Aún resuena los ecos en el Palacio de la Moncloa, del discurso de fin de año de Sánchez en el que rechazó de plano la modificación de la reforma laboral a través de la tramitación en el Congreso, y aseguró que "la coalición con Podemos es robusta y atraviesa un buen momento". Pero la realidad es a veces tozuda y no entiende de sentimientos ni de promesas vanas. Unas semanas después, está envuelto en una de las broncas más serias con su socio de Gobierno, que está poniendo a prueba la solidez de la coalición. El culpable, como ustedes saben, es el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el que el presidente, al parecer, no tienen ninguna capacidad de decisión por los acuerdos alcanzados con su socio político.
Las palabras de Garzón sobre la mala calidad de la carne procedentes de las macrogranjas de cerdos han caído como un jarro de agua fría en el PSOE, porque se producen en vísperas de las elecciones autonómicas de Castilla y León, donde la actividad agrícola y ganadera tiene un peso relevante en su PIB.
Los socialistas, al principio, dejaron correr la polémica pensando que se apagaría en unos días. Pero cuando comprobaron que Casado la utilizaba para reafirmar su liderazgo dentro y fuera del partido, no tuvieron más remedio que salir a desmentirlo.
Los comicios castellanoleoneses pueden marcar el futuro del líder del PP, ya que una victoria allí y en Andalucía, lo consolidaría frente a su gran rival interna en estos momentos, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez; el ministro de Agricultura, Luis Planas ó el propio Sánchez salieron en tromba a desmentir a Garzón y defender la calidad de la carne española. Pero el titular del Consumo se reafirmó en sus declaraciones, con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el lunes pasado lanzó la advertencia de que había que "cuidar la coalición".
Las afirmaciones de Garzón son un bulo, porque los productores de porcino de capa blanca, el cerdo común, son unos de los pioneros de las condiciones de bienestar animal en Europa, junto a Países Bajos y Dinamarca. Sus instalaciones cumplen con las normativas europeas más exigentes en cuanto al cuidado de estos animales y cuentan desde hace dos años con el sello "Compromiso bienestar certificado". Pero da lo mismo, porque cuando un tema entra en el debate político, cualquier explicación racional resulta estéril.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aprovechó para prohibir las macrogranjas hasta 2025, cuando son una de las pocas fuentes de riqueza para muchas zonas rurales, en vez de exigir el cumplimiento de los requisitos sanitarios y medioambientales para su funcionamiento.
Ya pasó en vísperas de las elecciones de Madrid. Ayuso aprovechó, que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, calificó de "tabernarios" a los madrileños, para poner a los ciudadanos y a los dueños de pequeños comercios en contra de los socialistas.
La batalla en carne viva generado por Garzón terminará con las elecciones de Castilla y León. Sánchez no sacrificará su coalición con Podemos pase lo que pase, al igual que ocurre en el enfrentamiento que se avecina con la reforma laboral. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, trazó una línea roja para mantener su apoyo a lo pactado en Nochebuena: que no se cambie ni una coma.
Al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, le empiezan a salir las cuentas para cumplir la promesa de Sánchez. Ante los condicionantes puestos por sus socios de Gobierno, ERC, EH-Bildu y el PNV, la reforma podría aprobarse con el apoyo de partidos con representación más modesta como Ciudadanos, PDeCAT, Teruel existe o las dos pequeñas coaliciones canarias. En total sumarían 174 síes, frente a 173 noes del resto. ¡Bingo!
¿Cuál es, entonces, el problema? Que Yolanda Díaz y Garzón, el ínclito ministro de Consumo perenne, no quieren oír hablar de un pacto con Ciudadanos. Ya ocurrió en la anterior legislatura. Sánchez tuvo que elegir entre Pablo Iglesias ó Albert Rivera, que al final se autodescartó. La nueva lideresa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, intenta así borrar los errores del pasado.
La vicepresidenta segunda, siempre atenta a los detalles, busca una vía de escape, que alguno de los socios de Gobierno rebelde se abstenga. La exigencia para convalidar el real decreto es que haya más síes que no es.
El lunes, aprovechó la visita del molt presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a Madrid para cenar con él y plantearle la abstención. Aragonés no dio su brazo torcer. Le puso como condición que se restablezcan la autorización administrativa para los ERES. Igual que el PNV, quiere también que prevalezcan los convenios regionales sobre los sectoriales, mientras que Bildu proponer restaurar nada menos que la indemnización por despido de 45 días.
Díaz seguirá insistiendo. Pero ya ha pedido a sus ayudantes de cámara que vayan trasladando el mensaje de que, si no queda más remedio, lo mejor sería tramitar el decreto como proyecto de ley para facilitar la introducción de enmiendas.
El secretario de Estado de Empleo y uno de los padres del acuerdo alcanzado con los agentes sociales, Joaquín Pérez Rey, se pronunció en favor de la tramitación parlamentaria la semana pasada, el igual que hizo ésta el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien está entusiasmado con la propuesta de Bildu.
La vicepresidenta podemita es experta en aplicar puño de hierro con guante de seda a los asuntos más delicados. Ya lo hizo con la última subida del Salario Mínimo, que se pactó sin el acuerdo de la patronal y lo volverá a repetir en esta ocasión, si es necesario. En la patronal no se fían de ella. Garamendi rehusó fotografiarse con la vicepresidenta tras el pacto, ante el riesgo de que ser traicionado.
Pero aquí la clave no la tiene Garamendi, que es cabeza de turco, sino Bolaños, Sánchez y Calviño. ¿Qué hará el trío que manda en el Gobierno?, ¿renunciará a sumar con Ciudadanos para echarse en brazos de Díaz? El desenlace está muy interesante.
La reforma laboral corre serios riesgos de ser endurecida a través de su modificación en el Congreso. "Diálogo, diálogo y diálogo", es la fómula mágica repetida en el Gobierno. Pero, al final, no dudará en sacrificarla en aras de un fin más altruista, preservar la coalición. Entre otras cosas, porque Bruselas no exige el acuerdo con la patronal para desembolsar los fondos europeos, como hemos soñado en varias ocasiones.
"España necesita estabilidad y abordar la ingente tarea de reformas", señaló en su balance del año Sánchez. Y en ello está. Eso sí, ya se figuran a qué reforma se refiere, a la fiscal para recaudar más impuestos, sobre todo de las rentas altas. Como anunció esta semana el ministro Escrivá a los autónomos, a los que llegará triplicar las cuotas que pagan a la Seguridad Social en los próximo años.
PD,-Cada vez existen más dudas acerca de control del fondo de solvencia de la SEPI. En septiembre pasado, otorgó 241 millones al grupo Hotusa, que pasó de declarar unos beneficios de 68 millones en 2019 a unas pérdidas de 130 al año siguiente.
Sin embargo, su presidente, Amancio López-Seijas, reveló hace unos días que el grupo había cerrado el pasado ejercicio, en el que volvió a arrojar números rojos, con la incorporación de 23 hoteles aprovechando la caída del precio de los activos, lo que supone incrementar en algo más del diez por ciento su parque hotelero, hasta más de 200.
La fuerte expansión en un año aún complicado como el pasado, contrasta con su situación financiera. El grupo arrastraba deudas de unos 850 millones a finales de 2020, la mayoría con vencimiento a medio ó largo plazo. ¿Qué pasa si viene otro oleada más grave de coronavirus? ¿Es Hotusa un gigante demasiado grande para caer?
La SEPI tuvo que hacerse cargo hace unos meses de Air Europa, a la que dio 475 millones, por la recaída de su actividad. Debería aprender de sus errores.
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