El ministro de Sanidad, Salvador Illa, volvió a obviar este lunes por enésima vez las preguntas sobre los distribuidores que el Ejecutivo ha utilizado para comprar test y mascarillas, pero lejos de la opción de hacer oídos sordos cada día, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha dado un paso más para evitar dar estos detalles. El Ejecutivo ha suspendido el derecho de acceso a la información a través del portal de transparencia.
El Gobierno decidió a mediados de marzo suspender los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, entre las que se ha incluido el acceso a datos públicos, pero se ha dejado fuera, eso sí, los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias, en contra de lo que piden millones de autónomos y pymes.
Desde mediados de marzo, dicho portal, que debe facilitar el acceso a la información que requieran los ciudadanos, mantiene sin responder cerca de 1.400 solicitudes, según su propia estadística de funcionamiento del mes de marzo.
El Gobierno indica en el Real decreto que el cómputo de los plazos se reanudará cuando pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo y será a partir de entonces cuando todas las consultas planteadas comiencen a tramitarse.
Quejas sobre la medida
Ante esta situación, tres capítulos de Transparency International (España, Francia e Italia) han firmado una propuesta en la que se manifiesta la importancia de defender la transparencia y el libre acceso a la información durante los estados de alarma por del Covid-19.
La propuesta, titulada Contra la crisis de salud, más transparencia y democracia, reitera la necesidad de evitar que se pasen por alto principios necesarios como la rendición de cuentas y la ética, que podrían pasarse por alto en el afán de brindar "respuestas rápidas".
El comunicado de estos observadores alerta sobre los riesgos de los estados de alarma, decretados para fortalecer el poder de los Ejecutivos nacionales frente a una crisis sanitaria de esta envergadura.
Transparency International: "Habrá que centrar la vigilancia sobre los procedimientos en la adjudicación de contratos y ayudas públicas"
Según el documento firmado por el capítulo español, "pese a encontrarnos en un estado excepcional, la acción pública debe seguir siendo monitoreada. Ningún régimen de excepción puede correr el riesgo de perpetuarse más allá de lo estrictamente necesario y convertirse en la regla. Por lo tanto, las medidas tomadas bajo una emergencia de salud pública tendrán que ser excepcionales, estrictamente proporcionadas y temporales".
El documento añade que "esta crisis también ha puesto de manifiesto una lamentable falta de madurez en términos de acceso a los datos abiertos. De hecho, los datos rara vez han sido tan cruciales para la gestión de una crisis (número de casos positivos, de ingresados, fallecidos, curados, mascarillas y respiradores disponibles, entre otros)". De hecho, la polémica sobre el sistema de cálculo de los casos y las discrepancias con los informes del Instituto Carlos III así lo han demostrado como el fuerte baile de cifras existente por el retraso en la entrega de datos del registro civil de algunas comunidades.
Transparency International asegura que "habrá que centrar la vigilancia sobre los procedimientos en la adjudicación de contratos y ayudas públicas en particular destinados al sector económico de la salud y ser transparente sobre las prestaciones que se otorguen, así como controlar su correcto uso y destino", pero por el momento el ministro de Sanidad sigue negándose a dar los nombres de los intermediarios en las compras con China.
El presidente, Pedro Sánchez, aseguró en la convalidación de la ampliación del estado de alarma que "en estos últimos días, he escuchado algunas reacciones que manifiestan ciertas reservas a esta iniciativa. Se ha dicho que no puede implicar un cambio de régimen; bueno, pues cien por cien de acuerdo, el régimen es y debe seguir siendo nuestra Constitución social y democrática, que tiene plena vigencia y debe inspirarnos en toda su amplitud. Se ha dicho que no puede anular el control parlamentario del Gobierno; totalmente de acuerdo, plena vigencia del control parlamentario. Se ha dicho que no puede restar transparencia informativa; absoluta conformidad, debe mantenerse absoluta transparencia informativa, como llevamos haciendo desde el inicio de esta crisis".
El líder del PP, Pablo Casado, por su parte, le respondía que "los poderes máximos que le otorgamos deben ir acompañados de eficacia y de transparencia. Una cosa es intentar contener la expansión de la pandemia y otra muy diferente es confinar la democracia, las libertades constitucionales e incluso las legítimas críticas de la oposición, los medios de comunicación o los propios ciudadanos en las redes sociales. Por encima de la lealtad al Gobierno siempre estará nuestra lealtad a los españoles".
