Mientras la ministra Yolanda Díaz presentaba a los agentes sociales su proyecto de reforma de la reforma laboral, el presidente de la asociación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ponía el dedo en la llaga al asegurar que "la mesa del diálogo social se ha convertido en una mesa de monólogo social porque el Gobierno, que tiene el BOE, te dice esto es lo que hay". Y lo que hay es esa propuesta de eliminar los contratos de obra y limitar los temporales, contraria a los objetivos de convergencia con la UE en materia de temporalidad y que al limitar la capacidad de adaptación de las empresas va a suponer un obstáculo más a la creación de empleo.
Y esto sucede en un país en el que el número real de trabajadores en paro se eleva a 5.528.126, sumando a los 3.718.250 del paro registrado, los 542.142 trabajadores que permanecen en los Erte, 434.856 con disposición limitada, 311.521 catalogados como "otros no ocupados" y 458.357 autónomos en cese de actividad. Donde la Seguridad Social confirma que se han cerrado 89.351 empresas desde el inicio de la pandemia, y en el que los datos del último informe de Axesor muestran como las insolvencias "continúan en línea ascendente", hasta alcanzar 2.509 procedimientos en los cinco primeros meses de este año un 76,4% más que en el mismo periodo de 2020.
Cifras escalofriantes que se refieren a personas con nombres y apellidos a las que la ministra Díaz y su equipo ignoran o no escuchan cuando insisten en derogar esa reforma laboral que entre 2014 y 2019 ha propiciado la creación de medio millón de empleos anuales, y cuando plantean en su documento de contrarreforma que ningún empleo de carácter estacional se podrá cubrir con un contrato temporal sin reparar, que los sectores productivos de la economía española son heterogéneos y que no es lo mismo la industria que el comercio, la hostelería, la construcción, la logística o la agricultura.
Eso, sin tener en cuenta que, como recordaba también Lorenzo Amor, en los desayunos de The Experience Club, uno de cada tres contratos temporales que hay en el sector público es temporal, lo que supone en torno a un millón de temporales en la Administración y sus empresas.
Cierto es, y estamos a favor, que hay que eliminar los abusos y mejorar la calidad del empleo y los salarios, pero con casi cinco millones y medio de parados la prioridad absoluta del gobierno, de los agentes sociales y de la sociedad entera debe ser la creación de puestos de trabajo para acabar con esa lacra social que nos sitúa como los campeones del desempleo de la UE.
Pero no. Este gobierno de la propaganda prefiere decir que hay que "correr a gorrazos" al gobernador del Banco de España, ofendidos porque el último informe de esta institución constata que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros redujo el empleo entre 92.000 y 174.000 puestos de trabajo, justo cuando la ministra de Trabajo, prepara un nuevo aumento sin atender a los empresarios que son quienes crean el empleo y la riqueza en cualquier país democrático y con respeto al libre mercado y a la libertad de empresa. No hace falta ser doctor en Economía, aunque te hayan hecho otros la tesis, para saber que, si sube el SMI sin acuerdo y de forma desproporcionada a la situación real de la economía y de las empresas, favorece a aquellos trabajadores que ya tienen un puesto de trabajo, pero supone un muro casi infranqueable para el empleo de los parados y de los jóvenes.
"Si este gobierno dedicara a gobernar la mitad del tiempo que dedica a la propaganda sería un gobierno homologable con la media de la UE y no el mayor desastre que ha gobernado España desde la Transición" reflexionaba un ex alto cargo socialista tras analizar el citado informe del Banco de España Pues a ver si se enteran y se ponen a trabajar en serio de una vez por todas, en lugar de tirarse, y tirarnos, al barranco.
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