Los últimos datos del Ministerio de Trabajo muestran que el 52% de las contrataciones más recientes en el mercado laboral español tienen una vigencia menor de tres meses. Es más, sólo el 0,3% de ellas supera el año de duración.
Sin duda, es conocido el problema que la alta temporalidad plantea en nuestro país, señalado incluso por Bruselas. Con todo, conviene poner las anteriores cifras en contexto antes de concluir que esa situación se está agravando. Todos los datos aportados se refieren a julio pasado, en plena temporada de vacaciones.
A nadie pude extrañar que sectores inevitablemente estacionales como la hostelería y el turismo ofrezcan empleos por periodos inferiores a tres meses. Esa duración puede ser incluso más breve debido a otro fenómeno bien identificado como es el recurso a la contratación por obra y servicio. No en vano esta vinculación laboral es la segunda más utilizada en nuestro país (según destaca el propio Ministerio) y constituye la base de la práctica totalidad de las subcontratas.
Vinculación a la precariedad
Trabajo se empecina en relacionar este régimen laboral con la precariedad y el fraude sistemático. De hecho, su objetivo final es que el contrato por obra y servicio desaparezca, con motivo de la revisión de todas las formas de contratación temporal que quiere impulsar antes de final de año. En su lugar, este tipo de trabajadores tendrán que convertirse en fijos-discontinuos, con contratos indefinidos, lo que impedirá a muchas empresas ampliar plantilla, cuando registren picos puntuales en su actividad, y además multiplicará sus ya altos costes laborales.
La rigidez en la contratación que el Gobierno impulsa sólo pondrá obstáculos a la creación de empleo.
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