La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se presentó a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con aires de grandeza. "Hoy no es un día cualquiera. Es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura", señaló para apuntarse el tanto de la reforma laboral sellada con patronal y sindicatos la víspera de Nochebuena. Y continuó diciendo, bajo la mirada ausente de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que la reforma "va a cambiar la vida de la gente", que acabará con la "depreciación laboral y la devaluación salarial" y que "pasa página a la precariedad laboral". Toda una sarta de frases manidas y tópicas contra la reforma laboral de 2012 que la vicepresidenta pretende utilizar con fines partidistas para lanzar su proyecto político para las próximas elecciones.
Después de autocalificarse como "una humilde abogada laboralista" (su trabajo anterior), la vicepresidenta se enorgulleció por las discrepancias internas en el seno de la patronal CEOE, donde cuatro grandes organizaciones se abstuvieron en la votación final. Sus palabras delatan el poco aprecio que tiene hacia los empresarios.
No nos engañemos, esta es una reforma contra las empresas, que endurece y restringe las condiciones de contratación y de despido en un mundo con la flexibilidad laboral para ser competitivos.
Detrás de toda esta palabrería, hay unas cifras que desmienten sus afirmaciones. La reforma laboral impulsada por su antecesora Fátima Báñez permitió rebajar la tasa de paro del 26 por ciento a poco más del 14. Alrededor de ocho puntos, que supusieron crear más de 2,5 millones de empleos. Desafortunadamente, Báñez, nombrada hace unos meses presidenta de la Fundación CEOE, permanece en silencio para no interferir en el mensaje del presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
Habrá que ver cuántos puestos de trabajo se crean con la contrarreforma laboral. Para empezar, no recoge ni una medida para atajar el problema del paro juvenil, que roza tasas del 40 por ciento.
Díaz vende humo, como le acusó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando habla de atajar la temporalidad y la precariedad. Su reforma pretende esconder la dualidad laboral al convertir los empleos temporales de toda la vida en indefinidos, gracias a la figura jurídica de los fijos continuos y a la autorización a las ETT para aplicarlos sin límite, como informa elEconomista.
Con esta fórmula mágica, sacada de la chistera de la vicepresidenta y de los sindicatos, se camuflarán nada menos que un millón de empleos eventuales para acceder a los fondos europeos Next Generation.
Con el handicap de que los más afectados por la pandemia, la hostelería y el turismo, cargarán con indemnizaciones más cuantiosas si tienen que aligerar las plantillas, porque en los despidos computará toda la antigüedad y no sólo el período real trabajado.
Otro elemento que dulcificará las tasas de desempleo son los famosos Ertes, que se utilizarán, como en pandemia, para evitar despidos colectivos. La clave va a estar en si se aprovechan esos períodos de inactividad para facilitar una formación que permita renovarse y abordar nuevos retos a los trabajadores. Uno de los aspectos positivos de la reforma está en los contratos de formación, que pueden ampliarse hasta dos años, un instrumento para que las empresas moldeen a su gusto a sus futuros trabajadores.
Sobre la calidad y la precariedad laborales hay mucho que discutir. Es cierto que el sueldo medio de los españoles (26.934 euros) permaneció prácticamente estancado durante la última década, pero también es verdad que apenas hubo inflación y que España tardó en recuperarse mucho más que el resto porque fue una de las más castigadas por la crisis inmobiliaria en 2008, como ocurre con el coronavirus.
Uno de los puntos más regresivos de la reforma son los convenios, que mantienen la flexibilidad sobre la modificación de horarios ó de circunstancias individuales, pero obligan a respetar los acuerdos sectoriales para establecer las alzas anuales de los sueldos, una de las principales armas hasta ahora para ganar competitividad.
