Dice el refranero eso de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y este gobierno que tanto alardea de lo que no tiene -talante, diálogo, coherencia y capacidad de gestión, por citar sólo algunas de sus insuficiencias- destaca entre todas sus carencias por la absoluta falta de austeridad y transparencia. Y ahí esta sino esa ministra de Igual-da, la señora Irene Montero que, por enésima vez, se ha negado a responder en sede parlamentaria sobre las labores que desempeñan y los sueldos de cada uno de los miembros de su ejército de asesores, que suman 17 sólo en altos cargos, y entre los que existen casos tan singulares como el de Teresa Arévalo, la niñera a la que Montero ascendió a jefa adjunta de su gabinete para que, según los denunciantes, ejerciera labores domésticas con sueldo del Estado.
"Las funciones no pueden ser especificadas, al ser tareas de asesoramiento en diversas materias propias del departamento", se limita a contestar por escrito el Ministerio a una pregunta sobre la cuestión en el Congreso.
Una práctica que, parece, ya utilizaba en su partido, si nos atenemos a las declaraciones de una de las testigos del "caso niñera" y ex trabajadora de Podemos, que no dudo en explicar que Irene Montero utilizaba "una corte de vasallos para sus caprichos, de criados y de escoltas, todo a cargo del partido, para ella y para su madre".
Pero en esto de convertir el Gobierno en un chiringuito para colocar amigos y pagar favores, Irene Montero, no es la única. Los Presupuestos Generales del Estado para este año 2021, en lo que se llama letra pequeña, recogen que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluyendo los organismos autónomos, cuenta en el ejercicio con 1.212 asesores contratados a dedo con un coste salarial global de 65,4 millones de euros, y sueldos de entre 55.000 y 65.000 euros anuales por persona. Son 352 asesores más que los que tenía el último gobierno de Mariano Rajoy con un coste superior en 20,6 millones de euros para las arcas del Estado y que podrían utilizarse para servicios asistenciales y sociales.
Se trata, como afirma un ex alto cargo socialista de "personal de confianza que no ha realizado prueba ni oposición para acceder al cargo, sin valoración de méritos académicos o profesionales y de los que no se conocen sus nombres ni sus condiciones económicas". Y sólo el Departamento de Presidencia del Gobierno emplea a 533 personas de este rango con un coste salarial de 19,8 millones de euros.
Y este dispendio se produce en un país con más de cinco millones de parados reales, con la inflación disparada por el precio de la energía y el recibo de la luz batiendo máximos históricos sin que el gobierno, y por supuesto ninguno de estos asesores, se preocupe de rebajar los costes fijos derivados de decisiones políticas o algunas figuras impositivas como el impuesto a la generación o el impuesto especial sobre la energía eléctrica, que hacen que los españoles paguemos la tarifa más alta de Europa por un bien indispensable y necesario. Además del encarecimiento en el coste de la vida que supone y el grave perjuicio que produce en la competitividad de nuestras empresas y productos.
¿Ha pensado alguien en cuánto se podría reducir la carga fiscal que soportamos los ciudadanos españoles sólo con reducir a la mitad la nómina de asesores enchufados y el número de Ministerios? Y no sólo eso, porque ahora, la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, vuelve a amenazar con cobrarnos por el uso de las autovías, ahora gratuitas, a partir de 2024. Señor Sánchez, usted y su gobierno nos salen muy caros a los españoles.
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