerdo salarial para el periodo 2022-2024. Para evitar que se comentan los errores del pasado, el BdE ha sugerido el establecimiento de un pacto de rentas inmediato.
Se necesita un pacto de rentas
En un discurso reciente, Pablo Hernández de Cos comentó que "sería deseable que un eventual pacto de rentas contemplara compromisos plurianuales tanto en lo relativo a los incrementos salariales como a la protección del empleo. En un contexto tan incierto como el actual, la posibilidad de alcanzar estos compromisos aportaría una gran certidumbre a los hogares y a las empresas a la hora de tomar sus decisiones de gasto e inversión, lo que podría redundar en un mayor dinamismo del conjunto de la actividad económica".
El gobernador pidió que se realice un reparto entre empresas y trabajadores. Por un lado, los empresarios deberían contener sus márgenes (no trasladar toda la subida de la inflación a unos precios mayores, aunque cueste parte del beneficio), mientras que los trabajadores deben hacer otro sacrificio igualmente duro: aceptar que los salarios no suban al mismo ritmo de la inflación general aunque ello suponga una perdida temporal de poder adquisitivo.
"Este pacto de rentas debe suponer un reparto, entre empresas y trabajadores... Insisto: se trata de repartir costes. Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes", desgranó el gobernador del Banco de España.
Este sacrificio temporal debería impedir que se produzca una espiral dañina entre precios y salarios que tiene el potencial de desestabilizar la economía a través de grandes movimientos de las magnitudes nominales (tienen en cuenta los precios), a la par que generar pérdidas permanentes en las reales, que a la postre son las que generar el bienestar de una sociedad.
Hernández de Cos reconoció en la parte final de su discurso que "evitar esta espiral no es en absoluto fácil ni, desde luego, gratificante en el corto plazo. Exige acordar un pacto de rentas entre trabajadores y empresarios en el que todos acabarán ganando en el medio plazo, pero en el que todos han de asumir una pérdida en el corto plazo".
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