Se trata de una medida para contrarrestar la pérdida de afiliación de los sindicatos, junto con la vuelta de la ultraactividad, el mantenimiento de los pactos salariales hasta que no se renueve el convenio, que incrementará los efectos inflacionistas. Esta práctica, además, entra en flagrante contradicción con las advertencias lanzadas desde el Banco de España y desde el propio Gobierno para evitar los denominados efectos de segunda ronda, que dañen la recuperación.
El aspecto positivo es que se mantiene la esencia de la reforma de 2012, fundamentalmente porque no toca las condiciones de los despidos y mantiene la flexibilidad de los convenios y la prevalencia de los nacionales sobre los autonómicos, aunque lo intentaron cambiar sin éxito.
El problema sigue siendo el de una economía basada en productos y servicios de poco valor añadido, que sólo compite en precio frente a sus rivales. Cuando se preguntaba a Fátima Báñez, en plena gran recesión, por qué sectores iban a sacarnos de hoyo, se quedaba callada ó simplemente decía que eso lo determinaría el mercado.
Al final fueron los servicios, principalmente ligados a la actividad turística y hostelera, los que volvieron a tirar del empleo y de la economía. La industria, creadora de puestos de calidad, reduce su cuota de participación en el PIB del 16 por ciento al 11 por ciento actual, casi un tercio de su actividad se perdió por el camino. La tasa sigue a la baja.
No escuché ni una palabra en el hermoso discurso de Yolanda Díaz, dirigido a su futuro electorado, sobre las reformas que ejecutará para generar empleo y hacer más competitivas a las empresas. Al contrario, la reforma laboral las deja en condiciones más precarias, porque en un momento muy delicada con costes de producción al alza por culpa de las materias primas y de la energía, se encarece y restringe la contratación.
Los fondos Next Generation van dirigidos a generar cambios en profundidad en el tejido industrial, pero su alcance temporal va a ser tan corto y existen tantas dudas sobre su distribución eficaz, que lo más probable es que, salvo honrosas excepciones, se queden en una especie de plan E zapateresco, con un impacto limitado. Los gobiernos de Rajoy ó de Sánchez eluden cambiar el modelo productivo.
Para más Inri, Díaz muestra un gran repelús hacia los Next Generation. Habla muy poco de ellos, no se sabe si es por desconfianza ó simplemente porque los gestiona Nadia Calviño, su gran rival política dentro del Gobierno.
Si las empresas no ganan más dinero no van a poder pagar mejor a sus empleados, esa es una verdad como un templo. Los resultados se están recuperando, pero qué incentivos tienen para contratar con una subida de las cotizaciones a partir del año que viene para sufragar las pensiones y la llegada de un aluvión de impuestos verdes o medioambientales. Al contrario, en los próximos años afrontarán unos enormes costes de reestructuración. La inversión industrial permanece un 6 por ciento por debajo del período prepandémico.
Garamendi logró sacar adelante la reforma entre sus afiliados, por temor a que Gobierno y sindicatos pactaran condiciones leoninas, como el endurecimiento de los despidos, si se retiraban de la mesa de negociación sin alcanzar un compromiso.
La ausencia de iniciativas por parte de la patronal para abordar problemas seculares, como el del absentismo laboral ó el excesivo poder sindical dada su escasa representatividad entre los trabajadores, provocó la abstención de las patronales de Madrid y de Cataluña, así como el automóvil y el campo, en éste caso porque la solución no sirve. Fue una negociación a la defensiva, en la que los empresarios se llevaron la peor parte y que aún puede empeorar.
Díaz asegura que cada párrafo, cada palabra está "pensada y repensada" y que a partir de ahora pondrá "todo su cariño y comprensión" en la negociación con el resto de fuerzas políticas para convalidar el Real Decreto en el Congreso. Pero qué pasa si no es así. Los empresarios no tienen voz ni voto en las decisiones parlamentarias y su visto bueno inicial corre el riesgo de utilizarse de manera electoralista para con tal de lograr el visto bueno ante Bruselas y de la opinión pública. En fin, un acuerdo de mínimos, que sienta un mal comienzo para 2022. ¡Feliz año!
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