El Gobierno ha aprobado el real decreto ley de la reforma laboral que se publicará al final este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, la reforma entrará en vigor el mismo jueves, salvo las medidas sobre temporalidad, que lo estarán entre tres y seis meses, dando así este plazo a las empresas para que se adapten.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las empresas dispondrán de tres meses para adaptarse al nuevo esquema de contratos temporales y seis para el caso de los contratos por obra y servicio, una modalidad que desaparece con la nueva normativa.
La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la precariedad y la temporalidad en España, según ha resaltado Yolanda Díaz.
"Esta reforma pasa página a la precariedad en España. Hay jóvenes y mujeres que no han conocido en su vida un contrato de trabajo que no sea basura"
"Vamos a tener un marco laboral que va a cambiar la vida de la gente en nuestro país (...) Esta reforma pasa página a la precariedad en España. Hay jóvenes y mujeres que no han conocido en su vida un contrato de trabajo que no sea basura. Ahora dejarán de tener vidas precarias", ha subrayado Díaz, quien ha hecho hincapié en que esta reforma laboral "es la primera en más de 40 años que recupera derechos en lugar de recortarlos".
Por ello, la vicepresidenta, que ha agradecido a los agentes sociales su trabajo a lo largo de estos meses para conseguir esta reforma, ha insistido en que hoy "no es un día cualquiera", sino "uno de los días más importantes del Gobierno de España y de esta legislatura".
La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que sólo podrán hacerse contratos temporales con causas muy tasadas: por circunstancias de la producción y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. El primero sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno.
Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos. De esta forma, ha subrayado Díaz, se expulsará de la legislación laboral el contrato por obra o servicio, que permitía temporalidades que en algunas ocasiones llegaban a los cuatro años.
Multas de hasta 10.000 euros por contratación irregular
La vicepresidenta ha explicado además que, con esta norma, el contrato de obra en la construcción pasará a ser indefinido y cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa tendrá que recolocarle en otra obra o formarle y recualificarle con cargo a la empresa, a través singularmente de la Fundación Laboral de la Construcción.
Los sectores que estacionalmente recurren a contratos temporales tendrán que utilizar a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación de contratos el fijo-discontinuo, que dará lugar a los mismos derechos que el resto de indefinidos, incluyendo la indemnización por despido, superior a la de los contratos temporales. Asimismo, la norma reducirá a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente.
El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevan las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal desde un máximo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros por infracción. Estas multas se aplicarán por cada situación fraudulenta y no por empresa, como se hacía hasta ahora.
Además, la reforma penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales con una tasa fija, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presente también en la rueda de prensa.
El decreto incluye la derogación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores que permitía la posibilidad de acometer despidos por causas económicas en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Evitar despidos
El decreto modificará la reforma laboral de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la 'ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente.
Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa. Éste podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar, pero no la jornada laboral ni el salario. A las contratas y subcontratas se les aplicará el convenio del sector de la actividad realizada o el de la empresa principal.
Asimismo, la norma potencia los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos. De este modo, la legislación laboral ordinaria incluirá los ERTE que se han utilizado masivamente durante la pandemia, también en lo referente a los beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo, así como a la protección por desempleo.
Rechazo de los socios de Gobierno
Sin embargo, el camino no tiene pinta de ser un camino de rosas. Yolanda Díaz ha asegurado que la vocación del Gobierno es que la reforma laboral "permanezca como está", aunque ha dejado claro que dialogará con las fuerzas políticas todo lo que sea necesario para concitar su apoyo.
"Han de entender que esta norma ha costado muchísimo, está muy pensada, muy discutida, y la vocación es que permanezca como está", ha afirmado. Ha explicado que hasta las comas están pactadas en un texto que la vicepresidenta ha elevado a la categoría de "acuerdo de país", lo que espera sea entendido por los socios parlamentarios del Gobierno de coalición, a quienes dará todo "el diálogo, la atención y el cariño" que haga falta.
Díaz ha asegurado que los partidos que apoyan al Gobierno -"hasta las fuerzas políticas con diputado único"- han sido informadas del contenido de la reforma.
Preguntada expresamente por la petición del PNV de que prime el convenio autonómico sobre el estatal y por la percepción de ERC y EH Bildu de que la reforma es insuficiente, Díaz ha preferido mantener la discreción y ha insistido en apelar al diálogo.
Y es que, ERC y Bildu, socios presupuestarios del Gobierno de coalición, han insistido en su rechazo a la reforma laboral al considerar que no supone una derogación real de la legislación del Ejecutivo del PP. "Venden humo", ha resumido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dedicado "muchas horas" a hablar con la CEOE y Cepyme y "cero horas" en negociar con sus socios. "Han empezado la casa por el tejado", sostiene.
A su juicio, "faltan" cosas en esa reforma laboral y "hay muchísimo margen de mejora", por lo que, de momento, los trece diputados de ERC están en "un 'No' bastante claro". También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha resaltado a los periodistas que la reforma laboral liderada por las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz no va a contar con el apoyo de su formación porque no da respuesta a las necesidades de los trabajadores.
En todo caso, si se convalida, Bildu exigirá que se tramite en el Congreso como proyecto de ley para introducir cambios porque faltan "muchísimas cosas" para cumplir el compromiso de la derogación completa de las normas que impuso el PP.
"Esta reforma no es histórica, pero puede serlo porque puede poner fin al recorte de tantos años -afirmó después en el Pleno del Congreso-. Esperamos que en la tramitación parlamentaria el Gobierno tenga una actitud constructiva, es necesario dialogar para cumplir la palabra dada, le parezca bien o mal a la patronal".
Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha declinado adelantar su voto pero, en todo caso, se ha mostrado convencido de que al final el Gobierno "se arrodillará" ante sus socios para sacar adelante con ellos la nueva legislación.
En declaraciones en el Congreso, Bal ha reiterado que, de lo que se conoce de la reforma laboral, hay que "cosas buenas" que su partido comparte, como la firma de todos los agentes sociales o el combate de la temporalidad, pero también incluye medidas que no les gustan nada, como la ultractividad o la preeminencia de los convenios del sector, aunque sea sólo a efectos salariales.
A su juicio, se trata de una reforma "poco ambiciosa" y una "oportunidad perdida" para llevar a cabo cambios más profundos copmo la llamada 'mochila austriaca'. "Nuestra opinión es bastante desfavorable", ha comentado, a la espera de conocer el texto del decreto ley.
