La vicepresidenta Yolanda Díaz anunció recientemente su intención de volver a elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es inevitable que sus palabras hagan saltar las alarmas entre los economistas tras la experiencia acumulada en las recientes ocasiones en que se propiciaron cuantiosos, y precipitados, avances de esa remuneración.
Sólo en 2019 el Gobierno aprobó una subida del 22,5% y el Banco de España es claro a la hora de explicar cuál fue su efecto: una pérdida de 180.000 puestos de trabajo. Es más, los expertos señalan que esa reducción de empleo no es coyuntural, es decir, sensible a las condiciones de la situación económica general y recuperable en el caso de que esta última mejore. Muy al contrario, se trata de un fenómeno que engrosa la tasa de paro estructural en España, elevándola un punto más hasta llegar al 16% de la población activa. En otras palabras, miles de trabajadores de escasa cualificación, o pertenecientes a colectivos de difícil empleabilidad (como los mayores de 55 años), dejaron de cotizar y engrosaron la economía sumergida, sin expectativa de salir de ella en el futuro y regularizar su situación en el mercado laboral. Así lo reconoció el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en 2019.
El avance del paro que provocan las fuertes subidas del SMI engrosan la tasa de desempleo estructural española
Ése fue el resultado del agresivo avance del SMI en unos momentos aún muy alejados de los problemas que la epidemia iba a plantear en el ejercicio siguiente (cuando el Salario Mínimo volvió a subir). Los daños de otro incremento de esa retribución para el mercado laboral serán ahora mucho peores, con las empresas aún convalecientes de la crisis y sometidas a unos costes laborales que no dejaron de incrementarse.
