La reforma con la que Trabajo busca la eliminación de facto de la contratación temporal llega al extremo de someter este vínculo laboral a una inaudita judicialización.
No en vano los magistrados tendrán potestad para decidir si el recurso a este tipo de contrato está justificado. Las empresas no sólo se arriesgan así a que el despido de un trabajador temporal sea declarado nulo; además, afrontan la expectativa de un largo proceso durante el cual deberán seguir pagando al trabajador. La temporalidad es, sin duda alta en España, pero es un mecanismo necesario en una economía muy orientada a los servicios y cuyo mercado laboral aún es rígido comparado con los estándares europeos. Prohibirla por decreto sólo imposibilitará la contratación en el momento en que es más necesaria.
