Economía

Las pensiones se revalorizarán con el IPC aunque la inflación alcance los dos dígitos

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: Archivo

Las pensiones se revalorizarán en 2023 con el IPC, aunque éste alcance este año el doble dígito. Así de contundente se ha mostrado este lunes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para asegurar que el compromiso del Gobierno con los pensionistas es "contundente", por lo que les ha pedido "tranquilidad" pese a los elevados niveles de inflación.

En declaraciones a La Sexta Montero ha subrayado que el Gobierno trabaja para que la inflación media de 2022 esté "muy alejada" de ese escenario de dos cifras -a falta de la confirmación, en abril apunta al 9,8%- y su tasa se estabilice a lo largo del segundo semestre.

Según ha recordado la ministra, la reforma de pensiones comprometida a Bruselas, en vigor desde principios de enero, establece que las pensiones se revalorizarán con el IPC interanual de noviembre, por lo que habrá que esperar a entonces para cuantificar el coste de esta medida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. "Cumpliremos la ley, pero tenemos que esperar a aproximarnos a ese mes de noviembre para tenerlo previsto en el Presupuesto de 2023", ha insistido. 

Aunque se desconoce cómo evolucionará la inflación en los próximos meses, los "pocos análisis" que hay al respecto apuntan a que en el segundo semestre del año "se podría estar produciendo una estabilización de la inflación para cerrar el año con un dato que no sea ni mucho menos parecido al experimentado en el primer trimestre", ha señalado la ministra.

Además, la inflación subyacente, que "no está contaminada por los precios energéticos", se encuentra "muy lejos de los dos dígitos que están viviendo algunos países" ha recordado Montero para insistir en que "cuanto antes acabe la guerra" en Ucrania, antes bajará la inflación en el conjunto de países europeos.

El Banco de España ha calculado que actualizar las pensiones en 2023 con una inflación media del 7% costaría unos 12.600 millones a las arcas públicas.

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