Madrid
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) prevé que el gasto extra de revalorizar las pensiones indexadas a la evolución de la inflación cueste 10.200 millones el próximo ejercicio. En concreto, estiman que la indexación de la retribución pública para mantener el poder adquisitivo de los jubilados supone 1.700 millones de euros por cada punto de inflación.
En la nota sobre el posible impacto presupuestario de la actualización de las pensiones toma como referencia una previsión relativamente optimista del 6% promedio anual para 2022. Actualizar por ley las pensiones, explican, "comportará importantes consecuencias sobre el gasto público total en pensiones". La previsión de Fedea lanza un gasto total en pensiones de 188.500 millones de euros, el equivalente al 14% del PIB.
Y es que España se enfrente a un gran problema: las pensiones, que se alimentan de las cotizaciones sociales, crecen más que los salarios. El desequilibrio se cifra en un aumento del gasto en pensiones (8,4%) frente al ingreso por cotizaciones (5%). En este supuesto de inflación al 6%, habría que sumar el número de pensiones (1,1%) y el efecto sustitución que eleva la cuantía de los nuevos pensionistas (1,3%), frente al 5% que pesan las cotizaciones sociales entre bases de cotización, deslizamientos y elevación de número de cotizantes.
Con estos cálculos, el saldo negativo del déficit se incrementaría "aun más", señala Fedea: se iría hasta el 2,6% del PIB, el equivalente a más de 33.500 millones de euros. Esta cantidad es el déficit real del sistema que el Estado deberá cubrir vía transferencias. El Estado debería inyectar unos 15.200 millones de euros para cubrir el desfase del componente contributivo.
El gasto público total dedicado a las pensiones ascendería hasta superar los 188.500 millones de euros en 2023, el equivalente al 14% del PIB español. Según indican, en 2019 la media en la que se colocaba España se igualaba con la eurozona, si bien desde entonces el coste se ha visto elevado en 1,7 puntos. Además, Fedea añade que el problema de la inflación agravaría esta hipotésis de gasto.
"El sistema de pensiones de la Seguridad Social se enfrentaría a un muy importante déficit antes de afrontar el ambicioso reto de incorporar a la jubilación la generación del baby boom, que precisamente inicia su llegada al sistema en 2023", avanza Miguel Ángel García, profesor colaborador de la URJC.
La solución para alimentar la Seguridad Social pasa por incrementar las cotizaciones sociales. En este sentido, Fedea desaconseja ligar los salarios a la actual inflación porque "generaría una espiral inflacionista que afectaría a medio plazo a la competitividad española". Aboga por evitar efectos negativos apostando por parámetros distintos a la evolución del IPC.
Los propios Presupuestos de 2022 estimaban un crecimiento de los ingresos del 6,6%, una cifra que califican del "optimista". El resultado sería un saldo del componente contributivo negativo de unos 10.500 millones de euros (0,8% del PIB) y de 28.800 millones si se deducen las transferencia para cubrir gastos impropios (2,4% del PIB)
Relacionados
- BBVA pide incluir a las pensiones en el pacto de rentas y desindexarlas del IPC
- La revalorización de las pensiones costará 13.500 millones con un IPC medio del 7,5%, calcula el BdE
- Unidas Podemos enmienda las ventajas fiscales que plantea Escrivá a los planes de pensiones de empleo
- España ahorra una sexta parte en fondos de pensiones privados respecto a la media de la OCDE
